Las organizaciones defensoras aseguraron que el gobierno de México no reconoce a los desaparecidos que no tienen averiguaciones previas, entre los que se encuentran miles de migrantes.
Familiares de víctimas de desaparición y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado que la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas sea una herramienta para los parientes de quienes han sido víctimas de este flagelo que afecta al país.
Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), comentó que a la fecha el gobierno ha reconocido a 27.000 desaparecidos; sin embargo, dijo que estos casos son sólo los que tienen o una averiguación previa o un acta circunstanciada.
“No cuentan que uno de cada nueve desaparecidos son los que tienen esos documentos, no consideran los miles de migrantes que ni siquiera sus familias saben si están en tránsito o están desaparecidos; no cuentan los miles de cadáveres sin nombre que están localizados en fosas clandestinas, fosas comunes, en los semefos, tampoco las personas que llegan en calidad de desconocidos a los hospitales”, criticó.
Explicó, como muchos de los participantes de la audiencia pública, que el fenómeno de la desaparición en México se debe principalmente a la falta de interés de las autoridades, impunidad y corrupción.
Consideró que las desapariciones forzadas no ocurren sólo a manos de agentes del Estado, sino de particulares, pero refirió que cuando las autoridades “no hacen nada, se convierten en cómplices”.
Frente a senadores que encabezan las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, decenas de familiares de desaparecidos narraron sus historias de dolor y exigieron que la creación de ley en la materia cuente con su participación, ya que ellos son los que tienen la experiencia de las trabas que ponen las autoridades en las investigaciones.
Jorge Verástegui, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, detalló la necesidad de generar un sistema nacional de búsqueda, que coordine, opere y ejecute la búsqueda de los desaparecidos, además de una comisión nacional de búsqueda con una visión policial.
“Sabemos que crear instituciones no resuelve las cosas, por lo tanto, estamos proponiendo crear un organismo de vigilancia ciudadano, integrado por familiares, por expertos y organizaciones de derechos humanos, que tenga un poder coercitivo, porque sabemos que los órganos que hacen recomendaciones no funcionan, necesitamos tener poder para quitar incluso al titular de la comisión de búsqueda”, indicó.
El senador Fernando Yunes Márquez, titular de la Comisión de Justicia, reconoció que no ha sido eficaz la tipificación del delito de desaparición forzada.
Asimismo, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó la necesidad de crear protocolos únicos de búsqueda e investigación, donde las unidades encargadas trabajen bajo un mismo concepto.
