"Verán que seguirán ganando, un poco menos, pero seguirán ganando y gracias a las políticas que ha impulsado este gobierno", dijo Rafael Correa a periodistas después de la aprobación de la ley.

Quito. Legisladores ecuatorianos aprobaron este martes un aumento de impuestos a la banca para financiar la entrega de dinero a los pobres, una medida que podría consolidar las opciones del presidente Rafael Correa de ganar la reelección, pero que los bancos han descrito como una confiscación.

Correa, el claro favorito para ganar la votación de febrero, tiene un amplio respaldo popular gracias a sus iniciativas contra la pobreza y a una plataforma de izquierda de aumentar la participación del Estado en la economía.

"Verán que seguirán ganando, un poco menos, pero seguirán ganando y gracias a las políticas que ha impulsado este gobierno", dijo Correa a periodistas después de la aprobación de la ley.

Sus opositores criticaron la medida como un golpe contra el ex banquero Guillermo Lasso, quien ha lanzado una campaña a la presidencia y es el candidato rival más popular.

"Tomó una decisión visceral para desquitarse en términos personales con quien se le adelantó y se acordó de los pobres", dijo el domingo Lasso al diario local Expreso.

La medida financiaría un aumento del estipendio mensual que se paga a cerca de 2 millones de ciudadanos de bajos ingresos, incluidos ancianos y madres solteras, a US$50 desde los actuales US$35.

El gobierno recaudaría cerca de US$165 millones a través de varias alzas de impuestos, incluido un nuevo tributo de un 3% a los ingresos de los bancos y la eliminación de beneficios tributarios, por lo que los bancos deberán pagar un 23% de impuesto a las ganancias en lugar del 13%.

La ley entrará en vigor una vez que haya sido publicada en el diario oficial, pero funcionarios no entregaron una fecha de publicación.

Lasso ofreció en septiembre aumentar el estipendio, conocido como bono de desarrollo humano, si gana la elección. Pero Correa tomó la idea y envió un proyecto de ley al Congreso para hacer que los bancos paguen por el aumento.

"Hablé de las fuentes de financiamiento y en lugar de armar un debate, el candidato presidente hizo una ley venganza", dijo Lasso.

La propuesta de Lasso fue vista como un intento por mellar el respaldo de Correa entre los pobres. El ex banquero está postulando sobre una plataforma de menores impuestos e incentivos a los inversores privados para aumentar la creación de empleos.

Un sondeo de la encuestadora local Cedatos divulgado el lunes anticipó que Correa ganaría un 52% de los votos, seguido por Lasso con un 21%.

Un nuevo mandato en el cargo permitiría a Correa, un aliado del líder socialista de Venezuela, Hugo Chávez, continuar destinando grandes cifras a los pobres y probablemente dar un mayor papel al Estado en la economía.

Correa, de 49 años, ha estado enfrentado con los bancos desde que asumió el cargo en el 2007, pero sus ataques contra el sector financiero se han vuelto más frecuentes y cáusticos en las últimas semanas.

"A estos no les interesa nadie, les interesa su bolsillo, lo que están (haciendo) es manipulando a la gente, la estrategia del terror, del temor, asustar para que no respalden al Gobierno y ver si ponen a su candidato", dijo Correa a la prensa el lunes.

Los banqueros se quejan de que el aumento de impuestos equivale a una confiscación de facto. La cámara bancaria dijo que los bancos tendrán menos dinero para otorgar préstamos, lo que podrían frenar el crecimiento económico en el país miembro de la OPEP.

Correa, un economista educado en Estados Unidos, culpa a los bancos por la hiperinflación y la devaluación de 1999 que obligó a Ecuador a adoptar el dólar como moneda nacional al año siguiente y significó que miles de titulares de cuentas perdieran parte de sus ahorros.

El gobierno de Correa ha prohibido a los bancos invertir en otros sectores, una medida aprobada por una mayoría de los votantes en un referendo del 2011. Y su gobierno ha puesto en marcha reformas que prohíben a las instituciones financieras cobrar por algunos servicios a los titulares de cuenta y tarjetas de crédito.

Las regulaciones del Gobierno también obligan a los bancos a adquirir deuda pública y el Congreso aprobó una ley hipotecaria a principios de este año que permite a los prestatarios dejar de pagar los préstamos mediante la devolución de las casas o los coches que compraron a los bancos que les prestaron el dinero.