La Asamblea Nacional aprobó la ley para liberar y terminar las causas judiciales que se le siguen a figuras que la oposición considera como presos políticos y que el presidente Nicolás Maduro describe como criminales comunes.
Caracas. El máximo tribunal de Venezuela decretó este lunes que la ley de amnistía aprobada recientemente por la mayoría opositora del parlamento es inconstitucional, por lo que la norma no se podrá aplicar.
La Asamblea Nacional aprobó la ley para liberar y terminar las causas judiciales que se le siguen a figuras que la oposición considera como presos políticos y que el presidente Nicolás Maduro describe como criminales comunes.
El mandatario, que había prometido obstaculizar la ley, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que considerara si la norma contraviene los mandatos de la carta magna.
Entre las consideraciones de su decisión, la sala constitucional del TSJ dijo que "habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad constitucional".
La ley buscaba beneficiar a opositores de alto perfil que están en prisión, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.
"Esa ley de impunidad no va. Si queremos paz, esa ley no va", dijo Maduro en un acto para recordar un breve golpe de Estado que desbancó en 2002 a su antecesor Hugo Chávez, minutos antes de que el Tribunal publicara la decisión en su portal.
"La autonomía del Poder Legislativo no se discute", dijo la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter, donde divulgó un formulario solicitando firmas para "exigir al Gobierno" la promulgación de la ley.
La decisión del TSJ profundiza el conflicto entre los poderes públicos del país petrolero, al dejar sin efecto el trabajo del parlamento.
Una amnistía puede declararse inconstitucional si los beneficiarios han incurrido en crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos, habían dicho expertos. La oposición alegó durante la discusión de la norma que ninguno de los posibles beneficiarios fueron investigados o condenados por delitos de esta naturaleza.
