Hace un año y medio, Panamá eligió a su propio empresario como presidente. No obstante, y en medio de un boom económico, su promesa de una revolución gerencial viene chocando fuerte con las instituciones democráticas del país.
Entre los óleos, fotos y reconocimientos que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, tiene sobre los muros de caoba de su despacho presidencial, hay un sencillo cuadro al que muestra especial aprecio: su liquidación salarial mensual. “Éste es mi sueldo: un dólar”, dice con orgullo. Tanto, que el presidente cuenta que a muchas visitas dignas de un recuerdo les entrega una copia del documento emitido por la oficina de remuneraciones del gobierno y que garantiza que sólo cobra un dólar al Estado por hacer su trabajo.
Es cierto que el gesto olvida la histórica lucha republicana para que los cargos políticos no sólo pudiesen ser ejercidos por quienes contaban con otras fuentes de ingresos. Pero para el presidente panameño -un exitoso empresario del rubro de los supermercados y con uno de los patrimonios más extensos del país-, simboliza las ventajas del hombre de negocios frente al político cuando asume la presidencia. “Éste no es un gobierno de políticos, sino que está manejado con una visión empresarial, algo nunca visto antes en la historia panameña, y, cuidado, ni en la historia latinoamericana, ni mundial”, dice Martinelli, quien en entrevista con AméricaEconomía define en qué consiste esa visión: armar equipos, definir objetivos y tomar decisiones. “Los gobiernos latinoamericanos no toman decisiones. Nosotros sí tomamos decisiones”, dice. “Ésa es la diferencia entre un gobierno empresarial y un gobierno político. Si nos equivocamos, perfecto, reculamos y vamos de nuevo”.
Martinelli buscó hacer realidad esa misión desde el momento en que asumió el 1 de julio de 2009. De hecho, dejó de lado a políticos que lo acompañaron en su partido Cambio Democrático, fundado por él mismo, y reclutó a hombres de negocios para que asumieran puestos clave en su gobierno -el gabinete Incae, como le llaman algunos en Panamá, en alusión a que muchos vienen de esa escuela de negocios-. “Martinelli ganó su elección con una promesa de cambio tipo Obama, capitalizando el descontento de los panameños con los partidos tradicionales”, dice Adriana Mora, directora de Proyectos de Ipsos, la multinacional de estudios de opinión pública, en Panamá. Un esquema similar al que llevó a Vicente Fox a la presidencia de México en 2000, y a Sebastián Piñera, en Chile, a principios de este año.
En medio de un inédito boom de crecimiento económico, su objetivo es renovar la adormecida burocracia panameña en base a técnicas de gestión empresarial. No obstante, el estilo “gerencial” del gobierno entró en conflicto con las instituciones políticas del país. Y ante una oposición que sigue adormecida tras su derrota electoral, ha hecho despertar a organizaciones sociales que se habían mantenido fuera del juego político.
La manifestación de estas organizaciones ha sido tal que el gobierno ha tenido que recular en varias ocasiones. El caso más claro fue el fracaso de la Ley 30, mejor conocida como “Ley Chorizo”. Y es que pese a que se trataba de una iniciativa legal emanada del Ejecutivo para promover la aviación comercial, incluía artículos que afectaban la legislación laboral, ambiental, el régimen migratorio y el policial. Su rápida aprobación por la Asamblea Legislativa, casi sin debate, despertó la reacción de varias organizaciones sindicales, ambientales e indígenas. Algunos de los puntos más controvertidos de la ley eran la propuesta de terminar con la afiliación obligatoria a los sindicatos y autorizar a las empresas para contratar trabajadores de reemplazo durante una huelga. También quitaba exigencias en la burocracia ambiental a empresas que emprendieran grandes proyectos de inversión.
El rechazo civil se plasmó en una enorme protesta ciudadana en la provincia de Bocas del Toro, en julio pasado, la cual terminó con dos muertos y más de un centenar de heridos por la represión policial. Una novedad en Panamá, un país de 3,4 millones de habitantes y un PIB anual de US$25.000 millones, y que no había tenido una huelga laboral tan conflictiva desde 1995.
El gobierno debió formar una mesa de diálogo durante septiembre y octubre pasados, en la que se acordó derogar algunas de las propuestas de la Ley Chorizo que había aprobado la Asamblea y mantener otras. “Este episodio demostró lo disminuido que está el legislativo: no es un órgano de debate, sino un mero instrumento del ejecutivo”, dice el analista José Isabel Blandón, un veterano de la política panameña. “El poder ejecutivo tiene sometido al legislativo”.
El exacerbado presidencialismo de Martinelli no sólo se nota en su relación con el legislativo. La suspensión de la procuradora general de Panamá, acusada por un supuesto caso de abuso de autoridad, también se ha interpretado como una presión indebida del ejecutivo en el poder judicial. “Es un momento complejo en términos democráticos: el actuar del gobierno está erosionando ciertas instituciones y, mientras la oposición aún no logra despertar de su derrota, está levantando la protesta de sectores que hasta ahora estaban al margen”, dice Blandón.
