Lanza fue seleccionado el miércoles por la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.

Carlos Lauría/ Coordinador Senior del Programa de las Américas. El cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creado en 1997 para promover la libertad de expresión en el hemisferio y desde entonces ha realizado un aporte significativo a la protección y avance de la libertad de prensa. Por ello cuando Catalina Botero deje el cargo en octubre, su sucesor -Edison Lanza, abogado, periodista y defensor de la libertad de prensa- tendrá ante sí un enorme desafío.

Lanza fue seleccionado el miércoles por la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión fue constituida en 1959 y está compuesta de siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. Lanza fue designado por un período de tres años y asumirá el cargo el 6 de octubre.

La Relatoría ha denunciado la censura gubernamental, ha luchado por la eliminación de las normas legales en materia de desacato y difamación, ha promovido el acceso a la información y ha enfatizado la necesidad de poner fin a la impunidad en los delitos contra la prensa. Con el respaldo de la comunidad de derechos humanos y los medios regionales, la entidad ha subrayado la importancia de aplicar los estándares internacionales más elevados en materia de libertad de expresión, según las investigaciones del CPJ.

En los últimos tres años, la relatoría ha sido atacada por un grupo de Estados miembros de la OEA -la mayoría de ellos con un pésimo historial en materia de libertad de prensa- que estaban molestos por las críticas de Botero hacia sus políticas. La iniciativa para debilitar la relatoría fue liderada por Ecuador y el bloque de países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que también agrupa a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y algunas naciones caribeñas.

Los intentos por neutralizar el trabajo de la comisión y desmantelar la relatoría especial para la libertad de expresión han fracasado. La relatora especial, cuyos rigurosos informes han sido clave para destacar las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en las Américas, ha defendido firmemente la relatoría con coraje y decisión y ha detenido las tentativas de limitar su financiamiento. Gracias a sus eficaces e intensos esfuerzos, Botero ha efectuado un significativo aporte a la promoción de la libertad de prensa en el hemisferio. Ha sido un verdadero privilegio colaborar con ella durante sus dos períodos de tres años.

El sucesor de Botero fue seleccionado mediante un proceso transparente e inclusivo, en el que 49 personas se postularon para el cargo. Entre finales de marzo y comienzos de abril, durante el período de sesiones celebrado en su sede de Washington, D.C., la comisión seleccionó seis finalistas y publicó sus currículos en su sitio web. La Comisión recibió comentarios de los Estados miembros de la OEA y de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y de libertad de prensa.

El CPJ y la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) enviaron una carta a Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la comisión, donde enfatizaron la necesidad de mantener la independencia y la autonomía financiera de la relatoría, los dos pilares que la han convertido en un actor fundamental en la protección de la libertad de expresión en todo el continente.

"Problemas estructurales como la violencia letal contra la prensa y el empleo de las normas sobre la difamación para tipificar como delito la difusión de información, serán un elemento importante en la agenda del Relator Especial", declaró Lanza al CPJ en entrevista telefónica desde Washington. "Pero existen otros desafíos vinculados al modo como la libertad de expresión se relaciona con otros derechos humanos, entre ellos la protección de menores y el género", sostuvo Lanza.

Lanza, quien ha ejercido de reportero para varios medios de prensa uruguayos, también se desempeñó como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay y como consultor en cuestiones de libertad de expresión para organizaciones internacionales (como la Unesco y el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión). Es un conocido académico y tiene una amplia experiencia jurídica en el sistema interamericano de derechos humanos. Lanza tuvo un papel decisivo en la elaboración de un proyecto de ley en Uruguay sobre los servicios de comunicación audiovisuales, que tiene el propósito de regular la radio y la televisión a la vez que fomenta la diversidad y la competencia en los medios. El proyecto de ley, actualmente sometido a consideración del Senado, pudiera convertirse en un modelo para la región.

Botero, quien continuará su mandato hasta octubre, recibió elogios de la Comisión. En un comunicado, la CIDH reconoció su labor "en la defensa y protección del derecho a la libertad de expresión", y enfatizó su "contribución a los avances alcanzados en la región a través de un efectivo liderazgo en la materia".

Los intentos de los países del ALBA por debilitar a la relatoría especial fueron contrarrestados por la acción sostenida de organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa internacionales y regionales, entre ellas el CPJ, que lucharon para mantener la independencia y la autonomía financiera de la Relatoría. Pero Ecuador y sus aliados no dejarán de impulsar propuestas para limitar su trabajo. "Lo que está en juego en estas elecciones es inmenso", afirmó José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch. "No solamente por buscarse un sucesor que dé continuidad al trabajo excelente de Catalina [Botero], sino por la tarea ardua de contener la obsesión bolivariana de debilitar las organizaciones americanas que desafían su desempeño democrático y sus políticas".

*Una versión de este artículo apareció originalmente en el sitio web del CPJ. El Comité para la Protección de los Periodistas tiene sede en Nueva York, es independiente y sin fines de lucro, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Usted puede aprender más en CPJ.org o seguir el CPJ en Twitter @pressfreedom o en Facebook aquí.