Las perspectivas de una mejor relación entre Washington y La Habana estarán en juego cuando el Tribunal Supremo cubano escuche este viernes los argumentos en la apelación del contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en la isla.
La Habana. Las perspectivas de una mejor relación entre Washington y La Habana estarán en juego cuando el Tribunal Supremo cubano escuche este viernes los argumentos en la apelación del contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en la isla.
Gross, de 62 años, fue detenido en La Habana en diciembre del 2009 acusado de atentar contra la seguridad del Estado, mientras trabajaba en secreto en un proyecto financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), apoyando a grupos de cubanos a acceder a Internet fuera del control estatal.
Su detención por parte de Cuba, que acusa a Washington de tratar de subvertir el sistema socialista a través del uso de nuevas tecnologías, frenó un cauteloso acercamiento del presidente Barack Obama para recomponer los vínculos con la isla después de décadas de enemistad durante la Guerra Fría.
Gross fue sentenciado a 15 años de cárcel en marzo pasado.
Su arresto y condena empeoró las malas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, después de una leve mejora tras la llegada al poder del presidente Barack Obama, quien flexibilizó algunas reglas permitiendo que los cubanos-estadoundenses visiten la isla sin límites y envíen remesas a sus familiares.
Funcionarios estadounidenses han reclamado la liberación inmediata de Gross y sostienen que no habrá otras mejoras en los nexos hasta que el contratista sea devuelto a casa.
Gross niega que su trabajo en la isla fuera hostil al Gobierno, argumentando que sólo intentaba mejorar el acceso a internet entre la pequeña comunidad judía de la isla.
"La audiencia del viernes ofrece a Alan (Gross) otra oportunidad para reiterar, a través de su abogada cubana, que sus acciones en la isla no estaban destinadas a ser -y de hecho nunca fueron- una amenaza para el Gobierno cubano", dijo el abogado de Gross, Peter J. Kahn, en un comunicado.
"La familia continúa esperanzada que el Tribunal Supremo de Cuba tomará una decisión que permitirá a Alan ser liberado de inmediato, después de haber cumplido ya casi 20 meses en una cárcel cubana", agregó Kahn.
Las esperanzas de que Gross sea liberado están centradas en reportes de que se encuentra enfermo. Su esposa, Judy, ha dicho que perdió 100 libras (45 kilos) de peso en la cárcel y apeló en una carta al presidente Raúl Castro a que emita un indulto humanitario porque su madre e hija padecen cáncer.
Khan dijo que Judy Gross no asistirá a la audiencia el viernes porque se está recuperando de una cirugía por una enfermedad no revelada.
Abogados locales, que hablaron con Reuters a condición de no ser identificados, sostienen que el Tribunal Supremo de Cuba podría desechar el veredicto inicial de la fiscalía cubana, pero es más probable que confirmen la decisión y tal vez podrían reducir la condena.
No se espera un fallo inmediato sobre la apelación, incluso podría tomar semanas.
Tecnología prohibida. El gobierno de Estados Unidos, cuyos diplomáticos en La Habana asistirán el viernes a la audiencia, dijo que continuará utilizando "todos los canales diplomáticos" para presionar por la liberación de Gross.
"Una vez más llamamos al Gobierno de Cuba a que libere inmediata e incondicionalmente a Alan Gross", dijo a Reuters Heide Fulton, portavoz del Departamento de Estado.
"Debería reunirse con su familia para que ponga fin a su largo calvario", agregó.
Figuras de alto perfil político en Estados Unidos han pedido la liberación de Gross, entre ellos el ex presidente Jimmy Carter, que visitó al contratista en marzo durante un viaje a la isla invitado por el presidente Raúl Castro.
En las calles de La Habana muchos cubanos saben poco o nada del caso del contratista.
"No tengo argumentos para decir si es o no culpable pero según dijo la nota oficial del Gobierno estaba en Cuba repartiendo tecnología satelital que está prohibida", dijo Diego, un empleado estatal, que pidió no ser identificado.
Fuentes con conocimiento del juicio en marzo al que no tuvo acceso la prensa extranjera dijeron que su equipo de abogados cubanos y estadounidenses argumentaron que Gross no debió ser acusado de "actos contra la seguridad o integridad territorial del Estado", un delito grave en la isla.
Sus defensores dijeron que no entendía que estaba trabajando para un programa de Estados Unidos para promover un cambio político en Cuba.
Gross admitió haber entrado varias veces a Cuba con visa de turista para distribuir equipos de comunicación a grupos de judíos, dijeron las fuentes.
Las autoridades cubanas ven el intento de Estados Unidos de crear una plataforma clandestina para acceder a internet como la más reciente agresión para derrocar el sistema socialista instalado tras la revolución de 1959.
