Seis de las siete preguntas que del mecanismo de participación están relacionadas con políticas del ex mandatario. La Corte Constitucional decidirá si autoriza que los ecuatorianos respondan en las urnas.

Rafael Correa tenía razón al oponerse a la Consulta Popular que su sucesor, Lenín Moreno, quiere llevar a cabo en Ecuador. La primera pregunta que el presidente quiere poner en consideración de los ecuatorianos podría significar la muerte política de su vicepresidente, una de las figuras más fieles a Correa en la actual administración.

Mediante el mecanismo de participación, Moreno busca que todos los funcionarios que sean condenados por corrupción, como podría pasarle a Jorge Glas si se comprueban sus vínculos con Odebrecht, queden inhabilitados para participar en la vida política su país. La medida iría aún más allá, pues también haría posible que se expropien los bienes de los funcionarios condenados.

Pero ese no es el único golpe que Correa podría recibir a través de la Consulta. Moreno también quiere preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo con la posibilidad de que los presidentes que hayan terminado sus mandatos se puedan presentar para ser reelegiods  cuantas veces quieran. Si la Corte Constitucional  permite la realización de la consulta y los ecuatorianos votan afirmativamente a esta pregunta, Correa no podría aspirar a un cuarto mandato y tendría que conformarse con los diez años que estuvo al frente de Ecuador entre 2007 y 2017.

Otor punto de la Consulta Popular  tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo creado con la Constitución de 2008 y que, entre otras cosas, está encargado de elegir a al fiscal general, al contralor y al procurador. Actualmente, está controlado por personas fieles al ex presidente Correa, por lo que su disolución y reestructuración disminuiría todavía más la influencia del exmandatario en la política ecuatoriana.

La única de las siete preguntas que no busca revertir iniciativas tomadas por Rafael Correa durante sus diez años de mandato tiene que ver con la no prescripción de los delitos sexuales contra menores. El resto siguen apuntando reversar políticas de la pasada administración casi que con nombre propio.

La quinta pregunta, por ejemplo, se refiere a la posibilidad de reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, lo que vuelve a traer a colación al vicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión.  

Además de ser investigado por Odebrecht, Glas, quien había sido suspendido de su cargo antes de entrar a la cárcel, también es investigado por la presunta atribución ilícita de permisos de exploración y explotación petrolera en el parque natural.

En la misma línea de protección medioambiental, está la sexta pregunta que, de recibir una respuesta afirmativa por parte de los ecuatorianos, permitiría realizar reformas constitucionales para prohibir la extracción minera en “áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”.

A pesar de haber llegado a la presidencia bajo el amparo de Alianza PAÍS, el partido del oficialismo, Lenín Moreno se ha alejado de su antiguo jefe con el argumento de que Ecuador necesitaba un gobierno conciliador para dejar atrás la polarización que dejaron 10 años ininterrumpidos con Correa en el poder. Bajo esa luz se puede entender la pregunta por la derogación de la ley de plusvalía, una medida aprobada en marzo del año pasado y con la que, entre otras cosas, impone un impuesto para los dueños de terrenos baldíos equivalente al 75% sobre el valor del predio.

Recientemente, Correa, que no ha parado de enzarzarse en enfrentamientos verbales con su sucesor e insiste en que Moreno gobierna con el programa de la oposición, ha dicho que si la consulta se lleva a cabo, regresará al ruedo político para buscar una Asamblea Nacional Constituyente, si la Consulta de Moreno sale adelante, es probable que esa sea su único camino de regreso a la política.