La reforma autoriza a la policía a realizar detenciones si tiene sospecha que está frente a un inmigrante ilegal. Los hispanos, la mayor minoría del país, demandan la intervención de Obama.

Phoenix. Manifestantes y políticos hispanos marcharon este domingo contra una nueva ley del estado de Arizona que ven como una violación a los derechos civiles, en momentos en que el gobierno de Estados Unidos enfrenta una creciente presión para que revise su política inmigratoria.

La reforma inmigratoria es un tema político delicado en Estados Unidos pero también una prioridad para los hispanos, que son la minoría más numerosa en la nación y una importante base de poder para el presidente Barack Obama y su Partido Demócrata.

Su descontento aumentó este viernes cuando la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, firmó y convirtió en ley una iniciativa que establece que la policía debe determinar si una persona está en el país de manera legal e interrogarla si existe la sospecha de que es un inmigrante ilegal.

También establece que los inmigrantes deberán llevar consigo sus documentos de identificación todo el tiempo.

El representante Luis Gutiérrez, demócrata y presidente de la Fuerza de Trabajo del Caucus Hispano sobre Inmigración del Congreso, afirmó que "voy a hacer que la gente de Arizona sepa que no está sola en la lucha contra la intolerancia y el odio".

Gutiérrez, uno de los asistentes a la protesta frente a los edificios del parlamento estatal el domingo en Phoenix, agregó que la nueva ley es una "catástrofe seria para los derechos civiles que los republicanos en Arizona han desatado contra los inmigrantes".

La ley ha creado el temor de que los hispanos serán perseguidos por su perfil racial y de que la policía perseguirá activamente a los inmigrantes ilegales, que según estimaciones son unos 10,8 millones en el país y forman la base de una economía en las sombras.

También se prevé que enfrentará cuestionamientos legales y se ha convertido en un tema candente al acercarse las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que los demócratas defenderán sus mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

Los republicanos, que lograron algunos avances entre los votantes hispanos bajo la presidencia de George W. Bush, son vistos como particularmente vulnerables respecto al tema de la inmigración, que hasta hace poco se había visto eclipsado por las peleas sobre la reforma de salud y el cambio climático.

Obama, quien con facilidad acaparó el voto hispano en las elecciones presidenciales del 2008, calificó a la ley como un esfuerzo "mal encaminado" que muestra la necesidad de una reforma inmigratoria a nivel federal.

Líderes demócratas indicaron durante la semana que quieren aprobar este año una iniciativa inmigratoria que brindaría un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos, muchas de ellas hispanos.

Esto molestó a los republicanos, entre ellos al senador Lindsey Graham, quién abandonó los intentos por elaborar una iniciativa consensuada sobre cambio climático, una de las principales prioridades nacionales de Obama.

Los hispanos y otros grupos han presionado a favor de una legislación inmigratoria que también incrementaría la seguridad fronteriza y reformaría las reglas para los trabajadores temporales en Estados Unidos, algo importante para la comunidad empresarial.

El senador Robert Menéndez de Nueva Jersey dijo el domingo al programa "State of the Nation" de CNN que los hispanos podrían alejarse de los centros de votación en noviembre si no hay un esfuerzo serio por parte de Obama para abordar el tema inmigratorio este año.

"Ellos lo ven como el tema de derechos civiles de su tiempo", declaró Menendez, refiriéndose a la comunidad latina.

La protesta en Phoenix atrajo a unas mil personas, algunas con banderas estadounidenses y que repartían camisetas con la leyenda "Legalize Arizona" (Legalicen Arizona).

Ramón García, un activista que viajó desde Tucson para asistir al mitín, dijo: "creo muy firmemente que la ley es extremadamente inconstitucional y racista, y que viola tanto los derechos humanos como los civiles".

Los republicanos en Arizona, estado que tendría unos 460.000 inmigrantes ilegales, impulsaron la nueva ley en medio de la preocupación creciente sobre seguridad fronteriza. El estado comparte una agitada frontera con México, donde la violencia ligada al narcotráfico se ha incrementado.

La preocupación aumentó el mes pasado luego de que un prominente ganadero murió baleado en su rancho en el sudeste de Arizona. La policía siguió pistas desde la escena del crimen hasta la frontera con México, pero no hizo arrestos.