Después de que el presidente peruano, Martín Vizcarra, disolviera el Congreso, los parlamentarios ordenaron la destitución del mandatario y nombraron en su lugar a la vicepresidenta como "presidenta en funciones".
Lima. Una crisis institucional se desató la noche de este lunes en Perú, después de que el presidente, Martín Vizcarra, anunciara la disolución del Congreso y convocara a elecciones, según él, amparado en la Constitución.
Como respuesta, el Congreso, liderado por la oposición fujimorista, decidió a su vez suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses, alegando “incapacidad temporal”.
¿Qué pasó? Vizcarra había lanzado este domingo un ultimátum al Congreso peruano al anunciar que lo disolvería si le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados Tribunal Constitucional.
Según el mandatario, el voto de la moción de conciencia era necesario para impedir que ese alto tribunal fuera copado por la oposición fujimorista.
Por eso, la tarde del lunes en medio de un álgido debate por dicha moción de conciencia, rechazada por el Congreso, el mandatario anunció la disolución del parlamento alegando que estaba amparado en la Constitución.
Sin embargo, el giro inesperado se dio horas después cuando el organismo (en teoría disuelto por Vizcarra) decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión y no se quedó de brazos cruzados, sino que suspendió al mandatario de sus funciones por un año.
En medio de esta sesión, a la que no asistieron los congresistas leales a Vizcarra, también juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones” del país.
¿Por qué? Lo que sucedió este lunes en Perú refleja la grave crisis abierta entre el gobierno de Vizcarra y el Congreso de mayoría fujimorista.
La grave crisis política que vive Perú lleva cerca de tres años gestándose. Cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó en junio de 2016 a Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular desde entonces conserva las mayorías del Congreso (73 de los 130 curules), se desató un terremoto político que este lunes vivió uno de los capítulos más graves.
En este último episodio de las diferencias entre los poderes, los congresistas, en su mayoría fujimoristas, decidieron pasar por alto la petición de Vizcarra de reformar la elección de magistrados y continuaron con el nombramiento: el pleno del Congreso votó para elegir como nuevo miembro del Tribunal Constitucional al jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olachea, lo que de inmediato generó críticas.
En consecuencia, el gobierno de Vizcarra aseguró que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional no va acompañada de un proceso transparente y “no garantiza” la división de poderes en la nación, y procedió a suspender el Congreso.
Pero, en contra partida, los magistrados peruanos aseguraron que la decisión de Vizcarra era inconstitucional, por lo que continuaron con la agenda del día y posteriormente votaron a favor de la suspensión del mandatario.
Ahora, en medio del caos político y con la convocatoria a elecciones, Vizcarra afirmó que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro” del país.
¿Qué se viene para Perú? Según el decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, las elecciones anticipadas tendrán que celebrarse el 26 de enero de 2020. Sin embargo, la decisión de Vizcarra abrió el debate sobre si la suspensión del Congreso es inconstitucional.
La Constitución de Perú contempla en su artículo 134 la facultad del presidente para disolver el Congreso “si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros”, pero, el hecho de que Vizcarra hubiera realizado su anuncio solo segundo después de la aprobación de la cuestión de confianza por parte del Congreso, llevó a que el organismo asegurara que la acción era inconstitucional.
Si las elecciones convocadas por Vizcarra no se celebran en el plazo señalado por la Constitución, es decir, cuatro meses, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros”, asegura la Carta Magna.
Entre la incertidumbre, los responsables de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra y reiteraron “su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente”. En las calles, cientos de manifestantes también salieron a mostrar su apoyo al mandatario y a exigir que se cierre el Congreso.
Por su parte, la nueva presidenta encargada, Aráoz, solicitó la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar un espacio de mediación entre las fuerzas políticas del país.
