En el 2009 detectó como un reto para México “la posibilidad de situaciones de violencia... en algunas zonas”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció sobre la situación de violencia registrada en el proceso electoral en México; un foco de atención que este organismo multilateral detectó desde el 2009, año en que por primera vez envió una Misión de Observación Electoral.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@Almagro_OEA2015), el Secretario General de la OEA manifestó preocupación por el alto número de políticos, precandidatos, dirigentes y periodistas muertos en el proceso electoral mexicano.

Asimismo, Luis Almagro solicitó “que se investigue y esclarezcan estos actos de violencia pre-electoral”.

La primera oportunidad de la OEA para observar elecciones en México fue en el 2009, cuando el 5 de julio la ciudadanía acudió a las urnas para elegir 500 diputados federales.

En el informe final de dicha misión, el equipo —compuesto por 151 visitantes extranjeros de diferentes nacionalidades del continente Americano y de Europa— reportó que “uno de los retos principales de esta elección fueron las posibilidades de un alto nivel de abstencionismo que se percibía en el ambiente electoral, además de la posibilidad de situaciones de violencia que se pudieran presentar en algunas zonas del país”.

Sin embargo, “la seriedad y solidez del sistema electoral mexicano (...)  se reflejaron el día de la elección, que en líneas generales transcurrió de manera adecuada, y sin incidentes que pudieran empañar el proceso; tampoco se registraron episodios de violencia, ni siquiera en los lugares donde en los días previos se observó tensión o se anticipaban resultados ajustados”.

Años más tarde, en respuesta a una invitación del entonces Instituto Federal Electoral, la OEA desplegó una Misión de Observación Electoral para acompañar el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En esa ocasión, la misión estuvo estuvo compuesta por 101 integrantes pertenecientes a 18 países del continente Americano y de países observadores permanentes.

El 1 de julio del 2012, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir al Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales; 579 diputados locales; 873 alcaldes y 16 jefes de delegaciones. Adicionalmente, eligieron al jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores en seis estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.

La Misión de la OEA de ese momento concluyó que el día de las elecciones “en términos generales, la jornada electoral transcurrió de manera satisfactoria, sin incidentes de orden público o violencia significativa que pudieran empañar el proceso”.

En el 2015, durante la tercera misión electoral de la OEA desplegada en México, se reportó que el contexto político-electoral de esas elecciones intermedias estuvieron marcadas  por eventos que amenazaban la capacidad de operar de la autoridad electoral en algunos distritos.

Específicamente, se puntualizó en el informe final, en los días previos a la elección, se registró la toma de las 11 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la quema de material electoral en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ataques violentos contra sedes del órgano electoral en Puebla y Chiapas, entre otros incidentes

Pese al clima de crispación que precedió a la jornada electoral, la Misión de la OEA constató que, casi en su totalidad, estos desafíos fueron superados. “No obstante, la Misión lamenta los hechos de violencia que ocasionaron la muerte de algunos candidatos, precandidatos y militantes políticos en el transcurso de la campaña electoral, y espera que las autoridades respectivas realicen todo a su alcance para que estos incidentes se esclarezcan”, se lee en el documento.

En un lapso de cinco meses, y ya con el proceso electoral en marcha (del 8 de septiembre del 2017 al 6 de febrero del 2018), se registraron en el país 83 agresiones en contra de actores políticos en 25 estados y 76 municipios, de acuerdo con una investigación de la consultora Etellekt.

De esta cifra, da cuenta la firma en el informe “Violencia política en México 2018”; 54, es decir 65% del total, terminaron en asesinatos de siete alcaldes; nueve ex alcaldes; un presidente municipal electo; 15 precandidatos, 12 regidores, ocho dirigentes partidistas y militantes, un diputado local y un ex regidor.