Según una encuesta realizada por la empresa Equipos Mori en abril, el 72% apoya una propuesta legislativa planteada por el diputado Luis Lacalle Pou en ese sentido.

El 72% de los uruguayos está a favor de eliminar los fueros a los legisladores, como propuso el diputado blanco Luis Lacalle Pou (Aire Fresco), a través de un proyecto de ley que está a estudio del Parlamento.

Según una encuesta realizada por la empresa Equipos Mori en abril, ese es el porcentaje de personas que contestó que estaba "de acuerdo" tras el siguiente planteo: "Como usted sabe, los parlamentarios en Uruguay tienen ´fueros´, esto significa que no pueden ser juzgados por ningún delito, salvo que la Cámara a la que pertenecen (Senadores o Diputados) lo autorice. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se eliminaran los fueros de los legisladores?".

El 13% dijo estar en desacuerdo, 8% no se inclina por ninguna de las dos opciones y 7% no contestó.

A finales de 2011, cuando cumplía funciones como presidente de la cámara baja, Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para evitar que sus pares se valgan de los fueros con la finalidad de eludir sus responsabilidades ante el Poder Judicial.

"Muchas veces el legislador se ampara en sus fueros para evadir a la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando, por ende, este instituto", dice la iniciativa de Lacalle Pou.

La legislación vigente establece que cada vez que un juez quiere iniciar un proceso penal contra un parlamentario debe pedir que se levanten sus fueros.

En el proyecto de Lacalle Pou -que de ser aprobado deberá ser ratificado en un plebiscito junto con las próximas elecciones- se señala que estos fueros no son privilegios de carácter personal sino que tienen por finalidad preservar el ejercicio de la ffunción del legislador.

En el caso de Uruguay, los fueros ya estaban presentes en la Constitución de 1830 y establecen que ningún legislador será responsable por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función.

Pero, en un artículo que históricamente se ha prestado para diversas interpretaciones, la Constitución señala: "Ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el día de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes (...) sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos de total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Este artículo, según Lacalle Pou, se presta para que los parlamentarios asuman una postura corporativa que protege, incluso, a los pares que no merecen ser protegidos.

"En la actualidad este sistema ha demostrado muchas veces que el legislador se ampara en sus fueros para evadir la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando, por ende, este instituto. Como consecuencia, la Justicia competente no puede siquiera iniciar el proceso penal sin antes tenetener que solicitar ante el Poder Legislativo el desafuero del legislador, lo que supone, a su vez, que el legislador, además de ampararse en sus fueros, se ampare en las mayorías parlamentarias para que aquellos no se levanten. Esto no es concebible en pleno estado constitucional de derecho, donde toda interpretación jurídica e institucional debe ser realizada y contextualizada al amparo del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos", dice el proyecto en su parte medular.

En ese sentido, se propone eliminar "el fuero de acusación penal o de procesamiento" de modo que los legisladores se vean obligados a comparecer ante la Justicia.

"En el caso de que un legislador sea procesado con prisión, el mismo quedará automáticamente suspendido en sus funciones, debiendo ser suplantado de conformidad con el régimen de suplentes que rija el caso concreto. El mecanismo de la suplencia coadyuva, en este aspecto, a no alterar el funcionamiento parlamentario ni la representatividad del cuerpo", señala el proyecto.Por último, en la propuesta se advierte que si bien los fueros de los legisladores son importantes para ampararlos en sus dichos frente a los otros poderes del Estado, no menos importante es "el libre ejercicio" de la función judicial.