Expertos criticaron "las medidas represivas" de Quito, tras ordenar el cierre de una organización que apoya a un pueblo indígena en el freno a la minería.

Un grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU criticó "las medidas represivas" del Gobierno ecuatoriano para "asfixiar a la sociedad civil", tras una orden de cierre contra la ONG Acción Ecológica que apoya los derechos ambientales e indígenas.

Así lo transmitieron los relatores sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la situación de los defensores de derechos humanos; las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y los derechos de los pueblos indígenas.

Indican que el 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió en Ecuador una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales.

Dos días después, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución de la ONG, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.

"La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras", señalan los expertos de la ONU.

"El grupo de defensa, que apoyó a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el Gobierno" ecuatoriano, afirman los relatores.

El grupo de expertos independientes exhortó por ello a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.