En momentos en que la Fiscalía de Colombia intenta llevar a juicio a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, con asilo político en Panamá, cables de Wikileaks filtran las tensiones que han marcado las relaciones bilaterales de ambos países.
Por estos días en que la Fiscalía formaliza sus argumentos para llevar a juicio a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, dentro del llamado escándalo de las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales, y se debate el asilo político que le fue concedido por el actual gobierno de Panamá, es pertinente registrar cómo el vecino país siempre ha estado en la agenda conjunta de Colombia y Estados Unidos.
Al menos así lo revelan los cables diplomáticos que fueron enviados desde la Embajada de Bogotá a Washington entre los años 2007 y 2010.
Uno fechado en marzo de 2007, por ejemplo, dejó al descubierto tensiones entre los dos países por el anuncio del entonces presidente Uribe de restringir el acceso de bienes provenientes de la zona de libre comercio de Colón (Panamá).
Del vecino país se registraban protestas porque había un acuerdo firmado entre las dos naciones e incluso un oficial de la Embajada observó que la postura de Uribe obedecía a la negativa panameña a la construcción de la carretera Panamericana a través del Darién.
Las opiniones apuntaban a que en Panamá se temía que abrir esa carretera iba a facilitar las acciones de las Farc e incluso también se decía que Uribe presionaba por razones personales, pues la obra iba a beneficiar a su departamento natal, Antioquia. En el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos, según los cables liberados por Wikileaks, se tenía la creencia de que en Colombia había malestar por el contrabando proveniente de Panamá, pero que la cooperación comercial realmente estaba afectada por el tema de la carretera.
Otro motivo de tensión: refugiados. Ese mismo año, 2007, hacia el mes de junio, un nuevo cable diplomático evidenció otro motivo de tensión permanente en la frontera: los refugiados. La base de la discusión en ese momento fue la presentación del informe titulado “Desplazados colombianos en la frontera”, que el entonces canciller de Panamá hizo llegar a la Embajada de Estados Unidos con el propósito de debatir sobre la obligación del vecino país de preservar su frontera, pero al mismo tiempo atender el problema de los refugiados, perseguidos por la guerrilla.
En ese momento la opinión panameña era la que podía proveer una asistencia humanitaria temporal y que no podría aplicar los tratados de refugiados de 1951 y 1967, porque los colombianos estaban huyendo de la guerrilla y no del gobierno. Por eso su idea fue no darles a los refugiados ese estatus, toda vez que el asunto se había convertido en un problema localizado y que en el vecino país la decisión era más bien prestar una asistencia humanitaria y que Colombia resolviera el dilema en la región fronteriza.
La Embajada comentó que la decisión del gobierno panameño de negarles a los refugiados el estatus legal, porque eran perseguidos de la guerrilla, no era correcto, sus argumentos eran infundados y la determinación estaba por fuera de la condición de refugiados de 1951. En el cable quedó manifiesto que el juego de palabras y maniobras de Panamá en su atención a los refugiados estaba enfriando sus relaciones con la ONU y posicionando un argumento infundado, cuando lo único importante era que los refugiados demostraran un ambiente de persecución.
Ya en el año 2008 saltaba a la vista que la frontera con Panamá era un tema caliente. La prueba es que en agosto de ese año se reportó en un cable diplomático que unos 60 hombres habían entrado a la provincia del Darién, lo cual había aumentado el miedo en la región. Aún así, la percepción era que todos los comentarios públicos del gobierno panameño apuntaban abiertamente a abstenerse de señalar a las Farc y hablar más bien, en abstracto, de elementos criminales. De todos modos, era evidente la presencia militar en la región.
La percepción en la Embajada era que no esperaba mucho del gobierno panameño, pues el tema de las Farc se clasificaba más como un problema colombiano. Del lado colombiano, se pretendía una mayor colaboración, al tiempo que se presionaba a la guerrilla en la región fronteriza. Además, se reclamaba acción contra el tráfico de drogas y de armas. Con el cambio de gobierno, en 2009, quedó claro que el nuevo presidente, Ricardo Martinelli, de entrada fue más receptivo a las peticiones y pretensiones del gobierno de Álvaro Uribe.
El último cable de 2010 sobre el tema recogió la complacencia del entonces presidente Uribe con su homólogo Martinelli por una acción del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá contra la guerrilla de las Farc, pero también las inquietudes de los sectores de oposición por las relaciones entre los dos mandatarios respecto al polémico tema de la seguridad en la frontera. De todos modos, era claro que el cambio de gobierno en el vecino país era favorable para Colombia.
Un año después esta realidad quedó evidenciada cuando el gobierno de Ricardo Martinelli le otorgó asilo político a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Entonces se dijo que quien había estado detrás de esa petición había sido el propio expresidente Álvaro Uribe. Los cables de Wikileaks dejan ver al menos las fricciones y particularidades de una relación internacional donde los refugiados eran un inconveniente, pero el asilo no lo fue. Sólo sigue generando el debate judicial y político.
