Varias de las muertes registradas en Río de Janeiro podrían haberse evitado, según los fiscales estatales y federales, que acusan que funcionarios de alto rango trataron de quedarse con hasta US$72,2 millones a través de esquemas de corrupción que llevaron contratos inflados durante la pandemia.
Río de Janeiro. Cuando los pacientes con COVID-19 inundaron el sistema de salud pública de Río de Janeiro desde principios de abril hasta finales de mayo, el doctor Pedro Archer se encontró tomando decisiones desgarradoras.
Las personas que luchaban por respirar necesitaban ventiladores, pero no había suficientes para todos, por lo que quienes tenían posibilidades de recuperación escasas fueron dejados de lado.
"Cada turno era así", dijo Archer, cirujano de un hospital municipal en Río de Janeiro, una metrópoli de 6,7 millones de personas. "A veces, les daba sedantes solo para que no sufrieran pero eventualmente fallecían".
Algunas de esas muertes, dicen ahora los fiscales estatales y federales, podrían haberse evitado, que acusan que funcionarios de alto rango trataron de quedarse con hasta 400 millones de reales (US$72,2 millones) a través de esquemas de corrupción que llevaron contratos estatales inflados durante la pandemia.
Los negocios, dijeron, incluían tres contratos por 1.000 ventiladores, la mayoría de los cuales nunca llegaron al sistema de salud.
El secretario de Salud del estado de Río, Edmar Santos, fue arrestado el 10 de julio y acusado de corrupción en relación con esos contratos. Un abogado de Santos no respondió a una solicitud de comentarios.
Santos admitió haber participado en varias tramas que involucran licitaciones públicas amañadas, según documentos judiciales confidenciales preparados por investigadores federales que exponen las presuntas estafas y que fueron revisados por Reuters. Ahora es un testigo colaborador en la investigación, dicen los documentos.
Por otra parte, un juez federal suspendió de su cargo al gobernador del estado de Río, Wilson Witzel, el 28 de agosto por temor a que pueda interferir con las investigaciones ya que también enfrenta un proceso de acusación por presunto soborno.
Witzel negó haber actuado mal en un comunicado a Reuters. El vicegobernador Claudio Castro, quien lo reemplazó en agosto, no respondió a una solicitud de comentarios.
América Latina se ha visto muy afectada por la pandemia, con más de 8,9 millones de casos confirmados de coronavirus al 24 de septiembre, según un recuento de Reuters. Brasil ha registrado más de 139.000 muertes por COVID-19, solo superado por Estados Unidos.
Si la ciudad de Río fuera un país, su tasa de mortalidad per cápita por coronavirus sería la peor del mundo, según un cálculo de Reuters basado en datos de la Universidad John Hopkins. La metrópoli suma más de 10.000 decesos por la enfermedad y el estado unos 18.000 fallecidos.
La respuesta de la región a la pandemia se ha visto obstaculizada por varios factores, como la pobreza y el hacinamiento. Además algunos líderes, incluido el presidente de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han minimizado la gravedad de la pandemia.
Pero la expansión el virus también fue ayudada por la codicia. Al igual que en Brasil, investigadores en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú han alegado que funcionarios se llenaron los bolsillos a través de planes de corrupción relacionados con la pandemia.
En documentos judiciales que detallan las presuntas estafas en Río, los fiscales describen una serie de empresas delictivas interrelacionadas, en las que supuestamente se manipularon contratos de emergencia para máscaras, pruebas de coronavirus e incluso gel de manos.
Reuters revisó cientos de páginas de acusaciones de los fiscales, muchas de ellas confidenciales, y entrevistó a más de una docena de profesionales médicos y expertos que condenaron el oportunismo que dicen ha agravado los problemas relacionados con el coronavirus en Río.
"La pandemia permitió a los gobiernos gastar recursos significativos con mucha rapidez, mientras que los controles internos se relajaron debido a la emergencia", dijo Guilherme France, director de investigación de Transparencia Internacional en Brasil.
Un representante de Witzel dijo que el gobernador suspendido aumentó los controles internos en el gobierno del estado de Río, y agregó que durante su mandato había despedido a muchos servidores públicos acusados de "irregularidades".
Hospital fantasma. La respuesta a la pandemia del estado de Río requirió siete hospitales de campaña. Funcionarios del Ministerio de Salud del estado, conocido como SES, otorgaron contratos por 836 millones de reales (US$151 millones) a una organización de salud sin fines de lucro llamada IABAS para construir las estructuras, que debían estar listas antes del 30 de abril.
Solo dos hospitales están en funcionamiento, uno desde mediados de mayo y el otro desde fines de junio. A fines de julio, cuando la pandemia disminuyó en Río, una de esas estructuras ubicadas en la ciudad obrera de São Gonçalo fue desmantelada por la falta de pacientes.
Los contratos de IABAS son parte de un supuesto fraude encabezado por Mario Peixoto, un empresario local arrestado en mayo por supuestamente defraudar al sistema de salud del estado de Río.
Los documentos de la corte federal describen una trama compleja en el que los asociados de Peixoto supuestamente organizaron que los sobornos se enviaran a los funcionarios del gobierno para asegurar una serie de contratos de salud pública, incluidos los hospitales de campaña.
