Durante un largo periodo de tiempo la población brasileña ha negado que exista un problema racial, puesto que desde la tardía abolición de la esclavitud en 1888 nunca se prohibió la convivencia de razas como en Estados Unidos o Sudáfrica, sin embargo...
Universia Knowledge Wharton. Brasil llevaba muchas décadas haciendo gala de su condición de democracia racial, un concepto formulado por el sociólogo brasileño Gilberto Freyre, en los años 30, que daba por sentada la práctica ausencia de racismo en una sociedad donde actualmente la mitad de la población se considera afrodescendiente, tal y como reflejan los datos del último censo efectuado en 2010. En el mismo, 50,7% de los 190,8 millones de habitantes que había aquel año se declaraban negros o mulatos, 47,7% blanco, 1,1% de origen asiático y tan solo el 0,4% indio.
Sin embargo, hoy en día, nadie cree en el mito de democracia racial, “ya no es válido”, asegura Felipe Monteiro, profesor de Insead e investigador del Mack Institute for Innovation Management de Wharton. Durante un largo periodo de tiempo, dice, la población brasileña ha negado que hubiera un problema racial, puesto que desde la tardía abolición de la esclavitud en 1888 nunca se prohibió la convivencia de razas como en Estados Unidos o Sudáfrica, pero “que no haya tanta tensión racial como en otros países no significa que haya igualdad de oportunidades”, explica.
De hecho en el país existe una estrecha vinculación entre raza y nivel social. Según el censo de 2010, los blancos y asiáticos ganaban salarios que rondaban los $900 de media, casi el doble que los negros y mulatos, que tenían ingresos de cerca de $480. En 2010, el 65% de los pobres eran afrodescendientes. La situación ha mejorado durante la última década porque el espectacular crecimiento de la economía brasileña ha permitido que unos 40 millones de habitantes salgan de la pobreza extrema, pero aún así la desigualdad de renta sigue siendo un problema evidente. El índice Gini del país, que mide esto último (0 representa una equidad perfecta y 100 una inequidad perfecta), se sitúo en 54,7, por detrás del 42,1 de China, otro país de los denominados BRIC, según datos del Banco Mundial de 2009.
“Brasil tiene un déficit enorme en la inclusión de los afrodescendientes y de los indígenas y sus descendientes”, asegura Renato Janine Ribeiro, profesor de Ética y Filosofía en la USP (Universidad de Sao Paulo). Por eso, había que tomar alguna medida, señala Ribeiro respecto a las iniciativas de acción afirmativa puestas en marcha en el país en los últimos años en el ámbito de la educación superior y que ahora se han trasladado también a los organismos públicos a través de la fijación de cuotas. En concreto, el Senado brasileño aprobó el pasado mes de mayo una ley que reserva el 20% de los empleos públicos, lo que incluye la administración indirecta y empresas estatales, para los individuos que se declaren negros o mulatos en el momento de la inscripción, condición que luego tendrán que probar antes de su contratación. Los datos oficiales hasta ahora habían sido decepcionantes: solo el 30% de los funcionarios públicos brasileños es de color y un escaso 12% está entre aquellos que tienen los mejores salarios. En el ámbito de la educación superior, el panorama tampoco es alentador en cuanto a representación de minorías, por eso se llevan aplicando algún tipo de cuotas raciales y sociales en las universidades públicas del país desde hace algo más de una década y en el horizonte se contempla también reservar escaños para la población de color.
“Este tipo de políticas afirmativas se iniciaron hace cerca de quince años, pero adquirieron mayor intensidad con los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva [2003-2010] y ahora con Dilma Rousseff [desde 1010]”, relata Ribeiro. En EE.UU. se llevan adoptando desde los años 60 y, “junto con otras iniciativas, tuvieron éxito en incorporar los descendientes de afroamericanos a los liderazgos sociales, económicos y políticos, culminando en la elección de Back Obama a la presidencia”, destaca.
