El codirector de la Fundación InSight Crime recomienda al gobierno de México observar la experiencia de otros países de la región que probaron regularizar estos cuerpos armados y cuyos resultados fueron “terribles”.

El Economista (México). La legalización de las autodefensas no resolverá el problema que existe en Michoacán, advierte el codirector de la Fundación InSight Crime, Steven Dudley.

El analista recomienda al gobierno de México observar la experiencia de otros países de la región, como Colombia, Guatemala y Perú, que probaron regularizar estos cuerpos armados y cuyos resultados fueron “terribles”.

Para el codirector de este think thank especialista en temas del crimen organizado, el Congreso de México deberá considerar los esfuerzos de sus vecinos, quienes crearon paramilitares legales para auxiliar en sus problemas de seguridad.

Guatemala fue el país que desplegó el cuerpo más grande en términos per cápita de este tipo de agrupaciones: mientras las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) contaban con entre 500.000 y 1 millón de miembros en su apogeo, la población del país no superaba los 10 millones, en ese entonces.

Steven Dudley relata que las PAC no estaban definidas colectivamente por una sola ley, sino por muchas, y estaban dirigidas por militares déspotas que las usaron para torturar, asesinar y delatar a sus vecinos a punta de pistola. De acuerdo con reportes, las PAC —junto con el ejército, estuvieron involucradas en 1.799 violaciones a los derechos humanos y en 342 masacres.

En Perú, recuerda Dudley, el gobierno hizo un esfuerzo más concreto para regular a las Rondas Campesinas bajo una estructura legal. Estas fuerzas surgieron de grupos de vigilancia comunitaria que operaron por años en comunidades indígenas.

Las leyes peruanas incluían suministrar armas a los grupos y el ejército utilizó a las Rondas en su guerra contra los insurgentes, poniéndolas en situaciones de riesgo de tal manera que se convirtieron en un blanco fácil para Sendero Luminoso, un grupo guerrillero de Perú que masacró a cientos de campesinos cuando el ejército dejó sus pueblos.

En el caso colombiano, las llamadas Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa, agraria) fueron cobijadas por una ley de seguridad privada, la cual proporcionaría el pilar para construir la fuerza paramilitar más grande de la región.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares que se convirtieron en representantes del ejército estatal, cometieron abusos masivos y se convirtieron en la organización de narcotráfico más grande del hemisferio.

Mientras tanto, en México la estructura legal que preliminarmente formaliza a estos grupos bajo el nombre de Cuerpos de Defensa Rurales en varios puntos es vaga, refiere Dudley. En esta ley se establece que pueden trabajar con la policía municipal, pero no los obliga a ser parte de ella.

También, la legislación exige registrar las armas de estos grupos con el ejército, pero no puntualiza si pueden quedarse con su equipo, ni qué tipo de armas deben registrar. El gobierno también afirma que ayudará a las autodefensas con sus actividades, pero no delimita claramente lo que estas actividades implican.

“La experiencia de estos otros países latinoamericanos sirve como moraleja, y no deben ser tomados a la ligera por los legisladores mexicanos a medida que avanzan con la formalización de las autodefensas de Michoacán”, recomienda Steven Dudley.

Pragmatismo gubernamental. En tanto, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C (Cidac) considera que queda la duda de si la estrategia del gobierno federal de legitimar a los grupos de autodefensa es una medida adecuada para restablecer el orden y la tranquilidad en Michoacán, o sólo se trata de una mera táctica para atenuar el conflicto de violencia e inseguridad que vive el estado.

En un análisis, refiere que el Ejecutivo federal optó por una decisión pragmática que en el corto plazo le evita costos políticos y muy probablemente vidas humanas.

“Esta amnistía para las autodefensas, justificada con el supuesto de no encontrarse involucradas en actividades del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando, es una distinción discrecional a los milicianos “amigos” dispuestos a cooperar con el estado y el resto de las organizaciones armadas”.

El Cidac cuestiona que una vez fracturada la organización criminal Los Caballeros Templarios, dominante en el estado, la autoridad federal será capaz de contener a sus hoy “aliados”.

Refiere que sean o no legítimas las razones de las autodefensas para levantarse en armas, la determinación del Estado de regularizarlas e incorporarlas a las fuerzas armadas es un reconocimiento de facto del fracaso de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes perdieron el control sobre la zona de Tierra Caliente y otros municipios.

El Centro de Investigación alerta que pactar sin distinciones entre los distintos grupos de autodefensa conlleva altos riesgos. Ejemplifica que no se respondieron los cuestionamientos en relación con sus fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de arsenales. “¿Tiene la autoridad plena certeza de que todas las autodefensas regularizadas no tienen vínculos con el crimen organizado? ¿Qué pasará con los demás cárteles merodeadores del territorio michoacano, como el Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o el de Sinaloa?”, cuestiona.

Otro punto controversial que menciona el análisis es que la oposición en el estado no se ha pronunciado de manera crítica sobre los problemas de seguridad y violencia; y aunque senadores del PAN dijeron que harían un recorrido por la zona de conflicto, la oposición no ha actuado de manera crítica sobre el Pacto de Tepalcatepec. Ello, dice, tal vez por temor a ser juzgados por su actuar anterior como gobierno federal y en la administración local por parte de los perredistas; o por negligencia, “la oposición ha dado carta blanca al gobierno federal en sus políticas para Michoacán”.

Otras experiencias:

*Guatemala: el gobierno creó las Patrullas de Autodefensa Civil. De acuerdo con un informe, estuvieron involucradas en 1,799 violaciones a los derechos humanos y en 342 masacres.
*Perú: el gobierno enmarcó en una estructura legal a las Rondas Campesinas. Estas agrupaciones se convirtieron en blanco fácil para Sendero Luminoso, el cual masacró a cientos de campesinos.
*Colombia: el gobierno autorizó la creación de las asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural. Sin embargo, luego se convirtieron en pilar de la fuerza paramilitar y, luego, en la organización de narcotráfico más grande de la región.