Los abogados de Peixoto dijeron que es inocente y no participó en el trato del hospital de campaña. Su juicio está pendiente.
Los fiscales no han presentado cargos contra IABAS. Pero en documentos judiciales confidenciales que presentaron pidiendo a un juez que autorizara el arresto de sospechosos adicionales, dijeron que no había "espacio para la duda" respecto a que la oferta ganadora de IABAS estaba contaminada por la corrupción.
IABAS dijo a Reuters que ganó los contratos ofreciendo el precio más bajo y que SES hizo cambios frecuentes al acuerdo, lo que ralentizó la construcción. Agregó que seis de las siete estructuras estaban terminadas o casi terminadas a principios de junio, cuando el estado de Río canceló su contrato y tomó el control de todos los sitios del proyecto.
En un comunicado enviado a Reuters, SES cuestionó las referencias de IABAS del progreso en las obras. Dijo que cuatro de los siete hospitales de campaña estaban lejos de estar completos cuando el estado asumió el control.
SES se negó a comentar sobre el alegato de IABAS de que el Ministerio de Salud hizo cambios frecuentes en el acuerdo de construcción, pero sostuvo que había ahorrado más de 500 millones de reales al suspender los pagos a IABAS luego de las acusaciones de corrupción hechas por los fiscales.
Respiradores desaparecidos. Los fiscales dicen que el gobierno del estado de Río también se apresuró a firmar contratos para respiradores con tres empresas que tenían poca o ninguna experiencia relevante.
Según documentos judiciales que resumen las conclusiones de los fiscales, Río otorgó el 21 de marzo a una empresa poco conocida, Arc Fontoura, un contrato por 68 millones de reales (US$12,3 millones) para proporcionar 400 respiradores para entrega inmediata. Desde entonces, auditores estatales han determinado que el Ministerio de Salud de Río pagó un margen de beneficio de casi el 200% del precio de mercado.
Arc Fontoura no había sido contratada previamente por el estado y los documentos fiscales indicaban que los ingresos anuales de la empresa no superaban los 4,8 millones de reales (US$870.000), dijeron los fiscales. Reuters encontró que la dirección de la compañía es una pequeña residencia en una zona de clase trabajadora de la ciudad.
Cuando Río recibió un pequeño lote de ventiladores de la compañía a fines de marzo, los trabajadores del hospital se quejaron ante SES de que las máquinas carecían de componentes clave, dijeron los fiscales en los documentos, que no aclaraban en qué hospital estaban ejerciendo los trabajadores sanitarios.
Arc Fontoura no respondió a llamadas telefónicas o correos electrónicos ni recibió a Reuters en su dirección indicada.
El 1 de abril, SES adjudicó contratos por un valor total de 116 millones de reales (US$20,9 millones) a otras dos firmas, MHS Produtos e Servicos y A2A Comercio, para suministrar 300 ventiladores cada una.
Los fiscales de Río identificaron rápidamente las irregularidades, según documentos judiciales, comenzando con el momento de las ofertas de las empresas. Las empresas poco conocidas presentaron sus propuestas menos de una hora después de que SES abrió la licitación, que no se anunció de antemano, una señal de que las firmas habían recibido un aviso, dijeron los fiscales.
Para el 8 de mayo, el departamento de salud del estado de Río dijo públicamente que de los 1.000 ventiladores que había pedido, solo se habían entregado 52, todos de Arc Fontoura. SES dijo a principios de mayo que había cancelado su contrato con A2A debido a "la incapacidad de la empresa para entregar" los ventiladores. A2A no respondió a las solicitudes de comentarios.
El propietario de MHS, Glauco Guerra, negó haber actuado mal y dijo en un correo electrónico que su empresa tenía una experiencia significativa en la prestación de servicios a agencias federales.
Explicó que presentó su oferta un día después de la apertura de la licitación, no dentro de unas pocas horas, como habían alegado los fiscales. Guerra dijo que SES ingresó los documentos de su oferta en su sistema informático de una manera que llevó a los fiscales a malinterpretar el cronograma.
Dijo que se entregaron 97 ventiladores a SES el 6 de junio y que la agencia luego canceló el contrato por el resto. Los fiscales estatales confirmaron en documentos públicos a los que tuvo acceso Reuters que 97 ventiladores ordenados por MHS habían llegado a un aeropuerto de Río a principios de junio.
SES señaló en un comunicado a Reuters que todos los contratos firmados "durante la pandemia están siendo auditados y revisados", y agregó que cualquier irregularidad será castigada. El Ministerio se negó a comentar sobre la afirmación de MHS de que sus documentos de licitación se ingresaron en el sistema SES de manera engañosa, citando investigaciones en curso sobre el asunto.
Archer, el cirujano, dice que su experiencia luchando contra el COVID-19 sin suficientes respiradores lo ha entristecido.
Durante el pico de la pandemia en abril y mayo, dijo que hasta 30 pacientes bajo su cuidado estaban esperando las máquinas. Muchos estaban demasiado inestables como para trasladarse a hospitales en otros lugares y finalmente murieron, dijo.
¿Cuántos pacientes podrían haberse salvado?. ¿A cuántos mató la corrupción?, se le preguntó.
"Es muy difícil aceptar cosas que sabes que están mal", dijo Archer.
