El gobierno considera que su aportación servirá para "generar un resultado jurídico robusto" en el caso Iguala. En seis meses deberán presentar un informe con sus conclusiones.

Un grupo de expertos internacionales independientes viajará en marzo a México para iniciar sus trabajos sobre el caso Iguala, un caso que "ha confrontado a México y al mundo con el horror" tras la desaparición y asesinato en septiembre de 43 estudiantes mexicanos. La Cancillería mexicana emitió este viernes un comunicado en el que afirma que las recomendaciones de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) servirán para "generar un resultado jurídico robusto".

"Viajaremos a México el primero de marzo para reunirnos con las víctimas, con los peticionarios y las autoridades del Estado, así como con expertos implicados o que puedan tener información relevante para la investigación", explicó la portavoz del grupo, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz en una rueda de prensa en la sede de la CIDH.

"Confiamos en el apoyo de los familiares y sus representantes, de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las autoridades gubernamentales de México para poder desarrollar la importante labor que nos ha sido confiada, sobre un caso que ha confrontado a México y el mundo con el horror, y que supone un enorme desafío para el esclarecimiento y respuesta a los derechos de las víctimas y la justicia en este caso", añadió la ex fiscal.

Grupo multidisciplinar. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. Está formado también por otros cuatro expertos: el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el abogado colombiano experto en derechos humanos Alejandro Valencia Villa.

Su mandato inicial será de seis meses prorrogables. Tras ellos, presentarán un informe final, precedido de otro preliminar, en los que presentarán sus conclusiones. Evaluarán las acciones realizadas por el Estado mexicano y darán apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas; realizarán un análisis técnico de las líneas de investigación llevadas a cabo para determinar responsabilidades penales; y evaluarán las demandas y necesidades de las víctimas.

Martín Beristain explicó que "en términos psicológicos los familiares de los desaparecidos tienen una situación de pérdida permanente". "Hasta que no tengan una certeza sobre cuál ha sido el destino de sus familiares, es una herida permanentemente abierta".