Estudios apuntan que para suplir el déficit de plazas en las cárceles, el Estado necesita invertir unos US$4.814 millones, cifra que triplica los 3.600 millones de reales (unos US$1.575 millones) invertidos en promedio durante el Gobierno de Dilma Rousseff.
Con un déficit calculado de 200.000 plazas y una población carcelaria que crece cada año, Brasil enfrenta una crisis en su sistema penitenciario, afectado, además, por la acción violenta de miembros de organizaciones criminales.
Uno de los casos de mayor repercusión es el del presidio de Pedrinhas, en el estado de Maranhao (norte), escenario de constantes asesinatos de presos a manos de otros detenidos de forma cruel, incluso con decapitaciones que fueron denunciadas ante organizaciones defensoras de los derechos humanos.
"El crecimiento de la población carcelaria en la última década supera la de los años noventa, cuando ya existía una superpoblación", dijo a Efe Rodrigo Azevedo, antropólogo investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUC-RS) y miembro del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
Azevedo indicó que "como el aumento de presos fue muy grande después del año 2000 y no hubo un sólo intento" de ampliar el número de plazas disponibles, "la situación se puso caótica".
Según datos de 2012, el 38 % de los presos se encontraba en detención preventiva o estaba a la espera de que la Justicia determinara su situación.
"Hay una burocratización muy grande que contribuye para la permanencia de presos provisionales durante mucho tiempo dentro del sistema penitenciario", resaltó Azevedo.
Estudios apuntan que para suplir el déficit de plazas en las cárceles, el Estado necesita invertir 11.000 millones de reales (unos US$4.814 millones), cifra que triplica los 3.600 millones de reales (unos US$1.575 millones) invertidos en promedio durante el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Mientras el número de reos aumentó 128 % entre 2000 y 2010, la población del país lo hizo en el mismo período en 12 % (diez veces menos), con lo que en unos años se podría tener "otro país" sólo de personas detenidas.
Para Azevedo, ese incremento de presos está relacionado con el narcotráfico.
La organización no gubernamental Instituto Sou da Paz señaló que el 24 % de los encarcelamientos en 2011 en Sao Paulo fue por narcotráfico, el 41,5 % de ellos con cantidades "pequeñas" de droga entre diez y cien gramos.
Sin embargo, Azevedo consideró que esos arrestos de pequeños traficantes no representan un combate al narcotráfico pues otras personas asumen inmediatamente la "función" de los que son encarcelados.
"El sistema no arresta a la gente que está en los puestos más elevados y cuya prisión tendría algún impacto" en el combate al narcotráfico, advirtió el antropólogo.
Esa "selectividad" policial para el arresto de personas es tema de estudio de Jaqueline Sinhoretto, investigadora de la Universidad Federal de Sao Carlos (UFSC), en el estado de Sao Paulo, quien denuncia, además, una discriminación racial en las detenciones.
En 2011, el índice de mortalidad entre la población negra en Sao Paulo durante abordajes policiales era mayor que el de las personas blancas.
"Considerando que la población negra no es mayoría en Sao Paulo -34 %-, vemos una clara distorsión de la violencia policial", afirmó Sinhoretto durante el 8 Foro Brasileño de Seguridad Pública realizado en julio pasado en Sao Paulo.
