Ese puede ser el mayor problema que enfrente el presidente Juan Manuel Santos en su intento por acabar con la producción de drogas ilegales con la ayuda de las FARC, guerrilla con la que cerró una negociación de paz de casi cuatro años.
Tacueyó, Colombia. En medio de las montañas del suroeste de Colombia, José Toconas recoge las ramas secas de marihuana que cuelgan en filas desde el techo su casa y las huele profundamente.
En dos días, las hojas serán retiradas de sus tallos y recortadas para formar pequeñas bolas que serán entregadas a los distribuidores controlados por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Esto no me convierte en un traficante de drogas, soy un agricultor," dijo Toconas, de 45 años, quien gana alrededor de 2 millones de pesos al mes (US$680) con su plantación ilegal de marihuana en Tacueyó, un pueblo del departamento del Cauca, en medio de empinadas montañas.
"Vienen a mi puerta, me pagan y se van. Si por café o frutas me pagaran más, cultivaría café o frutas, pero no lo hacen".
Ese puede ser el mayor problema que enfrente el presidente Juan Manuel Santos en su intento por acabar con la producción de drogas ilegales con la ayuda de las FARC, guerrilla con la que cerró una negociación de paz de casi cuatro años para acabar un conflicto de más de medio siglo que se ha cobrado 220.000 vidas.
Como parte del acuerdo de paz, dado a conocer por ambas partes el miércoles, las FARC se comprometieron a colaborar con el gobierno en la erradicación de la producción de hoja de coca y marihuana en las zonas que controló, ayudar a los agricultores a cambiarse a cultivos legales y promover el desarrollo en las zonas rurales abandonadas y sumidas en la pobreza por décadas.
Pero otros grupos armados ilegales podrían aprovechar el espacio dejado por las FARC para controlar el lucrativo negocio del narcotráfico.
Ya las bandas criminales y otro grupo guerrillero más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se están moviendo en el Cauca y otras regiones del país. Y muchos cultivadores de marihuana y hoja de coca -materia prima de la cocaína- están dispuestos a seguir vendiendo al mejor postor.
"Prefiero mantener el cultivo, si un nuevo grupo viene ya veremos", dijo Toconas, quien dejó un cultivo de hoja de coca hace 10 años por una campaña de fumigación del gobierno.
La lucha contra el tráfico de drogas ilegales es una piedra angular del acuerdo de paz, pero el gobierno tendrá que moverse rápidamente para asegurar que las bandas criminales y el ELN no asumen el control de las plantaciones de marihuana y de hoja de coca, ni de los laboratorios de producción de cocaína.
"En los territorios en donde deje de haber conflicto con las FARC, esos vacíos los vamos a llenar con la Fuerza Pública y con presencia del Estado inmediatamente después, la tendencia del crimen organizado será también estar allí muy rápidamente", dijo a Reuters el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
El funcionario confió en que la erradicación sea más fácil y rápida sin los ataques ni las minas sembradas por las FARC.
Un problema de décadas. La cocaína y la marihuana han sido un flagelo en Colombia desde los años 70. En la década de 1980, Pablo Escobar consolidó el Cartel de Medellín, ganó miles de millones de dólares y utilizó asesinatos y ataques con coches bombas para proteger su imperio criminal y defenderse de la persecución del Estado.
Aunque Escobar murió en 1993 en una operación de la policía y otros poderosos carteles como el de Cali y el Norte del Valle fueron desarticulados, la industria del narcotráfico sigue siendo un lucrativo negocio que no desaparece.
El Gobierno intensificó la lucha contra las bandas criminales en los últimos meses, cuando detectó que el denominado "Clan del Golfo", conformado por antiguos paramilitares, estaba aprovechando un cese al fuego unilateral de las FARC para extender sus tentáculos y asumir el control de nuevas rutas y zonas de cultivos de hoja de coca.
En la carretera que lleva a Toribio, una zona de conflicto dominada por las FARC en el departamento del Cauca, se ven grafitis pintados sobre paredes anunciando la llegada del ELN y los residentes se quejan del acoso de bandas criminales.
