La ley cumple cinco años de haber entrado en vigencia en la nación centroamericana, aunque los resultados a juicio de especialistas no ha sido el esperado.

La Ley de Acceso a la Información Pública cumple este lunes cinco años de haber entrado en vigencia, pero la poca cultura de transparencia en la mayoría de funcionarios y el escaso interés de los ciudadanos dejan ver que la normativa es obsoleta o no cumple con el derecho constitucional de que el actuar de la administración es pública.

La Ley, aprobada por el Congreso el 23 de septiembre del 2008, después de casi ocho años de cabildeo, tiene como objetivo “garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados”, así como “Garantizar la transparencia de la administración pública”, según su artículo 1.

Sin embargo, para expertos como Carlos Martínez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), los efectos de la normativa han sido bastante diferenciados, pues, por una parte hay una buena área de información relacionada con la gestión de las distintas instituciones, pero por otra existen procesos y datos que todavía afrontan dificultades para hacerse públicos.

“La Ley debió haber servido para mejorar los procesos de transparencia, reducir los niveles de corrupción, pero, por el contrario, esta ha ido en aumento y la transparencia se ha deteriorado en los últimos años. Entonces el objetivo no está cumplido o hace falta mucho por hacer”, afirma el experto.

En ese sentido, según la coordinadora del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, Carmen Ortiz, hace falta mucho para poder avanzar en una cultura de acceso a la información en el país, ya que todavía hay mucha resistencia para brindar información; a veces, por temor, y otras, porque no la tienen.

“Si bien ha habido esfuerzos por cumplir con la legislación, me parece que el principal problema radica en la debilidad institucional, y por otro lado, en esta cultura, que todavía requiere mucho trabajo poder revertir”, explicó Ortiz.

La profesional considera que la Ley es positiva, pero el problema es que se han dado pasos muy lentos para mejorar su operatividad.

“Aun cuando hay obligación de las dependencias públicas de compartir información, muchas veces se buscan callejones para no entregarla, escudándose en otras legislaciones o en la naturaleza o especificidad en el trabajo de algunas dependencias, como las que tienen que ver con la seguridad pública”, puntualizó.

Debe seguir igual. Aunque sin una propuesta formal, en los últimos meses ha corrido el rumor en el Congreso de una supuesta iniciativa que buscaría reformar la mencionada ley.

Martínez considera que no es necesario el extremo de promover una reforma a la norma; lo que se debe hacer es aplicarla totalmente, y si se hace algún cambio se le debe dar un poder más coercitivo, que tenga más capacidad de fiscalización y que obligue a todas las instituciones a proporcionar toda la información, la que aún es difícil obtener, ya que no toda está disponible.

“Hay entidades que no respetan la Ley por decisión de los funcionarios, y es el punto en que esta debería contemplar fuertes sanciones para aquellos que no cumplan con los mandatos de la normativa, como los gobiernos municipales que son señalados de generar los procesos de corrupción y que han sido los menos transparentes”, indicó Martínez.

El presidente de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, coincidió con Martínez en que la Ley de Acceso a la Información es un instrumento muy importante para transparentar la administración pública; sin embargo, no ha tenido el efecto esperado porque no ha habido voluntad política ni liderazgo de ningún gobierno para hacerla cumplir.

“La Ley tiene un vacío de origen en su diseño, y es que no tiene un ente rector que sea responsable de castigar y sancionar a los que la incumplen, como es el caso de otros países, y eso ha sido aprovechado por el Estado para relajar su cumplimiento”, criticó Marroquín.

El experto opina que no es necesario reformar la Ley, sino que debe exigirse un buen gobierno, que dé el ejemplo en materia de rendición de cuentas y entrega de información.

“La Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector, no tiene esas medidas coercitivas que necesita para quienes no cumplan con la normativa, sino que tienen algunas funciones muy light, que no son las propias de un ente rector”, expuso Marroquín.

Opacidad. El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, afirmó que, “desafortunadamente, su cumplimiento —de la Ley— ha sido muy bajo”.

“Pareciera que no entendemos o no queremos entender que dar la información de cómo nos estamos gastando los recursos de la población es una obligación y no un favor”, dijo.

De León ve con mucha preocupación la irresponsabilidad que tiene el funcionario guatemalteco para dar a conocer y transparentar todo su accionar.

Sobre las sanciones, comentó que no se podría imponer otro tipo, debido al mandato que tiene la institución.

Mayor difusión. “No fue un proceso fácil. En la legislatura pasada fue importante, no solo el esfuerzo de un grupo de diputados y diputadas que consideramos esencial para la democracia la aprobación de esta ley, sino también el acompañamiento de diferentes sectores, entre los que se destacaron los jóvenes y los medios de comunicación”, recuerda la exdiputada Rosa María de Frade, una de las ponentes de la Ley, la cual fue posible después de más de ocho años de lucha de la sociedad civil y diferentes sectores.

La ex diputada considera que la normativa ha sido una herramienta positiva para mejorar los niveles de auditoría a la función pública, ha permitido identificar y perseguir casos de corrupción y de abuso en la administración de los recursos públicos. Considera que no hay necesidad de hacerle cambios.

“Creo que es necesario una mayor difusión del contenido de la misma, para que cada vez más los guatemaltecos y guatemaltecas puedan auditar y evaluar el desempeño de las autoridades nacionales y locales”, afirmó.

Uno de los grandes valladares que ha encontrado la Ley es que muchos funcionarios, sobre todo alcaldes y concejales, han intentado declarar confidencial o en reserva alguna información, esfuerzos por mantener la opacidad que, en su mayoría, han sido truncados gracias a procesos judiciales y la presión de los medios de comunicación.