Durante el año pasado, al menos tres ex presidentes peruanos, una ex alcaldesa y la líder de oposición Keiko Fujimori fueron implicados por vínculos con la brasileña Odebrecht. También el mandatario Kuczynski fue citado a declarar acerca del caso.

Lima. El 2017 las investigaciones por posibles actos de corrupción de las empresas brasileñas, conocido como Lava Jato, comprometieron a los principales actores políticos en el país, incluidos expresidentes, en el presuntos pago de coimas y donaciones para las campañas presidenciales.

Las investigaciones en el Ministerio Público se iniciaron tras conocerse que la empresa Odebrecht admitió ante el gobierno de Estados Unidos haber pagado sobornos por US$29 millones en el Perú, entre los años 2004 y 2014.

A nivel fiscal, las indagaciones comprenden al expresidente Alejandro Toledo, a quien, según el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se habría pagado una coima por la carretera Interoceánica, caso por el cual se ha pedido su extradición a Estados Unidos.

El expresidente Alan García, en tanto, es fue convocado a la fiscalía en calidad de testigo por el presunto pago de coimas que habría recibido el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

En Julio, el expresidente Ollanta Humala y su esposan Nadine Heredia, fueron detenidos en forma preventiva por 18 meses, a pedido de la fiscalía que investiga las donaciones que habrían recibido de Odebrecht para su campaña electoral.

Por presuntos aportes para su campaña también es investigada la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuyo nombre se encuentra en la agenda de Marcelo Odebrecht con el apunte “aumentar Keiko para 500”. 

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, asimismo, es investigada en la fiscalía con impedimento de salida del país, por los presuntos aportes que habría recibido de las empresas OAS y Odebrecht para la campaña contra la revocatoria.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, también fue señalado pero esta vez desde el Congreso, de mayoría opositora, luego que reconociera que una de sus empresas prestara asesoría a la brasileña Odebrecht. El poder legislativo solicitó la vacancia presidencial, pero finalmente no logró los votos necesarios para destituir al mandatario.