El proyecto de ley responde a años de presión internacional para que Brasil cumpla con los compromisos que hizo cuando firmó convenciones de la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Brasilia. Elpresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviará este lunes alCongreso un proyecto de ley que apunta a castigar a empresas quesobornen a funcionarios públicos, dijo el lunes la oficina presidencial.

El proyecto de ley responde aaños de presión internacional para que Brasil cumpla con loscompromisos que hizo cuando firmó convenciones de la ONU y de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con la propuesta,una empresa que sea descubierta sobornando a funcionarios públicoslocales o extranjeros pagará una multa de 1% a 30% de sus ingresos brutos e incluso podría ser clausurada, afirmóla oficina del presidente en una declaración.

Actualmente, las empresas queson descubiertas sobornando a funcionarios locales o extranjerossimplemente son vetadas de postular a futuros contratos gubernamentales.

El proyecto de ley tambiénimpediría que individuos procesados por fraude funden una nueva empresay sean capaces de postular nuevamente a contratos del gobierno.

Funcionarios de algunasempresas multinacionales que operan en Brasil se quejan privadamente deque se encuentran en desventaja debido a que las firmas locales noestán obligadas por duras leyes anticorrupción.

"Ha sido una espina en lasrelaciones con otros países", dijo Claudio Abramo, director ejecutivode Transparencia Brasil, un grupo local anticorrupción con sede en SaoPaulo.

"El proyecto de ley no acabará con la corrupción, pero hará más oneroso para las empresas practicarla o tolerarla", agregó.

Escándalos de corrupción. El gobierno de Lula se ha vistoafectado por una serie de escándalos de corrupción. Varios de los máscercanos colaboradores del primer mandatario se han visto obligados adejar sus cargos debido a acusaciones de fraude y chantaje.

Lula, un ex líder sindical,estuvo cerca de enfrentar un juicio político en 2005 debido a que eloficialista Partido de los Trabajadores (PT) realizó un plan definanciamiento de campaña ilegal.

Los críticos sostienen que Lulaa menudo a hecho la vista gorda a la corrupción para mantener lacohesión en su coalición gobernante y preguntan por qué esperó sieteaños de gobierno para recién ahora presentar el proyecto de ley.

Aún así, la influyente Orden deAbogados de Brasil (OAB) dio la bienvenida a la propuesta, al afirmarque no sólo deberían ser castigados los que reciban sobornos, sinotambién los que los ofrezcan.

"Es fundamental tener uncastigo efectivo para ambas partes", dijo el presidente de la OAB,Ophir Cavalcante, quien agregó que la corrupción era el mayor desafíoque enfrenta Brasil.

El país figura en el número 75entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción publicadopor Transparencia Internacional, el grupo global anticorrupción.

Pese a la mayoría de Lula en el Congreso, la aprobación del proyecto de ley aún es incierto.