La directora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas reconoce los avances de Colombia en la materia, sin embargo, asegura que el país debe modificar su legislación para dar coherencia al discurso del presidente y del ministro de Justicia.

Desde que llegó a la cartera de Justicia, el ministro Yesid Reyes ha impulsado distintos encuentros académicos para debatir sobre la política contra las drogas que ha implementado el país durante las últimas décadas. Un enfoque menos punitivo, que contribuya a descongestionar las cárceles y el sistema judicial, parece ser la apuesta para este cuatrenio. Sin embargo, el tema está sujeto al debate internacional y a las directrices que tracen los países en la próxima asamblea de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en 2016. A propósito del evento "Diálogo sobre la política de drogas: una perspectiva regional", realizado en Medellín, El Espectador conversó con Lisa María Sánchez, experta para América Latina del centro de pensamiento LSE Ideas y directora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas.

-¿Cómo se ha recibido en el exterior el discurso del Ministro de Justicia, que le apuesta a un giro en la política contras las drogas?

-Todo llamado a la apertura y a la evaluación real y objetiva de las políticas es bienvenido. Colombia es uno de los países que más recursos ha invertido, tanto financieros como humanos, en luchar esta guerra contra las drogas. Existen unas cifras muy inquietantes aquí, como la del millón 400 mil personas que han sido víctimas de las violencias asociadas al narcotráfico, entre desplazados, desaparecidos y asesinados. El país está urgido de transitar hacia un esquema que despresurice las cárceles, que no criminalice a los eslabones más débiles de la cadena y que pueda constituir las bases de una política alternativa.

-¿Está preparado el país para liderar esos cambios?

-A nivel internacional la imagen del presidente Juan Manuel Santos es muy fuerte. Él ha hecho declaraciones importantes en foros internacionales y se ha mostrado abierto a proponer un debate que no recicle el lenguaje viejo, sino que se concentre en proponer nuevas maneras de lidiar con la realidad. Aun así, ese liderazgo tendrá que traducirse en acciones específicas, para que su credibilidad no se vea minada en el mediano plazo. Por el momento, Colombia participa de las negociaciones y mueve el debate hacia adelante. Ojalá que esa voluntad política y ese pronunciamiento discursivo esté acompañado de acciones específicas que permitan sustentar con hechos lo que se propone hacia afuera.

-¿No le parece que hay una contradicción entre el discurso y la voluntad real de modificar la legislación?

-Esas contradicciones son naturales, porque los gobiernos de América Latina se acostumbraron a aplicar el modelo de fiscalización de drogas que exportó Estados Unidos, que incluye mucha inversión en el sector seguridad y mucha participación del Estado en actividades de erradicación y control de la oferta. Esta dualidad que vemos, particularmente en Colombia y en México, se explica por esa dependencia. Lo álgido del tema pasa por convencer a la opinión pública de que se necesita un cambio de política; sin embargo, tanto México como Colombia son sociedades todavía muy conservadoras, acostumbradas a vivir en regímenes autoritarios. Va a ser muy difícil que las próximas generaciones se acostumbren a vivir en un estado de derechos y libertades.

-Parece haber un consenso acerca de que el modelo impuesto por EE.UU. incrementó la violencia. ¿Está de acuerdo?

-El sistema internacional de control de drogas generó un mercado negro; es decir, favoreció el narcotráfico. Las políticas militarizantes y punitivas no solo no acaban con el flagelo, sino que pueden favorecer, como en el caso de México, la atomización de las organizaciones criminales y el incremento en la violencia. Esta postura está muy presente en los círculos académicos y de intelectuales de los países productores y de tránsito, aunque no necesariamente en aquellos que están exentos de problemas asociados al control de la oferta. Ahora estamos viendo el desplazamiento de este conflicto, que antes era meramente sudamericano y centroamericano, al oeste de África y a otras jurisdicciones.

