Más frontal no podría ser la pugna ideológica en Venezuela: el presidente llamó a la rebelión contra una propuesta del antichavismo que busca convertir a los ocupantes de casas subvencionadas en dueños de sus viviendas.
En Venezuela, los proyectos de país defendidos respectivamente por quienes se alinean con la "Revolución Bolivariana" –sean simpatizantes del presidente Nicolás Maduro o no– y por quienes son contrarios al llamado "Socialismo del siglo XXI" continúan siendo muy disímiles. Esta divergencia de visiones ha vuelto a cobrar relieve con la polémica en torno a la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), propuesta por el partido antichavista Primero Justicia.
Este proyecto de ley fue aprobado en primera discusión durante la sesión parlamentaria del 28 de enero y se cuenta con su promulgación definitiva en un segundo debate. La normativa contempla la concesión de documentos de propiedad a las personas que habitan casas de interés social construidas en el marco de la GMVV –el programa inaugurado por Hugo Chávez en 2011 para responder a un déficit de 3 millones de viviendas– y la verificación del número de inmuebles que el gobierno dice haber erigido en los últimos cuatro años.
Auditar la Gran Misión Vivienda. Julio Borges y otros diputados de Primero Justicia dudan que el Ejecutivo haya entregado la última del millón de casas prometidas para finales de 2015 y que la estabilidad de sus ocupantes esté garantizada. A sus ojos, es problemático que, por no ser dueñas de esas casas, tantas familias de escasos recursos estén expuestas a presiones y manipulaciones del Gobierno. Borges ha subrayado que las familias favorecidas por la GMVV son vulnerables al chantaje político, porque estas no pasan de ser “residentes permanentes” de las viviendas.
Como muestra, un botón: dos días después de los comicios parlamentarios de 2015, tras constatar la marcada erosión de la base electoral del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el "hombre fuerte" de Caracas hizo la siguiente declaración en su programa de televisión Contacto con Maduro: "Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año; pero ahorita lo estoy dudando… No porque no pueda construirlas; yo puedo construirlas… Pero yo te pedí tu apoyo y no me lo diste".
Evitar abusos contra los beneficiarios. Borges arguyó que, mientras el gobierno tenga control sobre estos inmuebles subvencionados –la venta y la hipoteca de los mismos está prohibida–, éste podrá amenazar con ordenar su desocupación cuando le convenga. Además, el presidente de la fracción parlamentaria opositora acusó al Ejecutivo de recurrir a un eufemismo –"propiedad familiar"– para disfrazar el hecho de que las casas le pertenecen al Estado. Pero, ¿cabe hablar de encubrimiento? El chavismo no da la impresión de estar disimulando su agenda.
En agosto de 2015, el propio Maduro dijo estar interesado en que cada una de las urbanizaciones levantadas con recursos de la GMVV pudiera llegar a ser "una comuna productiva". El fin último, clamaba entonces, era "el modo de vida solidario". Y hace unos días, el mandatario llamó a la ciudadanía a rebelarse contra el proyecto de ley de Primero Justicia, describiéndolo como una iniciativa "inconstitucional" y "capitalista" que busca "privatizar la vivienda popular". Más frontal no podría ser la pugna ideológica en Venezuela.
