Los saqueos ocurrieron sobre todo en supermercados y centros de abastecimiento privados y del gobierno, aunque en ese período también fueron objeto de robos licorerías, tiendas de ropa y una agencia bancaria.
El Observador de Uruguay. El año 2018 comenzó con hambre en Venezuela. Solo en los primeros 11 días de enero, se contabilizaron 107 saqueos y 386 protestas en 19 estados.
Tratar de hacer rendir el dinero, conseguir alguna changa, recorrer bodegas, anotarse en las listas del gobierno para adquirir alimentos subsidiados o saltearse el desayuno, no alcanza. Nada de eso es suficiente.
El 14 de enero unas 2.000 personas habían intentado robar mercadería en 22 comercios en Calabozo, estado Guárico, lo que se repetiría en otras zonas del país.
Dos días después, un camión cargado con pollos fue saqueado en una carretera del estado Aragua; fue uno más de los muchos vehículos de carga interceptados y desvalijados en el camino.
Eso sucedió en particular en las carreteras de los estados Zulia, Trujillo y Portuguesa.
Las haciendas tampoco se salvan. El diputado Carlos Paparoni difundió el mes pasado un video que muestra a un grupo de personas cuando saqueaban una hacienda en Mérida y carneaban una vaca para poder comer.
Solo en esa región, se produjeron 300 robos de ganado en los primeros días de enero.
"Están sucediendo hechos inéditos: personas de clase media llegan a hurgar en la basura en las calles y esperan que los restaurantes tiren las sobras para comer", dijo a El Observador Julio de Freitas, antropólogo, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Los saqueos ocurrieron sobre todo en supermercados y centros de abastecimiento privados y del gobierno, aunque en ese período también fueron objeto de robos licorerías, tiendas de ropa y una agencia bancaria. "El país pasó del deterioro a la decadencia", reflexionó De Freitas.
Al mismo tiempo, comerciantes y camioneros, especialmente en el interior, temen abrir sus negocios o recorrer las rutas. La mayoría suelen estar armados.
En ese contexto, la Cámara de Comercio de Caracas realizó un llamado a la calma y a respetar la propiedad privada, señaló el presidente ejecutivo de esa entidad, Víctor Maldonado.
"Cuando la gente siente que el gobierno y las instituciones no pueden proteger a la población, toman los asuntos en propias manos", advirtió el empresario.
Por su parte, al dar una explicación tan sencilla como dramática, De Freitas comentó que "el hambre no espera". En su opinión, hoy está en juego en el país "la lógica del sálvese quien pueda".
Incluso, en aquellas zonas económicamente más vulnerables, algunos pobladores tienen dificultades para conciliar el sueño ante la amenaza latente de que sus casas puedan ser saqueadas.
Muchas calles son habitualmente cerradas con barricadas puestas por los vecinos y las zonas comerciales están militarizadas.
A pesar de esta situación, en el imaginario colectivo no hay rechazo a los saqueos, porque la necesidad de supervivencia es compartida.
"Un padre con un hijo pequeño enfermo y sin comer, ¿qué puede hacer?, ¿quién se anima a juzgarlo? No se justifican los saqueos, pero se entiende lo que sucede", acotó Maldonado.
El año pasado, tanto la Guardia Nacional como la Policía habían mostrado una posición bastante tolerante ante los saqueos. Los comerciantes eran vistos por las autoridades como responsables del problema de la escasez (se los acusaba de especular con sobreprecios), y casi no hubo arrestos.
El gobierno suele negar la profundidad de la crisis, que atribuye a "saboteadores" apoyados por Estados Unidos.
Las sanciones de la administración Trump a funcionarios venezolanos también alimentan el discurso del bloqueo desde el exterior.
A principios de enero, el presidente Nicolás Maduro había decretado nuevamente un estado de excepción y emergencia económica, tras lo cual el gobierno ordenó a los supermercados otra baja de precios.
El efecto fue inmediato: los consumidores arrasaron en dos días con los pocos alimentos que quedaban en los comercios, muchos de los cuales están quebrados y no volvieron a abrir.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que distribuyen bolsas de alimentos subsidiadas por el gobierno, no dan abasto.
En enero, revendedores hicieron negocio al comprarlas y luego venderlas a un precio mucho mayor al original.