-Hay una tesis que se discute en ciertos círculos, y es que la lucha contra el narcotráfico en Colombia trasladó el conflicto a México y lo radicalizó…

-No es descabellado afirmar que los esfuerzos de prohibición que se han hecho en Sudamérica causaron un desplazamiento de la actividad criminal hacia otras zonas. El mercado de las drogas es altamente lucrativo y ha encontrado una manera de reproducirse y de maximizar los beneficios que se pueden obtener de él. Sí hemos visto una relación de causalidad, por ejemplo, entre la supresión de la oferta de cocaína en Colombia y el incremento de la violencia en ciudades portuarias de México. También hemos visto que a mayor control de las rutas caribeñas hay más tráfico terrestre en Centroamérica, con todo lo que eso implica. Sin embargo, no diría que la violencia en México es responsabilidad exclusiva del éxito relativo colombiano, porque México también ha hecho las cosas mal.

-¿En qué se ha equivocado México?

-El país cultivó una cultura de la ilegalidad, la impunidad y la corrupción, que permeó no solo el imaginario colectivo, sino el funcionamiento institucional a todos sus niveles. Una cosa es que uno tenga una posición geográfica que no puede cambiar y que sea el vecino del principal consumidor de drogas ilegales del hemisferio, y otra muy distinta que tenga una tasa de impunidad del 97%. Así, los costos de oportunidad para el narcotráfico fueron inexistentes y es evidente que un empresario criminal buscará expandir sus actividades ahí en donde el riesgo es menor. Pero no es solo eso, sino también cómo militarizamos el país y le dimos un permiso tácito a las Fuerzas Armadas para matar a sus conciudadanos, además de no juzgar estos crímenes en el fuero civil y dejarlos en el militar.

-¿Qué debe depurar su país?

-Desde los cuerpos policiales hasta los más altos niveles del poder judicial. Además, la clase política debe dar un mensaje muy claro de no tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No es posible que en pleno 2014 todavía tengamos que dilucidar si hay un conflicto de interés entre las propiedades de la familia presidencial y los contratistas del gobierno federal, y que al mismo tiempo estemos hablando de un pacto por la paz, la no violencia y la no corrupción en el país a raíz del caso de los estudiantes en Ayotzinapa.

-¿Cuáles son los retos y oportunidades de cara a la Asamblea de la ONU de 2016?

-Entre los retos están la participación y la opinión pública, que siguen atrapadas en temas de moral y de confundir los daños asociados con las sustancias con aquellos asociados a la manera como respondemos al fenómeno de las drogas. Como oportunidades identificamos una tendencia internacional favorable a la descriminalización, la despenalización y la adopción de intervenciones en salud para reducir riesgos y daños. Existe la posibilidad de generar coaliciones de países que más allá de favorecer una opción política reclamen un debate abierto, en el que no se obvie ninguna respuesta posible y que esté desprovisto de tabúes para discutir cuáles son las posibilidades hacia adelante.

-¿Cree que Estados Unidos permitirá esa apertura?

-El 2016 va a ser una fecha interesante para Estados Unidos, en tanto no solo van a tener los cinco estados con cannabis legal y los 24 estados con cannabis medicinal que tienen ahora, sino que además van a tener procesos electorales internos donde otros estados decidirán si siguen o no el mismo camino. Eso pondrá al gobierno norteamericano en una posición distinta en sus negociaciones internacionales. Es cierto que Estados Unidos ha dejado de ser el principal guardián del prohibicionismo mundial y que ahora otros países ocupan esa posición, como Rusia o China. Sin embargo, no debemos subir demasiado las expectativas para 2016, porque si bien Estados Unidos no va a bloquear su reforma a nivel estatal, tampoco va a permitir una gran apertura para discutir las convenciones de drogas a nivel global.

-¿Cómo ve el papel de Colombia en ese escenario?

-Creo que América Latina juega un papel fundamental, principalmente porque fue quien pidió que se adelantara esta sesión especial de la ONU. Hay posibilidades de crear coaliciones de países con ideas similares que pidan ese debate. México está buscando un liderato bastante interesante a nivel internacional, aunque no necesariamente la modificación de sus políticas a nivel local. Lo mismo sucede con Colombia y con Guatemala. Sin embargo, creo que esta alianza de países latinoamericanos que pidan un debate abierto puede jugar un papel importante en la construcción de puentes con la Unión Europea, por ejemplo, que tiene una agenda mucho más específica alrededor de la reducción del riesgo y de la adopción de una perspectiva de salud pública y del cumplimiento de los Derechos Humanos.