La guerrilla reafirma su compromiso tras reunirse en La Habana con representantes del Frente Amplio por la Paz. Otras organizaciones guerrilleras y paramilitares de menor entidad continúan su actividad.

Las FARC anunciaron hoy que mantendrán el alto el fuego unilateral e indefinido declarado en diciembre pasado, tras una solicitud de representantes del Frente Amplio por la Paz, encargados de verificar el cumplimiento de la tregua y que se reunieron ayer en La Habana con negociadores de la guerrilla.

"Atendiendo esa solicitud y ratificando nuestra indoblegable voluntad de lograr por medio del diálogo la salida civilizada al conflicto social, político, económico y armado en nuestro país, tomamos la decisión de mantener el cese al fuego unilateral e indefinido, verificable", afirmó un comunicado de las FARC, leído hoy ante periodistas por la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer.

"Alexandra Nariño" (alias de Nijmeijer) divulgó la decisión minutos antes de que comenzara la reunión en la que expertos de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas presentarán hoy a los negociadores del proceso de paz colombiano sus informes finales sobre las causas y orígenes de la violencia en el país sudamericano.

La violencia no cesa. Mientras tanto, la violencia, sin embargo, no cesa. La otra gran guerrilla colombiana, el ELN se atribuyó el secuestro del alcalde del municipio de Alto Baudó, Fredys Palacios, y anunció que lo someterá a un "juicio" para que explique algunas actuaciones de su gobierno, según un comunicado publicado hoy. El político, del independiente Partido Alianza Verde, fue interceptado el pasado 16 de diciembre por una veintena de hombres fuertemente armados en el caserío de Cocalito, 350 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Y también hoy, dos indígenas colombianos, miembros de una comunidad amenazada por la banda criminal de origen paramilitar "Águilas Negras", fueron asesinados en el suroeste del país, según informó en un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca. Las víctimas trabajaban cortando caña de azúcar y vivían en Toez Caloto, en el departamento del Cauca (suroeste). La banda paramilitar había amenazado con "limpiar" la región, en lo que el CRIC considera "una guerra declarada contra las comunidades" indígenas.