Humala, quien asumió el poder en julio con la promesa de llevar el auge económico a los pobres, ha dicho que un mayor diálogo con los indígenas podría aplacar los conflictos y la oposición a actividades extractivas que amenazan inversiones por cerca de US$45.000 millones en la próxima década.
Lima. Una ley por la que líderes indígenas de Perú lucharon por años y con la que el gobierno busca aminorar los persistentes conflictos sociales podría no resolver el malestar cuando entre en vigor en enero.
El presidente Ollanta Humala firmó la llamada ley de consulta previa este mes, bajo la cual las empresas y el Estado intentarán lograr consensos con las comunidades nativas y rurales frente al desarrollo de minas o yacimientos petroleros, así como cualquier iniciativa que impacte sus tierras.
Humala, quien asumió el poder en julio con la promesa de llevar el auge económico a los pobres, ha dicho que un mayor diálogo con los indígenas podría aplacar los conflictos y la oposición a actividades extractivas que amenazan inversiones por cerca de US$45.000 millones en la próxima década.
Más de 100 manifestantes y policías han muerto en los últimos años en fuertes enfrentamientos.
La ley de consulta previa aplica parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Algunos grupos civiles dicen que la norma representa un triunfo para los derechos indígenas y varias compañías esperan que les ayude a lograr el visto bueno para sus proyectos al mejorar sus relaciones con las comunidades.
Pero Mario Palacios, un líder indígena que luchó por la aprobación de la ley como jefe de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, dijo que la norma tiene un vacío debido a que aplica sólo a futuros proyectos.
El primer ministro de Perú, Salomón Lerner, confirmó el miércoles en una conferencia de prensa que la ley de consulta no podía aplicarse "retroactivamente".
El dirigente Palacios insistió en que muchas comunidades tienen la esperanza de que en 90 días podrían ser consultadas. "Y como la ley no alcanzará a consultarles a ellos, lo que va a traer es una reacción", agregó.
"Yo creo que en una primera etapa sobre los conflictos ya existentes lo que va a hacer es más bien ampliar. A largo plazo, sobre nuevos proyectos, creo que si logramos una reglamentación que aclara estas temas nudos que tiene la ley (...) sí podría mitigarlo", precisó.
Temen por sus tierras. Palacios, quien colabora con una agencia gubernamental sobre cómo implementar la ley, dijo que 21 millones de hectáreas en los Andes peruanos han sido concesionadas a empresas mineras y que muchas fueron otorgadas sin consultar a los pueblos cercanos.
Grandes bloques de la Amazonía también fueron concesionados a compañías energéticas. Palacios catalogó de "absurdo" que la ley no aplique a los tenedores de estas concesiones.
Las comunidades indígenas se han opuesto a las minas y lotes petroleros debido a que temen perder sus tierras ancestrales o que contaminen sus recursos hídricos. Por su parte, las empresas dicen que los proyectos llevarán desarrollo a las regiones pobres del país rico en recursos naturales.
Ante los altos precios de las materias primas, los inversores están interesados en entrar en áreas remotas en países emergentes menos explorados como Perú.
Si bien Perú ha sido por mucho tiempo un importante productor de metales como el cobre y el oro y tiene una incipiente industria del gas natural y crudo, el gobierno ha sufrido traspiés a la hora de atraer inversiones.
El ex presidente Alan García impulsó agresivamente las inversiones extranjeras y ayudó a que Perú se convirtiera en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Su mandato, sin embargo, estuvo plagado de conflictos sociales.
El punto más bajo de su gobierno se produjo en la zona selvática de Bagua en junio del 2009, cuando cruentos choques entre la policía y tribus amazónicas que se oponían a la exploración de crudo y gas dejaron más de 30 muertos.
Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según cifras oficiales.
Implementación clave. Pese a los constantes pedidos para que se le diera luz verde a la ley de consulta tras lo ocurrido en Bagua, García observó una norma aprobada en el Congreso argumentando que ésta iría más allá al otorgar derecho a veto a las comunidades frente a proyectos que beneficiarían a todos los peruanos.
La ley promulgada recientemente por Humala, en contraste, estipula que las compañías deben intentar alcanzar un acuerdo pero no otorga derecho a veto a las comunidades.
Ante ello, los empresarios han apoyado, aunque con cautela, la norma aprobada unánimemente por el Congreso en agosto.
"Con un buena reglamento esto puede ser una gran oportunidad para poder realmente empezar los trabajos mineros en las zonas que tengan potencial", dijo Evangelina Arias de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
El gremio ha dicho que es sumamente importante cómo se redacte el reglamento para la implementación de la ley para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los proyectos.
