La Organización de Estados Americanos se reunió en Guatemala para debatir sobre el acuciante problema del tráfico de estupefacientes. La solución es integral y va más allá de penalizar el consumo, dice un especialista.

Justo un par de días después de que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer un reporte con la “lista negra” de países productores y de paso de la droga, donde 17 de los 22 estados mencionados pertenecen a la OEA, la organización presidida por el chileno José Miguel Insulza se reunió de forma extraordinaria en Guatemala para debatir precisamente sobre ese flagelo, en busca de un ideario común que permita, como continente, combatir uno de los principales dramas de la región.

La 46ª Asamblea Extraordinaria, agendada desde hace varios meses, convocó a 32 representantes, quienes aprobaron por unanimidad un acuerdo que reconoce la importancia de combatir de forma conjunta el problema, al tiempo que invita a “revisar periódicamente las políticas adoptadas, con el objeto de que éstas sean integrales y centradas en el bienestar de la persona para hacer frente a sus retos nacionales, y evaluar su impacto y efectividad”.

La reunión ocurre en un contexto especial. Centroamérica y México intentan luchar contra el tráfico de personas, EE.UU. combate la llegada de menores de edad sin acompañantes que huyen de la violencia generada por el narcotráfico desde la frontera sur, Colombia discute sobre paz con la guerrilla de las FARC –acusada de financiarse por medio de la venta de drogas–, Argentina ve cómo surgen grupos criminales en torno al tráfico de estupefacientes y Uruguay combate el consumo, al igual que varios estados de Estados Unidos, por medio de la legalización de la marihuana, bajo ciertos marcos regulatorios.

Marco para todas las drogas. El académico de la Columbia Law School e investigador, Edgardo Buscaglia, saluda el hecho de que la OEA debata sobre estos temas, pero puntualiza que esa institución es “reactiva y no proactiva, pues normalmente sigue a la opinión pública y nunca está a la vanguardia de las reformas sociales, políticas o de salud pública”. A juicio del experto, el mejor ejemplo lo pone Uruguay, donde “se han adoptado las medidas más prometedoras y donde el gobierno del presidente José Mujica intenta resolver un problema de salud pública, como es el consumo de drogas psicoactivas, a través de la regulación de la marihuana”.

Buscaglia dice a DW, sin embargo, que se debe apuntar más alto. “No hay que quedarse en la descriminalización de la marihuana, sino que hay que regular todas las drogas psicoactivas, incluyendo las legales, como las que se compran en las farmacias para un dolor de espalda. El 60% de las muertes en EE.UU. por sobredosis son causadas por sobredosis de drogas legales. El problema no se resuelve legalizando la marihuana o la cocaína, sino aplicando un marco regulatorio diferencial para su producción, distribución y consumo”.

Esto no significa, dice el especialista, que cualquiera pueda comprar los estupefacientes en cualquier parte. “Debe haber un acceso restringido basado en prescripciones”, propone. Buscaglia, quien participó en un informe sobre el tema precisamente para la OEA, asegura que “este problema es de salud, no de policías y ladrones y el Chapo Guzmán. No hay que usar estas reformas para atacar al crimen organizado, porque no lo vas a atacar por ahí. Lo que sí se puede hacer es mejorar las políticas de salud pública para que haya menos adictos y menos muertos por sobredosis”, sostiene.

Escenarios distintos. Una opinión similar plantea el presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien en febrero de 2012 sorprendió a propios y ajenos al proponer la legalización del tráfico y consumo de drogas. En la inauguración de la Asamblea Extraordinaria de la OEA realizada este viernes 19 de septiembre en su país, explicó que “estamos conscientes de que el régimen internacional impone el prohibicionismo”, pero añadió que es esa actitud frente al tema la que “inspira la guerra que nuestros países en particular, los de tránsito como Guatemala y Centroamérica, hemos librado contra las drogas, con un alto costo de violencia”.

Cifras de Naciones Unidas apuntan a que Centroamérica es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, donde las tasas de homicidios superan con largueza la media internacional. Gran parte de la responsabilidad por esos números recae en la violencia generada por bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y de personas. Por eso, Pérez pidió reconocer “la flexibilidad en la interpretación de las convenciones, con el objeto de que cada país, en el marco de su propia realidad, pueda innovar”.

El mismo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dicho que cada país tiene un escenario distinto y que por ello es muy difícil aunar criterios. Insulza había declarado a comienzos de septiembre que en la OEA existía un consenso en no atacar “con dureza a los usuarios de las drogas”, sino combatir el problema por medio de la legalización, control estatal o despenalización. En la reunión de Guatemala, la OEA debatió el fortalecimiento de la rehabilitación, así como sobre la búsqueda de alternativas a la cárcel como respuesta, lo que ayudaría a reducir el hacinamiento en las prisiones.