La aprobación de un punto resolutivo que entre sus considerandos afirma la inexistencia de genocidio en la nación centroamericana durante el enfrentamiento armado interno provocó debate entre legisladores de varias bancadas a favor y en contra de la acción.

La aprobación de un punto resolutivo que entre sus considerandos afirma la inexistencia de genocidio en el país durante el enfrentamiento armado interno provocó debate entre legisladores de varias bancadas a favor y en contra de la acción, durante la sesión plenaria la tarde de este martes.

El punto resolutivo también exhorta al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad y se evite “las influencias sectoriales” con el fin de que la justicia produzca paz.

La resolución, incluida en el séptimo punto de una moción privilegiada aprobada el pasado 24 de abril, fue propuesta por el Partido Republicano Institucional (PRI), ex Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y apoyada por 87 de los 111 que estaban en la sesión.

Luego de leer el contenido del punto resolutivo, de inmediato se llamó a votación, y al concluir se abrió el debate y enfrentamiento verbal de algunos legisladores con criterios divididos.

Rechazo inmediato. Luego de la votación apoyada por la mayoría de diputados del Partido Patriota, Libertad Democrática Renovada (Líder) y Todos, el legislador de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca Walter Félix manifestó su rechazo.

“No podemos dar la espalda a las víctimas del genocidio, y hoy a través de este punto resolutivo se está haciendo”, afirmó.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, razonó su voto en contra, y señaló a la directiva del Congreso de evitar la discusión antes de la aprobación.

“Con el contenido hay una clara violación a la independencia de poderes de los diferentes organismos del Estado y se nos quiere imponer una visión de una lectura de la historia que algunos diputados acá no compartimos”, aseguró Blanco.

Dejar el pasado. El diputado del PRI, Luis Pérez, ponente de la resolución, al dirigirse al pleno calificó las intervenciones en contra como de una “izquierda trasnochada”, e insistió en que se debe olvidar el pasado.

“Ellos —los detractores de la resolución— no han logrado superar el pasado, y por eso les digo que tienen una actitud revanchista, y al ver con los ojos hacia atrás no entienden que hay que tirar un puente de reconciliación”, agregó Pérez.

El legislador, quien llegó al Congreso con el FRG, fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, explicó que el objetivo de la acción no es la confrontación y evitar que se discutan sucesos que pasaron hace 30 años.

“Nos dejamos influenciar por algunos funcionarios de organizaciones internacionales y dejamos que la justicia nuestra la trastoquen entes que no tienen ninguna relación ni derecho de hacerlo, porque no son guatemaltecos”, añadió.

Explicó que con la resolución no se está calificando ningún delito ni violentando la independencia de poderes.

Agregó: “Nosotros no estamos calificando, ni estamos diciendo ninguna cosa que no sea conocida. En el punto resolutivo lo que habla es que el juicio —por las masacres del Ejército en el área Ixil, por el que se ha juzgado a Ríos Montt— ha abierto de nuevo heridas, polarización y confrontación”.

Según Roberto Villate, jefe del bloque de Líder, apoyó la resolución porque figuraba en una agenda del conocimiento general, y los detractores “no son niños de colegio para que aleguen inocencia. Sabían que la agenda llevaba ese punto resolutivo”.

Posturas. Édgar Pérez, abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, condenó la acción del Congreso al considerar que está violando la independencia judicial y extralimitando funciones al calificar un hecho.

“Como representante de las víctimas hemos respetado las reglas del juego y respetado la normativa, no compartiendo las resoluciones —judiciales— porque algunas son arbitrarias y tenemos la evidencia para decirlo; pero si el Congreso hace eso, sería un revés muy grande”, indicó el abogado.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, calificó la resolución de débil. “Demasiado tarde, como todo en Guatemala. Solo es una muestra de buenas intenciones; no tiene ningún peso jurídico, no hace variar la situación y seguimos adelante”, dijo.

Detalles del documento. El punto 3-2014 aprobado ayer contiene cinco resoluciones y seis considerandos, entre los que destaca la negativa de genocidio en el país.

Bajo el infame prisma de la sangre que ha regado nuestra tierra y el dolor que ha inundado el alma de la patria a partir de un conflicto inútil y la falta de consensos para superar con absoluta certeza jurídica nuestras diferencias sociales.

La legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado.

Comprometernos como Organismo Legislativo al estudio de la legislación vigente emitida en el marco de los acuerdos de paz, con el objetivo de promulgar aquellas normas que cumplan con el deber del Estado de consolidar la paz y armonía.

Instar al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad... con apego a derecho y al debido proceso e impidiendo que tan imprescindible función esté afecta a las influencias sectoriales que recientemente se hicieren del conocimiento público.

Genocidio. Según la Real Académica Española, el término “genocidio” se explica como el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.

Según la Ley de Reconciliación Nacional, la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

Opinión carece de legalidad. Para el diputado Amílcar Pop, el punto resolutivo carece de legalidad técnica y jurídica, y con ello se está dando “un voto de traición a los derechos humanos”, en un intento de intromisión al Organismo Judicial.

Según Pop, los 87 diputados que apoyaron la resolución fortalecen la impunidad y violación de derechos humanos.

Descarta intromisión. El diputado ponente del punto resolutivo, Luis Pérez, explicó que solo se busca exhortar a la justicia, y no a la revancha, como “algunos grupos lo quieren ver”.

Según Pérez, no se da ninguna instrucción al Organismo Judicial, sino que se intenta que entre los tres poderes del Estado se busquen espacios para la reconciliación.

No tiene vinculación. El presidente del Congreso, Arístides Crespo, apoyó la resolución y descartó que tenga vinculación la opinión ahí emitida, por lo que no se podría considerar injerencia entre poderes del Estado.

Agregó: “Lo que está diciendo el Congreso es que olvidemos el pasado, que nos pongamos a trabajar, que se busque la armonía, la paz y la reconciliación”.