Cuatro activistas mapuche presos en Chile completaron este 6 de mayo un mes en huelga de hambre, en medio del fracaso de las negociaciones para anular sus juicios, impulsados bajo una polémica Ley Antiterrorista.

"Hay que seguir la huelga hasta las últimas consecuencias", declaró en ese marco Freddy Marileo, vocero de los reclusos y sus familias. Tras una reunión con el ministro de Justicia, José Gómez, Marileo dijo que tras el fracaso del diálogo lo que suceda con los activistas mapuche "es responsabilidad del gobierno" de Michelle Bachelet.

Las autoridades, aunque pidieron continuar el diálogo, alegaron que no está entre sus atribuciones anular los juicios, aunque sí pueden trasladar a los presos a penales más cercanos a sus comunidades.

Desde la cárcel, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctort Llaitul, dijo en diálogo con el diario electrónico mapuche "Mapuexpress" que "la criminalización contra los mapuche va a seguir como política de Estado".

Los presos José Mariano Llanca, Cristian Levinao, Leonardo Quijón y Luis Marileo reclaman que en sus juicios fueron usados testigos secretos pagados que no pudieron ser interrogados por la defensa.

La Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar (1973-1990), es cuestionada nacional e internacionalmente, incluso por Naciones Unidas. Los reclusos mapuche están presos, acusados de diversos actos considerados crímenes terroristas, pero que ellos enmarcan en su lucha por restitución de tierras ancestrales y autonomía.

La violencia en el sur de Chile, que recrudeció desde fines del siglo XX, dejó hasta ahora cuatro activistas mapuche muertos a manos de la policía, además de dos parceleros fallecidos a manos de mapuche, según la Justicia. Incluso Unicef denunció abusos, flagelos y baleos a decenas de niños de esa etnia por parte de la policía.

Restitución de tierras y mayor autonomía. El pueblo mapuche, principal etnia de Chile, demanda la restitución de tierras ancestrales y mayores niveles de autonomía, aunque con diversos matices y perspectivas. Desde 1990, tras el retorno de la democracia, los gobiernos entregaron o regularizaron la propiedad de 600.000 hectáreas a las comunidades mapuche, que no tienen una estructura jerárquica.

Los mapuche, que mantuvieron una guerra de 300 años con la corona española, viven tanto en las ciudades como en los campos, con índices de pobreza sobre el promedio nacional, según cifras oficiales. Varios de sus líderes comunitarios fueron juzgados bajo los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010).

Los tribunales, a petición del gobierno, aplicaron en esos juicios una polémica Ley Antiterrorista que permitía juicios dobles y el uso de testigos secretos pagados que no podían ser interrogados por los abogados defensores.