Con deseos de impulsar la paz en Colombia y rechanzando la idea de una amnistía a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, las víctimas -unidas en el dolor causado por el conflicto- participaron por primera vez en los diálogos de paz de La Habana.

Las víctimas del conflicto colombiano tomaron este sábado la palabra por primera vez en los diálogos de paz de La Habana, donde dieron fiel testimonio del drama humano que se esconde tras cinco décadas de violencia y expresaron su esperanza en que este proceso marque un nuevo rumbo hacia la paz.

Es el primer grupo de doce víctimas que participa en las conversaciones de paz, a las que acuden sin "odio ni ansia de venganza", satisfechas con el trato de respeto recibido y conscientes de que su presencia en Cuba es un momento histórico.

"Llegamos a La Habana con miedo y angustia de encontrarnos con nuestros victimarios, pero notamos afecto y respeto por su parte al escucharnos. Eso es un primer paso para la paz", afirmó en rueda de prensa Nelly González, madre de un teniente asesinado por las FARC en la región de Cauca y víctima de desplazamiento.

Uno de los testimonios más conmovedores que se escucharon en la sala fue el de Constanza Turbay, a quien las FARC le arrebataron a su madre y dos hermanos, pero este sábado recibió el perdón "sincero" y "de corazón" del número dos de la guerrilla, Iván Marquez (alias de Luciano Marín Arango), jefe negociador de paz.

"Creo que ha sido uno de los días más importantes y trascendentales de toda mi vida", confesó Turbay, cuya familia estaba compuesta de reconocidos políticos del departamento de Caquetá.

Las víctimas expresaron reiteradamente estar "unidas en el dolor" y rechazaron ser divididas en función de los victimarios porque "las lágrimas, el dolor y el sufrimiento es solo uno, independientemente del responsable" indicó Janet Bautista, que sufrió la desaparición de su hermana en 1987 y no la encontró hasta 1990 cuando un suboficial del Ejército confesó el paradero del cadáver.

"Las víctimas hemos quedado en el fuego cruzado. No somos parte del conflicto como actores armados, pero sí somos los principales afectados" precisó Ángela María Giraldo, a quien las FARC asesinaron a su hermano, diputado en el Valle de Cauca.

En relación a una posible amnistía que allane al camino hacia la paz, Bautista aseveró que las víctimas no aceptarán ninguna amnistía para aquellos actores que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o violencia sexual.

Del mismo modo, Jaime Peña -padre de un joven desaparecido y asesinado por paramilitares- rechazó la idea de que una amnistía sirva como "intercambio de impunidades" y llamó la atención sobre el delito de la desaparición forzada en su país, con 30.000 afectados según datos oficiales, pero que él eleva a más de 50.000.

"Colombia es el país del Cono Sur con mayor índice de este delito. Nos preocupa la falta de conciencia ética y política de gran parte de la sociedad colombiana que jamás se ha escandalizado con este delito", alertó.

Por ello, han propuesto a la mesa de La Habana la creación de una subcomisión de desapariciones forzosas, para poner nombre a todos los afectados y localizar las fosas clandestinas en las que están.

En el grupo de víctimas también figuran una mujer wayúu que perdió a cinco mujeres de su familia a manos de los paramilitares, un afrodescendiente de un municipio del Chocó masacrado por los enfrentamientos entre FARC y paramilitares; el hijo de un político asesinado de la Unión Patriótica o la madre de un joven con discapacidad mental asesinado por el Ejército como "falso positivo".

Una composición equilibrada y plural de la que se han ocupado la ONU, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal, que tendrán que seleccionar a los integrantes de otras cuatro delegaciones más de víctimas que viajarán a La Habana en futuros ciclos.

Con la participación de las víctimas, los diálogos de paz entran en un momento trascendental que facilita la reconciliación nacional y la reparación de las víctimas, tarea para la que confían en la creación de unos mecanismos efectivos de justicia transicional.

Un instrumento que servirá para cerrar la herida aún sangrante de un conflicto que en más de 50 años ha dejado unas 6,5 millones de víctimas.