Las diferencias entre el Gobierno y la fiscal Luisa Ortega surgieron después de que ella calificara como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de atribuirse las funciones del Parlamento.

Caracas.  El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió este martes una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte.

El antejuicio de mérito de la fiscal, solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño y admitido hoy por el Supremo, podría implicar el cese temporal en sus funciones de Ortega Díaz.

En un comunicado, la Sala Plena del TSJ explicó que esta decisión fue tomada de conformidad con el artículo 279 de la Constitución de Venezuela que establece que los "integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional (AN), previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia".

Las faltas de Ortega. El TSJ acordó además convocar a una "audiencia pública" y notificar a Ortega Díaz, al diputado oficialista Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano (instancia del Poder Ciudadano) para que comparezcan ante la Sala Plena del máximo tribunal "y expongan lo que consideren pertinente".

El pasado viernes el parlamentario Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal ante el Supremo y aseguró que Ortega ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa".

Las diferencias entre el Gobierno y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de atribuirse las funciones del Parlamento.

En los últimos dos meses Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron hace 81 días en la nación caribeña.

"Estado del terror". La fiscal consideró que la decisión de los jueces "es contraria al orden constitucional, al estado de derecho".

En una entrevista radial tras conocerse la decisión del TSJ, indicó que no ha tenido acceso al expediente para preparar su defensa y atribuyó la actuación como un mecanismo para perseguir a la disidencia política.

"Aquí está desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo. Estamos en un estado de terror", aseveró Ortega. "Se dictan sentencias que yo creo son inacatables y creo que el Estado puede ser disuelto", agregó.

Más temprano, la alianza de partidos de oposición respaldó a la fiscal frente a lo que calificó como un asedio contra ella ordenado por el presidente Maduro.

Por su parte, el vicepresidente Tareck El Aissami celebró la decisión. "¡Justicia!", escribió en su cuenta de Twitter.

El máximo organismo judicial acordó notificar a Ortega, a Carreño y a otras autoridades para que comparezcan ante su Sala Plena y agregó que estudia otras medidas pedidas por el diputado oficialista, como una cautelar para congelar sus bienes y la prohibición de salir del país.

"No reconocemos farsa de antejuicio de mérito del TSJ contra la fiscal Luisa Ortega, consumándose flagrante ilegalidad", escribió Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su cuenta de Twitter.

La fiscal general, una abogada de 59 años, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno si algo les sucede.

* Con información de DW y Reuters.