Aunque la ciudad aún debe decidir cuáles contratos puede romper sin motivar demandas legales, se estima que las medidas podrían afectar convenios por unos US$8 millones.
Los Ángeles. Funcionarios de Los Angeles aprobaron una prohibición a los futuros negocios con Arizona, en protesta por sus duras medidas contra los inmigrantes ilegales, convirtiéndose en la mayor ciudad de Estados Unidos que impone tal boicot económico.
Miembros del consejo de la ciudad, quienes votaron 13-1 en favor de la medida de sanción, dijeron que el boicot podría afectar unos US$8 millones en contratos con Arizona, pero Los Angeles debe decidir antes cuáles acuerdos puede romper sin motivar demandas legales.
Otros US$50 millones en contratos seguirán vigentes, pero el consejo ordenó a los jefes de departamentos de la ciudad que se abstengan de hacer futuros negocios con Arizona o empresas cuyas cedes centrales estén en ese estado, dentro de lo posible.
"Yo no puedo ir a Arizona hoy sin un pasaporte", dijo el concejal Ed Reyes, antes de la votación. "Si me topo con un agente que ha tenido un mal día y siente que la imagen de mi identificación no soy yo, yo podría ser deportado de manera sumaria -sin que se hagan preguntas. Eso no es estadounidense", agregó.
La nueva ley de Arizona, que entrará en vigor a fines de julio, no permite que la policía exija la identificación a los individuos sin una causa o la deportación sumaria. Pero sí exige a los agentes, durante un contacto legal, que revisen la situación inmigratoria de cualquiera de quien sospechen de manera razonable que se encuentra de forma ilegal en el país.
Un portavoz de la gobernadora de Arizona Jan Brewer, quien firmó el proyecto de ley el 23 de abril, no realizó comentarios de inmediato sobre la medida de Los Angeles, que también suspende todos los viajes relacionados a la ciudad hacia el estado desértico.
Varias otras ciudades de Estados Unidos han considerado resoluciones para protestar contra la ley o buscar boicots -entre ellas San Francisco, Saint Paul y Minnesota.
Un estudio a nivel nacional del Pew Research Center for the People and the Press publicado el miércoles, descubrió que un 59 por ciento de los adultos aprueban la nueva ley de Arizona, mientras que sólo un 25 por ciento apoya la política inmigratoria del presidente Barack Obama.
Obama respalda un sistema que permita que los inmigrantes indocumentados que no hayan violado las leyes paguen una multa, aprendan inglés y se conviertan en ciudadanos. El también apoya una seguridad más severa en la frontera y el perseguir a las empresas que contraten a obreros indocumentados.
Reforma federal. La nueva ley de Arizona ha llevado el debate sobre inmigración al tope de la agenda política y dio nueva fuerza a la campaña de Obama y de los demócratas del Senado para reformar las leyes federales de inmigración.
El líder de mayoría del Senado, Harry Reid, y sus compañeros demócratas presentaron un marco para reformar el sistema el 29 de abril. Pero aún no han presentado una ley y la aprobación de tal proyecto es considerada como poco probable antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El senador Charles Schumer dijo que los demócratas aún están esperando que un republicano apoye su propuesta de ley, casi dos semanas después de que fue presentado.
"No puedes aprobar un proyecto de inmigración a menos que tengas apoyo bipartidista", dijo Schumer, un demócrata de Nueva York, durante una conferencia telefónica junto a líderes conservadores evangélicos.
"Ahora no hemos logrado que un republicano venga a la mesa a negociar con nosotros un proyecto bipartidista -y necesitamos a alguien", agregó.
El plan de los demócratas se basa en un marco elaborado anteriormente por Schumer y el senador republicano Lindsey Graham. Pero Graham se ha quejado de que el Congreso aún no está listo para actuar frente a la reforma.
El proyecto plantea una seguridad fortalecida en la frontera y propone una tarjeta de identificación de alta tecnología para los trabajadores inmigrantes. Otras medidas incluyen sanciones a los empleadores y un camino a la ciudadanía de muchos de los 10,8 millones de personas que están ilegalmente en el país.
