Según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés esta pausa no significa el fin de las movilizaciones sociales. Ahora esperan que el Congreso apruebe leyes que beneficien a los más pobres.
Bogotá. Los líderes de las protestas contra el Gobierno de Colombia anunciaron este martes la suspensión temporal de las concentraciones y movilizaciones, aunque advirtieron que mantienen sus exigencias en búsqueda de soluciones a sus demandas económicas y sociales, que llevarán ahora al Congreso.
Colombia enfrenta desde finales de abril protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque, mayoritariamente pacíficas, aunque se han registrado saqueos, actos de vandalismo, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
"Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles", dijo en una conferencia de prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés.
"Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia, la movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes", aseguró Maltés, quien anunció un concierto nacional el 20 de junio para celebrar el primer año de la presentación del pliego de peticiones al Gobierno.
El dirigente sindical afirmó que comenzarán diálogos con varios sectores sociales y gremiales para construir proyectos de ley que presentarán al Congreso el 20 de julio para buscar soluciones a sus demandas ante la negativa del Gobierno de atenderlas.
"Aspiramos a que el Congreso de la República, los congresistas, no le fallen a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque", agregó Maltés.
El Gobierno respondió a los líderes de las protestas y dijo que está listo para hablar e insistió en que se deben condenar y terminar los bloqueos de las carreteras, una exigencia a la que hasta ahora los dirigentes de las manifestaciones no han accedido.
Las autoridades aseguraron recientemente que el elevado número de contagios y muertes por la pandemia de COVID-19 que se registra en el país es en gran parte consecuencia de las concentraciones masivas durante las manifestaciones.
Hasta el momento la Fiscalía General ha confirmado 24 muertes en medio de las manifestaciones, mientras que verifica la relación de 11 más con las protestas. Sin embargo, grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de decesos es superior.
Las marchas se iniciaron el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos, que fue retirado por el Gobierno.
Los manifestantes ampliaron sus demandas para incluir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial.
Los bloqueos provocaron alzas en los precios y escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país de 50 millones de habitantes. El Ministerio de Hacienda calculó recientemente que las pérdidas por las protestas superan los US$ 3.000 millones.
Los sindicatos, grupos de estudiantes y otras organizaciones sociales que conforman el denominado Comité Nacional de Paro, suspendieron desde hace más de una semana el diálogo con el Gobierno, con lo que se estancó la posibilidad de iniciar una negociación para poner fin a las protestas.
Sin embargo, los dirigentes aseguraron el martes que están dispuestos a reiniciar los diálogos con el Gobierno, si firma un documento que establece garantías para las protestas sociales y suspende la militarización de las ciudades.
