La clase política brasileña no puede destacarse como honesta: 60 % del Congreso está acusado por cargos como soborno, fraude y homicidio.

Sí: la presidenta Dilma Rousseff no ha sabido cómo capotear la crisis económica brasileña. Sí: su impopularidad es tan baja que sólo el 10 % de los brasileños tendrían el coraje de meter las manos en el fuego por ella. Sin embargo, Rousseff puede decir que, contrario a sus opositores, ella no ha robado dinero ni está involucrada en corrupción. “Dilma pudo haber cavado su propia tumba al no lograr aquello que prometió —dijo el columnista Mario Sergio Conti en la Folha de São Paulo—, pero está incontaminada en una esfera política embarrada de excremento desde el tope hasta el fondo. Ella no robó, pero está rodeada de una banda de ladrones que la juzgan”.

El juicio político en su contra, que cumplirá su segundo paso con la votación de este domingo en la Cámara de Diputados, está dominado por figuras que tienen cuentas pendientes con la justicia. El martes pasado, una comisión de diputados recomendó el juicio. De acuerdo con Transparência Brasil, una entidad dedicada a rastrear los procesos a políticos, 36 de los 65 políticos que la conformaban deben responder con investigaciones que van desde lavado de activos hasta soborno y corrupción.

Y a la cabeza de estas investigaciones están los principales instigadores del proceso político en su contra. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y expresentador evangélico de radio, es investigado por el Tribunal Supremo por recibir sobornos de empresarios en el caso Petrobras. Cunha habría recibido cerca 5 millones de reales (US$1,4 millones) por esos favores, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria en Suiza. Y en 2012 había sido condenado por corrupción electoral, pero se salvó de la cárcel por las apelaciones que impuso.

Le sigue Michel Temer, quien quedaría como presidente en caso de que Rousseff sea desligada de la Presidencia. Temer está investigado por su participación en un esquema ilegal de compra de etanol en el que habría servido como “padrino” de algunos empresarios involucrados en sobornos. Si no pudiera asumir como presidente, entonces el mandatario provisional sería Renan Calheiros, presidente del Senado, acusado de recibir sobornos en el caso Petrobras y de evasión de impuestos.

La lista continúa. Según Transparência Brasil, 53% de los integrantes de la Cámara de Diputados tienen investigaciones. Son ellos quienes juzgarán este fin de semana si procede o no el proceso político contra Rousseff. En el Senado, la cifra aumenta a 55 %. Los partidos más investigados son el PMDB (que se desligó de Rousseff hace unas semanas), el Partido de los Trabajadores (liderado por Rousseff y apadrinado por el expresidente Lula da Silva), el PP y el PSDB.

Transparência Brasil registra que los senadores y diputados son investigados por delitos como lavado de activos, homicidio, corrupción, secuestro y deforestación ilegal. Una investigación del New York Times, a la que no respondieron los involucrados, apuntó casos como el del congresista Paulo Maluf, que quiere a Rousseff fuera del Gobierno y “afronta cargos en Estados Unidos por robar más de US$11,6 millones en un esquema de sobornos”. “Estoy en contra de todas las triquiñuelas que hace este gobierno”, dijo Maluf. También está el caso del congresista Éder Mauro, acusado por tortura y extorsión. Y el de Beto Mansur, que es investigado por haber mantenido a 46 trabajadores en condiciones deplorables (cercanas al esclavismo) en una granja del estado de Góias. Todos quieren a Rousseff fuera de la Presidencia.

Otro ejemplo: Ivo Narciso Cassol, senador por el PP y dueño de compañías eléctricas, ha sido investigado por abuso de poder, peculado, lavado de dinero, crímenes contra el sistema financiero nacional, corrupción, captación ilícita de votos, corrupción electoral, uso indebido de medios de comunicación, fraude y violación de principios administrativos. Cassol se mantiene en el Senado gracias a las apelaciones que ha presentado contra sus condenas. Tiene pendiente una condena a cuatro de años de prisión. Sólo el Congreso decide sobre su destitución. El presidente del PP, Ciro Nogueira, ha dicho que sus congresistas y diputados votarán a favor del impeachment.

El fundador de Congresso em Foco, Sylvio Costa, dijo a The New York Times: “Ganar la elección al Congreso es para algunos una licencia para robar. En este sistema grotesco, los que más roban son los que más tienen poder”. 

En caso de que en la votación de este domingo el impeachment tenga éxito, Rousseff será juzgada, por ejemplo, por el congresista Dario Elias Berger, condenado por contratación irregular, y por Romero Jucá Filho, investigado por crímenes electorales. Ciro Nogueira Lima, otro de sus jueces y miembro del PP, es acusado de ocultar bienes y lavar dinero junto con su esposa.