La mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo que los acuerdos podrían ser rechazados si se comprueba que un testigo mintió o retuvo información.

Brasilia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió el jueves que tiene el derecho a rechazar acuerdos de delación compensada en investigaciones sobre corrupción, lo que podría debilitar una pesquisa que ha amenazado al Gobierno del presidente Michel Temer.

Una mayoría de la corte dijo que los acuerdos podrían ser rechazados si se comprueba que un testigo mintió o retuvo información.

El STF también debatió sobre si tiene el derecho a cambiar los términos de los acuerdos alcanzados con testigos, pero finalmente dictaminó que eso no podría suceder.

Una decisión favorable a cambiar los términos habría efectivamente puesto fin al proceso completo de delación compensada que es legal en Brasil desde 2013, aseguraron fiscales.

Actualmente corresponde a los fiscales federales determinar los detalles de los acuerdos de delación compensada, tales como si una persona que se convierte en un testigo estatal debe cumplir una pena de prisión o no, y si ese pacto debe ser aprobado por un solo juez.

La posibilidad de que los abogados de la defensa puedan solicitar al STF que decida los términos de los acuerdos podría reducir la velocidad a la cual se alcanzan esos pactos, dijeron a Reuters dos fiscales federales con conocimiento del asunto.

También aumentarían las ocasiones en las que unos términos más duros serían forzados a los potenciales denunciantes, agregaron los fiscales.

"Esta es una señal para aquellos que quieran llegar a un acuerdo con los fiscales y entregar cantidades sustanciales de pruebas de corrupción, de que no podrían beneficiarse realmente de hacerlo", dijo uno de los fiscales. "Sin lugar a dudas, esto reducirá el número de quienes se presenten a hablar", agregó.

Los acuerdos han sido un medio clave para que los fiscales federales desentrañaran lo que se ha convertido en uno de los mayores esquemas de corrupción del mundo, donde grandes empresas pagaron miles de millones de dólares en sobornos a políticos y ejecutivos de firmas estatales a cambio de contratos lucrativos.