De hecho, las organizaciones sociales y la propia prensa están reemplazando a los partidos en su rol de oposición, haciendo surgir nuevos liderazgos con un perfil más extremo. Es el caso de Genaro López, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, y quien ya se perfila como un candidato presidencial para 2014. “Lo del presidente Martinelli no es muy novedoso: dice que es un gobierno de empresarios, pero es simplemente un gobierno de derecha que abusa de la institucionalidad para prohibir las huelgas y acabar con la legislación ambiental”, dice López, quien en su búsqueda por cambiar el modelo liberal del país, manifiesta sentirse representado en materia ideológica tanto por Lula como por Hugo Chávez.
Prosperidad a la vista. El escenario político panameño tiene algunos observadores privilegiados: los ejecutivos de multinacionales que han escogido a Ciudad de Panamá como su base de operaciones internacionales. Una tendencia que viene creciendo fuertemente gracias a las favorables leyes tributarias y de protección a la inversión para empresas que proveen servicios al exterior. Hay barrios empresariales en Ciudad de Panamá, como la zona industrial de Costa del Este, en que el idioma inglés que se escucha en cafés y restaurantes se combina con el castellano con acento venezolano, colombiano y chileno. “Las reformas y propuestas del gobierno van en sentido correcto, pero su discusión y aplicación al margen de la institucionalidad generan un desorden innecesario”, dice el presidente de una gran multinacional que opera desde Panamá, pero quien pide no revelar su nombre.
Los asesores del presidente están conscientes de la situación y buscan cómo darle un cauce más institucional a las iniciativas presidenciales. “Queremos que el presidente pase de cuarta a tercera marcha”, dice uno que también solicitó reserva. “Debe bajar un poco la velocidad de sus iniciativas”.
Pero a Martinelli le gusta andar rápido. Cuando dejó de ser un alto ejecutivo bancario para hacerse cargo de la empresa de uno de sus clientes, una pequeña cadena de almacenes, hizo una gestión a alta velocidad para transformarla en la mayor supermercadista de Panamá. Hoy maneja un grupo de empresas que además incluye banca, agroindustria y medios. Quienes conocen su estilo de gestión reconocen que el estilo impetuoso que Martinelli muestra en el poder es el mismo que lo llevó a transformarse en un muy exitoso empresario.
Además, cuenta con tres grandes ventajas que le dejan un amplio campo de acción. La primera, un respetable apoyo popular. Según la casa de estudios local Unimer, el apoyo a principios de octubre reflejaba un 69% de apoyo. Según Ipsos, con una escala distinta, el apoyo es de 47%, seis puntos de recuperación desde la última medición en julio, aunque bastante más abajo que el 61% que tenía en abril. “Las protestas de Bocas del Toro afectaron fuertemente la popularidad del gobierno, pero la mesa de diálogo le ayudó a recuperar puntos”, dice Mora, de Ipsos.
La decisión de indultar a dos periodistas de TV, demandados durante el gobierno anterior, también ayudó a distender la relación con los medios de comunicación, que pese a su apoyo inicial, han estado entre los más críticos al accionar oficial.
Las otras dos grandes ventajas con las que cuenta Martinelli son un desempeño económico histórico y un plan de inversiones en infraestructura que hace ilusionar con un salto en la productividad del país. “Queremos avanzar rápido al desarrollo”, dice Martinelli.
De hecho, el escenario no podría ser mejor para tales promesas. La economía panameña no sufrió grandes daños con la crisis financiera global. El poderoso sistema bancario demostró solidez y una cauta gestión de riesgos durante la crisis, pese (o gracias) a no tener Banco Central. El Canal de Panamá redujo los volúmenes de carga en 2009, pero aumentó sus ingresos en términos de valor, al igual que en 2010. La inversión privada aumentó un 25% en 2009 y en 2010 está a niveles de 2007, el mejor año en esta materia.
Según cifras del gobierno, en este momento se construyen 8.000 habitaciones de hoteles en el país. Lo confirman las grúas que siguen levantando rascacielos que se pelean en la capital los metros cuadrados disponibles con vista a la bahía. El consumo ha ido creciendo al mismo ritmo que la congestión vehicular y el surgimiento de nuevos centros comerciales. El PIB creció en torno a 3,5% en 2009 y durante el primer semestre creció en 6,1%. “No debería sorprendernos que terminásemos creciendo al 7% en 2010”, dice Alberto Vallarino, un ex banquero que vendió su banco Banistmo al grupo financiero HSBC por US$ 1.770 millones en 2006, y quien ahora funge como responsable de las finanzas públicas del país. “De hecho es muy agradable ser ministro de Economía y Finanzas de Panamá en estos días”.
El plan de gobierno de McKinsey. Gran parte del optimismo está garantizado por las obras de ampliación del Canal, la gran empresa del país y cuya propiedad es del Estado desde fines de 1999. Los US$ 5.250 millones de inversión que duplicarán su capacidad de tráfico de contenedores, reportarán nuevos empleos e inversiones especialmente durante 2011 y 2012. Eso sin contar las inversiones que hacen los servicios portuarios, comerciales y logísticos para responder al incremento.
