La primera consecuencia directa de esta decisión sería que el emblemático magistrado no podría irse en comisión de servicios especiales al Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Madrid. El Tribunal Supremo de España ordenó el miércoles la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón, quien está acusado de presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no era competente para hacerlo, según el auto judicial.

La decisión de sentar en el banquillo a Garzón, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, obliga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reunirse en pleno para decidir si aparta cautelarmente al popular magistrado de su puesto al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

En esa reunión, el próximo viernes, el CGPJ abordará también la solicitud de permiso del juez para marcharse al Tribunal Penal Internacional de la Corte de Justicia de La Haya en calidad de consultor externo en tareas de asesoramiento e investigación de crímenes masivos.

La demanda contra Garzón, planteada por el sindicato Manos Limpias y por Falange Española -que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación-, dice que el juez abrió unas diligencias contra personas fallecidas, entre ellas el dictador Francisco Franco, sobre delitos que habían prescrito o habían sido amnistiados por la Ley de 1977.

La apertura de juicio oral, ordenada por el magistrado del Supremo Luciano Varela -a quien Garzón acusa de no ser imparcial-, fue decidida apenas un día después de que el magistrado de la Audiencia solicitara irse a trabajar durante siete meses a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

De autorizársele ese traslado, el juez evitaría la suspensión temporal de un puesto en el que lleva más de 20 años y, de ser exculpado, podría volver a la Audiencia Nacional una vez concluida su excedencia.

Contra la opinión de la Fiscalía. La Fiscalía se había mostrado partidaria a que se archivara la causa contra Garzón porque las acusaciones populares no tenían legitimación procesal para iniciar el proceso de un juicio oral, un argumento conocido como "doctrina Botín".

"El objetivo final y único de la incoación de un procedimiento abreviado no puede ser, como parece entender el magistrado instructor, la apertura inexcusable del juicio oral a todo trance y como única vía admisible", dijo la Fiscalía en su petición a Varela.

Sin embargo, el magistrado del Supremo afirmó en su auto del miércoles que la Fiscalía olvida que la "doctrina Botín", por la que el ministerio fiscal tiene en su mano la llave de la acusación, fue superada por otras causas posteriores como los llamados "caso Atutxa" o "caso Ibarretxe".

El proceso a Garzón, que ha levantado ampollas en la sociedad española y también ha sido fuente de enfrentamiento entre el Gobierno y oposición, ha llegado también al extranjero, donde se han visto apoyos al magistrado que alcanzó notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Además de la causa del franquismo, Garzón tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por ingresos que percibió del banco Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de una trama de corrupción.