La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Consejo Permanente, demandó reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución donde expresa su "alarma" ante el reciente deterioro del entorno político en Nicaragua, donde han detenido en días recientes a más de una decena de opositores, incluyendo a potenciales candidatos presidenciales.

Además, el organismo hemisférico con sede en Washington, demandó reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.

El fin de semana, la Policía, aliada del presidente Daniel Ortega, escaló la presión contra sus adversarios al detener a seis líderes políticos.

La resolución de la OEA fue secundada por 26 países. Nicaragua, San Vicente y las Granadinas votaron en contra, mientras que Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

La OEA condenó "inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes" y pidió su inmediata liberación.

Tras la resolución de la OEA, la policía de Nicaragua detuvo por la noche a Luis Rivas, gerente general de Grupo Promerica, uno de los principales grupos económicos de Centroamérica, como parte de la ola de retenciones en contra de opositores en el país centroamericano.

"Es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía (...) incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares", entre otras acusaciones, dijo la policía en un comunicado.

El embajador nicaragüense en la OEA, Luis Alvarado, rechazó la resolución de la OEA y la catalogó de "injerencismo en contra de Nicaragua y su proceso interno de elecciones".

A principios de junio, la Policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunciara sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron el de otros opositores, una situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega como un "dictador".