Miembros de la comunidad maya K'iche' alzando carteles contra el mandatario cerraron la principal vía del occidente del país, en la primera gran manifestación contra el gobierno por no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Ciudad de Guatemala. Miles de guatemaltecos bloqueaban desde el alba del martes una de las principales carreteras del país en el segundo día de protestas para demandar al presidente Jimmy Morales que renueve la estadía de la misión anticorrupción de la ONU, a la que el gobierno acusa de ejercer "terror judicial" y violar leyes.

Miembros de la comunidad maya K'iche' alzando carteles contra el mandatario cerraban la carretera interamericana, la principal vía del occidente del país, en la primera gran manifestación contra el gobierno por no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y vetar el ingreso al país de su comisionado.

Ambas medidas han sido duramente criticadas por sectores nacionales e internacionales por considerarlas como un paso atrás en la lucha contra la corrupción, una ruptura del orden constitucional y un conflicto de intereses.

"Aquí estamos y no nos vamos", dijo Andrea Ixchú, representante de los manifestantes quienes vestían coloridos trajes típicos. A su alrededor, otros sostenían carteles con mensajes como: "No a la corrupción. Basta ya" y "Jimmy desde hoy estás despedido".

Hacia el mediodía las movilizaciones continuarán con un plantón en el Congreso donde protestarán por dos polémicas iniciativas: una que quiere control directo al legislativo -dominado por los aliados de Morales- sobre los desafueros y otra que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político.

La iniciativa que se discutirá este martes propone un cambio en la Ley de Antejuicios para que sea el Congreso, y no la Corte Suprema de Justicia, el que revise las solicitudes. Además, se busca que las peticiones de antejuicio que no obtengan los votos necesarios en el Parlamento, no puedan volver a presentarse.

La Corte Suprema de Justicia decidió en agosto dar trámite a la solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita. El procedimiento, pedido por la CICIG y la Fiscalía fue el tercero contra el presidente.

Las protestas se originaron después de que Morales anunció hace unos días poner fin al mandato de la CICIG, en septiembre de 2019, y prohibió el ingreso al país de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, acusándolo de atentar contra el orden y la seguridad pública.

La CICIG fue clave en la victoria de Morales en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.

Pero en enero del 2017, la Fiscalía y la CICIG acusaron al hermano y a uno de los hijos de Morales de participar en un fraude, lo que dañó sensiblemente la popularidad del mandatario quien ganó las elecciones con su lema "ni corrupto ni ladrón".