No obstante, no es sólo el Canal. Como parte de su visión empresarial, el gobierno encargó a la consultora global McKinsey&Co un plan estratégico para desarrollar la economía del país. “El plan determinó los sectores en los que podemos ser competitivos a nivel global y que tuviesen la capacidad de distribuir riqueza”, dice José Domingo Arias, viceministro de Comercio Exterior. Se escogieron cuatro: la industria logística, la turística, la agroindustria y la centenaria industria bancaria. McKinsey determinó además un plan de US$ 13.600 millones -equivalente al 50% del PIB del país-, gran parte del cual estará enfocado en infraestructura, para promover esos sectores.
Hasta el momento gran parte de este plan está aún sólo en presentaciones de Power Point, pero el presidente dice que las obras empiezan a mostrar avances en este semestre. Se trata de un multimillonario plan de inversiones públicas -puertos, aeropuertos, líneas férreas, metros, carreteras- que el gobierno espera ejecutar sin déficit fiscal, sin presionar el abultado monto de la deuda panameña y sin poner en riesgo el flamante grado de inversión del país.
Según Vallarino, la capacidad de inversión del gobierno se incrementó fuertemente con tres reformas fiscales realizadas en los últimos años, los que incluyen un alza al IVA de 5% a 7%, un alza a los impuestos a los dividendos, a la Zona Libre de Colón y a varias otras industrias que disfrutaban de beneficios en impuestos. “No está cayendo dinero del cielo, acá lo que hay es una mayor recaudación fiscal y una mejor administración tributaria”, dice Vallarino.
Para Martinelli, el quinto contribuyente más grande del país, éste es un tema esencial. “Y es que la plata está, pero la gente no lo sabe”, dice. La reforma pone orden en un sistema tributario caracterizado por las exoneraciones y beneficios tributarios de muchos sectores. Con las reformas, las aerolíneas, que pagaban un impuesto casi del 1%, fueron a 14%; los bancos, de 7,8%, fueron a 17%. Los casinos, los puertos y otras industrias están en situación similar. Observadores señalan que es difícil que otro presidente hubiese contado con el apoyo privado para estas reformas. “Si no fuera un empresario, de seguro habrían dicho que estamos yendo a la izquierda”, dice el empresario Roberto Alfaro, quien fue diplomático y ministro en el pasado. Martinelli lo explica a su manera. “Un día llamé a Stanley Motta, quien es el hombre más rico de Panamá, y a Alberto Vallarino, quien es ahora el ministro de Economía y Finanzas, y les pregunté, ‘¿qué les pasa a ustedes? Tú declaras un dólar al mes en salario. Y tú también. Entonces ¿de qué viven?’”, dice Martinelli. “Y es que aquí nadie declara las cosas”.
Hay consenso en que la gestión financiera ha sido un logro. “Panamá es un país que siendo pequeño lidera los procesos de crecimiento y estabilidad en la región y creemos que va a seguir así”, dice Joaquín Vial, economista jefe para América del Sur del BBVA. “Hay elementos que vigilar como la evolución del déficit de la cuenta corriente, que a niveles del orden del 7% del PIB expone al país a las fluctuaciones de los flujos de capitales”.
Incluso los críticos al gobierno coinciden. “Éste es un país en que el desarrollo económico avanza en lo correcto, pese a que en lo político avanza en lo incorrecto”, dice el analista político Blandón. “Las perspectivas económicas son extraordinarias en cuanto a crecimiento, empleo, inversión extranjera, reducción de deuda. Por eso es complicado el crecimiento del conflicto político y la debilidad institucional”.
No obstante, al sector privado le preocupa la fuerte alza en el gasto público presupuestado para 2011, que superará los US$ 13.000 millones. “No tiene un criterio contracíclico”, dice Alfaro. “Pese a que fue una promesa de campaña, vemos muchas planillas salariales del Estado inflándose”. El presupuesto, que fue aprobado por la Asamblea sin conteo de votos, también incluye ambiciosos programas sociales, como la beca universal a los escolares y un subsidio a los ancianos que están fuera del sistema de pensiones. El plan favorito del presidente es el que busca masificar el uso de PC entre los escolares.
Pese a estas transferencias a los más pobres, no está claro que las tensiones políticas vayan a detenerse. La agenda del gobierno incluye iniciativas que afectan directamente al sistema político. Un ejemplo es su interés en restringir el subsidio estatal a los partidos políticos para dárselo a los pensionados. Esto se suma a otras medidas, como cuando el gobierno subió en US$ 100 el sueldo a los policías con lo ahorrado al reducir los funcionarios que trabajaban en la Asamblea Legislativa.
Pese a que rechaza rotundamente un interés de ir a una reelección, Martinelli busca darle un sentido histórico a su mandato, lo que -asegura- bien vale los conflictos. “Para mí era muy fácil poner control automático, pero eso no cambiaba nada”, dice el mandatario. “El cambio es muy duro, pero hay mucho que cambiar para conseguir nuestro objetivo de ser la economía más dinámica de América Latina”. Y todo por un dólar.
*Lea aquí la versión completa de la entrevista al presidente Ricardo Martinelli.