Ribeiro cree que siempre ha habido menos prejuicio racial en Brasil que en EE.UU., pero en este último país, dice, “incluso durante la época de la segregación racial, había una burguesía negra y universidades para negros. En Brasil, la relación entre blancos y negros fue más paternalista, existiendo hasta un cierto afecto, pero siempre manteniendo una jerarquía rígida de raza y de clase social”. Por eso, él considera que aunque las medidas de inclusión social introducidas en los últimos años [como Bolsa Familia, ayudas económicas a familias en situación de extrema pobreza] acaban beneficiando a blancos pobres y también a los afrodescendientes, “que en su mayoría fueron o aún son pobres, el ascenso social ha sido, históricamente, más difícil para los de color que para los blancos pobres”. Y hace referencia a una canción popular de los años 30 que dice “tu color no niega, mulata, que eres mulata en el color”, para ilustrar la necesidad de adoptar medidas dirigidas especialmente a esta población. Si no, “continuarían enfrentando la barrera del prejuicio”.
Desequilibrio de conocimiento y habilidades. Sin embargo, las medidas de acción afirmativa, entre las que se incluyen la fijación de cuotas, crean cierto grado de controversia en las sociedades que las introducen, como EE.UU. o el propio Brasil. El economista estadounidense Thomas Sowell ya advirtió en su libro Civil Rights: Rhetoric o Reality contra el uso de las injusticias del pasado como justificación para las políticas del presente que favorezcan a grupos humanos que se hayan visto perjudicados históricamente. En el caso de Brasil, existe un claro consenso entre los expertos sobre la necesidad actual de implementar este tipo de medidas, pero también son evidentes los desafíos que conlleva su puesta en marcha.
Cuando en el año 2012, entró en vigor la conocida Ley de Cuotas, que destina la mitad de las plazas en universidades públicas -consideradas las mejores del país- a negros, indios y pobres, aunque ya se llevaban aplicando años en algunas universidades, la principal preocupación en el mundo académico fue si por crear un sistema de acceso más democrático se iba a comprometer la calidad de la educación superior. Monteiro relata que el problema del sistema educativo universitario brasileño era que la mayoría de los fondos públicos educativos iban destinados a la educación superior, pero la gran mayoría de los alumnos universitarios procedían de colegios privados, que se podían permitir el coste de este tipo de educación. Básicamente, dice, “el Estado estaba pagando la universidad a aquellos que podían costeársela”. Ahora bien, él señala que “al poner cuotas para crear una situación que es más justa desde el punto de vista social se crea un nuevo problema porque se permite que entre gente en las universidades con un nivel académico inferior, procedente de la educación primaria y secundaria pública”.
En su opinión, la única manera de mejorar el posible desajuste entre los que entran por sistema de cuotas y los que ya están dentro de la universidad es reconocer ese posible desequilibrio y poner en marcha cursos específicos, etc. para que en el menor tiempo los alumnos más rezagados se pongan al día. “No hay que esperar que la brecha se cierre de forma natural. El éxito pasa por una intervención y gestión cuidadosa en todo el proceso”, advierte. En este sentido, el elemento diferencial entre el sistema de cuotas en el sistema educativo y en el sector público es que en este último no se compromete la calidad “porque en las universidades seleccionas a los mejores y luego creas una cuota, que puede no estar al mismo nivel de los mejores; en el sistema público no creo que se esté seleccionando a los mejores”. Sin embargo, “sí puede haber una brecha de habilidades entre unos y otros. Aquí también sería primordial hacer una evaluación de esas habilidades y poner en marcha entrenamientos para igualar rápidamente a todo el mundo”, recomienda Monteiro. Además, el profesor de INSEAD pone de relieve la importancia de que el sistema esté diseñado para llegar a los lugares más remotos del país con el fin de informar y facilitar que los individuos se presenten a las oposiciones de empleados públicos, mediante cursos preparatorios para los exámenes o, por ejemplo, solucionando el transporte a los lugares donde se realizan estas oposiciones. En definitiva, “en lugar de darles pescado, enseñarles a pescar”.
