El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) envió este martes una carta, la tercera este año, al secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para pedirle que convoque al Consejo Permanente del organismo y que analice la situación de su país.
La Paz, EFE. Opositores bolivianos comenzaron este martes a apelar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar un supuesto uso del Tribunal Constitucional por parte del presidente Evo Morales en el intento de buscar en las elecciones generales de 2014 su tercer mandato.
El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) envió este martes una carta, la tercera este año, al secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para pedirle que convoque al Consejo Permanente del organismo y que analice la situación de su país después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la nueva postulación de Morales.
En su nota, Quiroga asegura que el fallo de los magistrados del TC, a quienes tilda de "oficialistas", viola la disposición de la Carta Magna que permite una sola reelección y que señala que los mandatos previos a su vigencia "serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones".
La sentencia difundida este lunes respalda la postulación de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, por considerar que el actual mandato que comenzaron el 22 de enero de 2010 cuenta como primero del Estado plurinacional, tras la refundación del país en 2009 con la promulgación de una nueva Carta Magna.
Morales accedió por primera vez al poder el 22 de enero de 2006, tras ganar los comicios presidenciales con el 53,7% y fue reelegido para un segundo periodo (2010-2015) con el 64%.
Aunque la Constitución limita a dos el número de mandatos consecutivos, Morales siempre ha defendido que su primer gobierno no es computable debido a que tuvo lugar antes de la refundación de su país en 2009 y a que no completó el período legal de cinco años.
Si Morales gana los comicios de 2014, accedería a un tercer mandato hasta 2020 y se convertiría así en el presidente que más años ha permanecido en el poder en Bolivia.
Quiroga dijo este martes a los medios que el TC avaló con su fallo "un golpe a la democracia", un "fujimorazo", al permitir la tercera postulación de forma supuestamente ilegal.
A su juicio, esta resolución inflige además un "daño enorme" a la demanda que Bolivia presentó la semana pasada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que le restituya la salida soberana al mar perdida en una guerra a finales del siglo XIX.
El opositor aclaró que respalda incondicionalmente la demanda marítima, pero afirmó que Morales no puede pedir a Chile que cumpla las "promesas" que hizo a Bolivia si él incumple el compromiso que hizo en 2008 de que no buscaría una segunda reelección.
El gobernador opositor de la región oriental de Santa Cruz, el conservador Rubén Costas, aspirante a candidato presidencial, afirmó a los medios que el fallo es contrario a la Carta Magna y acusó al TC de haber "renunciado a su independencia e imparcialidad" y de haberse "sometido al poder político e intereses" del oficialismo.
También anunció que, en uso de los derechos que otorga la Carta Democrática Interamericana, denunciará "este atentado a la democracia ante las instancias internacionales".
Para el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, exaliado de Morales, la decisión del tribunal tiene tal gravedad que sus magistrados deben renunciar a sus cargos.
"Los que firmaron el fallo deberían irse a su casa porque abdicaron de su rol constitucional", dijo en un comunicado Del Granado, de tendencia centroizquierdista.
Agregó que pese a los "agravios" cometidos por el TC, su partido se organiza para enfrentar al "candidato inconstitucional, ilegítimo e ilegal" que, en su criterio, será el presidente Morales.
En las últimas horas, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el empresario opositor Samuel Doria Medina, también posible candidato a la presidencia, criticaron asimismo el fallo con dureza.
Morales no se ha pronunciado hasta ahora al respecto, pero su ministra de Comunicación, Amanda Dávila, y la presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño, salieron en su defensa.
Dávila replicó que "ir en contra de un fallo como este es ir en contra de las constitucionalidad del país" y aseguró que la sentencia es inapelable al provenir de ese tribunal.
"La única acción que existe es acatar y respetar el fallo del Tribunal Constitucional nos guste o no. Esta reelección es legítima", declaró la ministra.
Para Montaño, tercera autoridad del país, la reacción de los opositores no tiene que ver con un tema jurídico, sino con "un temor, un pánico que tiene la oposición al tener como contrincante" a Morales.