Al igual que las FARC, el ELN quiere iniciar una negociación con el gobierno, pero analistas y expertos dicen que combatientes de ambos grupos rebeldes irán a engrosar las filas de las bandas criminales si se firma un acuerdo de paz.
Las bandas del crimen organizado se conformaron con antiguos integrantes de los escuadrones paramilitares de derecha después de un proceso de paz que concluyó en el 2006 con la desmovilización de 35.000 combatientes.
Alcibiades Escué, alcalde de Toribio, un pueblo cercano a Tacueyó, dice tener información de que algunos integrantes de las FARC lucen en las noches brazaletes del ELN, como abriendo la puerta a su paso a otro grupo armado.
Esa situación de incertidumbre tiene temerosos a los habitantes de la zona, muchos dedicados a los cultivos ilegales.
"Así firmen la paz, no creo que haya paz, están el ELN, los Rastrojos, Las Águilas. Deberían entrar todos", dijo Jeymi Lorena Orozco, de 19 años y madre de un niño en su rancho de paredes agrietadas y techo de zinc al lado de una carretera.
"Si el Gobierno acaba con la coca y la marihuana va a haber guerra, la gente pobre se le va a ir encima", sostuvo la mujer, que cuida un pequeño cultivo de marihuana.
En el pasado, campañas de erradicación de cultivos ilegales, principalmente de hoja de coca, fueron enfrentadas violentamente por campesinos apoyados por la guerrilla en diferentes regiones y el Gobierno se vio obligado a aplazarlas o a suspenderlas.
El gobierno asegura que la mayoría de campesinos que se dedican a cultivar marihuana y hoja de coca son pobres y que la actividad apenas les permite sobrevivir, mientras que el lucrativo negocio enriquece a quienes están en la parte superior de la cadena como los traficantes y distribuidores.
Ilusiones de subsidios e inversiones. El gobierno se comprometió a proporcionar subsidios para impulsar cultivos legales, así como a construir carreteras, hospitales, escuelas y viviendas para ayudar a los campesinos a salir de la pobreza y dejar los cultivos ilegales.
La posibilidad de recibir subsidios por erradicar los cultivos ilegales es una de las razones por la que los cultivos de hoja de coca aumentaron en Colombia. Aunque la última medición de las Naciones Unidas reportó un incremento del 39% a 96.000 hectáreas, Estados Unidos estima que son 159.000 las hectáreas de cultivos de hoja de coca.
Pero las montañas del Cauca están muy lejos del alcance del Estado y las estrechas carreteras son frecuentemente bloqueadas por derrumbes ocasionados por las lluvias, lo que hace difícil que los campesinos se ganen la vida con cultivos legales.
A pesar de que el trabajo es arriesgado, Mari Luz Teteche, de 42 años, gana 12 dólares diarios en la llamada "peluquería", una actividad que consiste en retirar las hojas de marihuana con unas tijeras de las ramas del arbusto formando balones de yerba.
Escondida detrás de lonas verdes, Teteche trabaja 12 días al mes para alimentar a su familia.
"Esto paga mejor que el café y tiene varias cosechas al año", dijo mientras cortaba hojas de marihuana. "El gobierno tendrá que dar grandes subsidios para que la gente deje este trabajo".
Muchos se preguntan cómo va a financiar Colombia programas de sustitución y de infraestructura en medio de la desaceleración económica que enfrenta por la caída de ingresos a consecuencia del desplome de los precios del petróleo.
Por la noche, las laderas de las montañas de Tacueyó son iluminadas con lámparas eléctricas que instalan los cultivadores y que cubren las plantas con plásticos en improvisados invernaderos para que la marihuana crezca más rápido.
Colombia ha tenido un relativo éxito en la lucha contra el narcotráfico, un esfuerzo que apoyó durante más de una década Estados Unidos con US$10.000 millones pero que no permitió exterminar los cultivos de hoja de coca pese a una agresiva campaña de fumigación aérea con un herbicida.
Santos está apostando a una estrategia que se enfoca más en la destrucción de laboratorios y en el decomiso de la droga, que en perseguir a los cultivadores.
"La firma de la terminación del conflicto no va a acabar con muchas actividades criminales como el narcotráfico", dijo el director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza. "Hay que seguir luchando".
