La señal de la televisora privada más antigua del país caribeño –fundada en 1953– se extinguió el 27 de mayo de 2007.
El pasado 22 de junio, poco después de que Radio Caracas Televisión (RCTV) cumpliera ocho años fuera del aire debido a sus fricciones con el Gobierno del difunto Hugo Chávez (1999-2013), la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado venezolano, alegando que éste había atentado contra la libre circulación de ideas y opiniones cuando se negó a renovar la concesión de transmisión de ese medio. La señal de la televisora privada más antigua del país caribeño –fundada en 1953– se extinguió el 27 de mayo de 2007.
Sin embargo, fue apenas este lunes cuando el veredicto de ese tribunal fue dado a conocer públicamente. El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos ordenó el restablecimiento de la frecuencia de RCTV, el pago de compensaciones a sus propietarios y la devolución de los equipos que les fueron incautados a las Empresas 1BC, el conglomerado al que pertenece el medio en cuestión. Pero, ¿qué peso tiene esa sentencia por estos días, cuando la autoridad de la propia OEA está en entredicho?
¿Un fallo vinculante? Lo único que los dueños de RCTV tienen a su favor es el hecho de haber entablado su demanda contra el Estado venezolano antes de 2013, cuando éste se retiró formalmente del ámbito de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El fallo de ese tribunal debería ser vinculante. El problema es que el de RCTV es tratado por Caracas como un caso político”, señala Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo.
“Es muy improbable que el presidente Nicolás Maduro acepte la sentencia del tribunal; la inflexibilidad que él y su gabinete heredaron de Chávez llevará al Ejecutivo a huir hacia adelante. Y su desobediencia quedará impune, seguramente. Varios de sus ministros juraron en el pasado que nunca acatarían un fallo favorable a RCTV”, recuerda Antonio Pasquali, reconocido investigador de los medios de comunicación de masas. En mayo de 2014, Pasquali viajó a Costa Rica para declarar ante la corte interamericana en calidad de perito.
Constitucionalidad y soberanía. “El estamento chavista sólo cedería frente a este tribunal si percibiera que ese gesto puede traer dividendos electorales el 6 de diciembre, cuando se celebran comicios parlamentarios en el país”, agrega Pasquali. Mijares tampoco cree probable que el gobierno de Maduro devuelva los activos expropiados de las Empresas 1BC o indemnice a sus dueños, y, a sus ojos, es prácticamente imposible que a RCTV se le otorgue de nuevo una concesión para transmitir en territorio venezolano.
“Según el gobierno venezolano, la institucionalidad interamericana no puede estar por encima de la soberanía nacional; con todo y que la Constitución venezolana dice lo contrario. La Carta Magna de 1999 establece que un tratado internacional tendrá un rango más alto cuando éste supere la capacidad de las leyes venezolanas para garantizar la defensa de los derechos humanos”, explica el experto del GIGA, dejando a buen entendedor que, en la Venezuela de hoy, hay una enorme brecha entre las premisas constitucionales y las prácticas del Gobierno.
Caso espinoso. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Estado venezolano restringió indirectamente la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos al no prolongar la concesión de transmisión de RCTV. En 2007, el Gobierno de Chávez defendió su decisión argumentando que la señal de RCTV tenía una cobertura tal que debía ser asignada a un medio de servicio público. Cuando RCTV salió del aire, la estatal Televisora Venezolana Social (TEVES) ocupó su lugar.
Pero este martes (8.9.2015), tras celebrar el fallo de la CIDH, Marcel Granier, presidente de RCTV, hizo hincapié en que la televisora dejó de transmitir por negarse a cambiar su línea editorial, opuesta a las políticas del Gobierno de Chávez. El de Radio Caracas Televisión es un caso espinoso porque obliga a traer a colación uno de los capítulos más opacos en la historia reciente de Venezuela: el establishment chavista acusa a los propietarios de RCTV y otras televisoras privadas de haber propiciado y apoyado el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