Ribeiro también reconoce el desequilibrio entre los alumnos procedentes de la enseñanza pública y la privada, pero destaca que un estudio ya clásico entre los que ingresan en la UNICAMP (Universidad Estatal de Campinas), una de las mejores universidades brasileñas, muestra que en “cerca de un año la diferencia entre cotizantes (beneficiarios de la acción afirmativa) y no-cotizantes disminuye o desaparece”. Aún siendo totalmente partidario de las políticas de acción afirmativa, él considera que las cuotas deberían ser adoptadas por un cierto número de años, “con metas claras de inclusión gradual, no haciéndose permanentes justamente porque, aunque Brasil no sea lo que se llamaba una democracia racial, las relaciones entre las diversas etnias son más permeables que en otros países”. Además, “las cuotas –que son sólo un tipo de acción afirmativa- benefician solamente a quien ya está a punto de efectuar su ascenso social: no son una política de inclusión de masas. Para efectuar una inclusión de masas, habría sido necesario tributar más fuertemente las clases propietarias, lo que ellas no aceptarían”.
Por otro lado, Anita Kon, profesora de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUCSP), aunque reconoce que la Ley de Cuotas ha contribuido al aumento de jóvenes afrodescendientes en la enseñanza de nivel superior, no garantiza que las poblaciones de color y más pobres puedan llegar a disputar las plazas que este sistema garantiza. Y lo ilustra con datos: Tras una experiencia de diez años de reservas de plazas o cuotas de acceso para personas de color en algunas instituciones de educación superior públicas, y según el Censo Nacional de Educación Superior, en 2010 representaban 29,6% del total de las públicas. El problema parece estar en la etapa educativa anterior. Datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) muestran que en 2009, del total de jóvenes de 18 a 24 años, “21% no habían concluido la enseñanza básica, 27% no concluyeron el bachillerato y sólo 33 % terminaron esta etapa educativa, pero sólo 19% tuvo acceso a la enseñanza superior, independiente de raza o color, de los cuáles la mayoría pertenecía a la clase más rica de la sociedad” dice.
Por eso Kon considera que la cuestión de la acción afirmativa en Brasil no debe estar dirigida sólo a la reserva de plazas para personas de color en la enseñanza superior, “sino debe comprender la cuestión social más amplia que está vinculada a la dificultad de acceso efectivo y la conclusión de los estudios de niños y jóvenes en los niveles anteriores de enseñanza, sobre todo de familias de clase menos privilegiada”. De esa forma, “a mi entender, ante las características propias de la población brasileña, que es diferente de otros países, las políticas públicas deberían corregir los cuellos de botella estructurales de la enseñanza y dar prioridad a la promoción de un recorrido escolar consistente y la mejora de este flujo escolar hasta la llegada a la educación superior, para jóvenes pertenecientes a las clases inferiores de renta, independiente de raza, color, sexo y condición de salud (que incluye deficientes físicos)”.
La importancia de la transparencia. La clave, para Monteiro, tanto en las cuotas y acciones afirmativas del sector educativo o las recientemente aprobadas en el sector público está “en asegurar que el proceso sea justo. Que se garantice que aquellos que obtienen el beneficio son realmente quienes dicen ser puesto que son los propios individuos quienes tienen que autodefinir su origen racial. Para que sea legítimo tiene que haber una total transparencia”. Además, la población, en general, tiene que creer que un sistema de este tipo es también más beneficioso para la sociedad y “la única manera de conseguirlo es que haya una sensibilización sobre el tema para se perciba así”.
Por último, el profesor de INSEAD advierte de que ahora, más que nunca, la sociedad brasileña esta mirando con mayor detenimiento la justicia en los procesos, prueba de ello son la ola de manifestaciones sociales y revueltas estudiantiles en el país, producto de la percepción que tiene la gente de que están sucediendo cosas injustas, como la corrupción política, los gastos excesivos en la Copa del Mundo, etc. “Hay que tener cuidado porque si la población percibe que se producen injusticias en los sistemas de cuotas o políticas similares pueden tener más efectos negativos que positivos”.
