Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías federales, sobre todo detención arbitraria y tortura, subieron el 2010 a casi 600 casos, cuatro veces las registradas en el 2006, según datos de la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

México DF/Ciudad de Juárez. México está gastando como nunca en su policía federal para avanzar en el combate a los cárteles del narcotráfico, intentando dejar atrás una larga historia de corrupción, abusos e incompetencia.

Pero para Antonia Rentería y otras personas, el esfuerzo por ahora es fallido.

Rentería acusa a agentes federales de haber torturado a sus dos hijos para arrancarles confesiones falsas en la norteña Ciudad Juárez, sobre la frontera con Estados Unidos.

Los jóvenes fueron arrestados el año pasado como sospechosos de haber hecho estallar explosivos en un coche, en uno de los más audaces ataques contra las autoridades supuestamente por parte del cártel de Juárez.

Rentería dice que su hijo de 20 años, Víctor, fue golpeado y violado por policías que lo custodiaban.

"Yo siento impotencia y miedo. Miedo porque no quiero que a otras personas les pase lo que estamos viviendo nosotros, ese es mi miedo, porque es lo peor que le puede pasar a uno de madre. ¿Vienen a cuidarnos? No es cierto, ellos son los que nos atacan", dijo la mujer, desempleada, en su modesta vivienda.

Desde que asumió, en diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón ha aumentado el presupuesto para seguridad y llevado a la Policía Federal de 6.000 a 35.000 efectivos.

La asistencia financiera de Estados Unidos ha ayudado a proveerlos de equipamiento de primera generación y entrenamiento para crear una fuerza modelo que pueda liderar la campaña contra el narcotráfico y ha dejado de lado a los cuerpos estatales y municipales, a menudo acusados de trabajar para el enemigo.

Pero los resultados no han sido los esperados y crecen las denuncias de abusos en distintas partes del país.

Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por los federales, sobre todo detención arbitraria y tortura, subieron el 2010 a casi 600 casos, cuatro veces las registradas en el 2006, según datos de la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las investigaciones de estos casos a menudo no van muy lejos. Entre diciembre del 2006 y junio del 2010 se abrieron 41 investigaciones por acusaciones de tortura de las cuales sólo una pasó a juicio, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal).

Calderón ha reconocido las debilidades de las policías y utilizado a soldados y marinos para operativos contra los cárteles del narcotráfico, que han tenido un rol clave en la captura o muerte de varios capos.

Pero ha dicho que es necesario fortalecer a la policía como solución final y propuesto un mando único, disolviendo las policías municipales que son las más proclives a ser reclutadas por las organizaciones del narco, que se dedican también a extorsiones y secuestros.

Sin embargo, este proceso marcha muy lento, así como la implementación de una reforma al sistema de justicia que creó los juicios orales.

Mientras tanto, la violencia no cesa y más de 44.000 personas han muerto durante el actual mandato. La estrategia contra el narcotráfico está siendo seriamente cuestionada por esto y por los reportes de abusos, no sólo de la policía sino también del Ejército y la Marina.

Analistas creen que estas son algunas de las razones por las cuales el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por 71 años hasta el 2000, podría regresar al poder en las elecciones presidenciales del 2012.

Allanamientos. La presidencia no respondió a solicitudes de comentarios sobre los datos de la CNDH, pero ha dicho que su estrategia está dando resultados con la captura de jefes del narco y una reducción en los homicidios en áreas como Ciudad Juárez, donde este año han muerto 1.550 personas, contra 3.622 en el 2010.

Pero el número total de muertes relacionadas con el narcotráfico sigue aumentando y el incremento de la seguridad en algunas áreas no logra dejar atrás una profunda desconfianza hacia la policía.

En una encuesta sobre la percepción de seguridad realizada en septiembre por la agencia de estadísticas oficial, un 46% de los mexicanos dijo que tiene poca o ninguna confianza en la policía federal y las policías locales salieron peor paradas, con un 60%.

La confianza ha sido aún más golpeada por un salto en el número de allanamientos no autorizados por parte de las fuerzas de seguridad, que se han más que triplicado desde el 2005. Y muchos de esos allanamientos no son reportados.

"La gente tiene miedo a presentar las quejas. O lo practican con tanta frecuencia que la gente lo ve como normal", dijo Marat Paredes, de la CNDH.

En un caso reciente, un grupo de más de 20 policías federales irrumpió en la casa de "Amelia" en un distrito de clase media baja de Ciudad de México, buscando a su sobrino de 21 años, sospechoso de vínculos con el crimen organizado.

Guiados por dos sospechosos esposados en sus camionetas, y sin una orden de cateo, los federales entraron en la casa de la familia, obligando a su esposo y a su hijo a arrodillarse a punta de pistola.

"La tenían (a la esposa de su sobrino) en el suelo como cristo, en el suelo apuntándole un ametralladora a la cabeza", dijo Amelia, quien pidió que su nombre no fuera revelado.

Cuando todo terminó, los policías se fueron sin haber hecho ningún arresto, pero no con las manos vacías. Unos US$450, un Ipad, una chamarra de piel y varios celulares habían desaparecido, agregó.

Amelia dijo que hubiese cooperado si los policías le hubiesen explicado qué estaban buscando, pero que ahora su opinión sobre ellos se arruinó.

"Dicen que ya están limpiando el crimen organizado (...) y con esto va a terminar con todas las drogas y el narcotráfico, ¿Pero al precio de lo que sea?", preguntó.