El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, reveló a Reuters que hubo hallazgos relevantes al cruzar información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche del hecho.

México investiga a policías estatales y federales para verificar si tienen responsabilidad en la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en septiembre del 2014, luego de que un grupo de expertos y el Ombudsman del país advirtieron que otros agentes habrían participado en el emblemático caso.

El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, reveló a Reuters que hubo hallazgos relevantes al cruzar información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche del hecho, así como de detenidos y de los propios estudiantes, algo que no se hizo exhaustivamente en la primera fase de la investigación entre 2014 y los primeros meses del 2015.

"Esta es una investigación que rebasa cualquier situación, tanto por el número de víctimas como por el número de participantes", dijo Higuera en una entrevista para explicar la complejidad del caso, cuya pesquisa tuvo que prácticamente reiniciarse luego de que un grupo de expertos y la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos mostraran las fallas.

Durante el primer año, las autoridades se centraron únicamente en investigar a policías municipales de Iguala, en el sureño estado Guerrero, a donde un centenar de estudiantes de magisterio llegaron el 26 de septiembre para llevarse autobuses a una protesta, y a los de la localidad vecina de Cocula.

Allí fueron atacados por policías municipales, secuestrados y supuestamente entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en una enorme pira, según la primera versión del Gobierno, la cual ha sido duramente cuestionada por expertos.

Higuera dijo que cerca de 100 nuevas declaraciones fueron recogidas entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales (de investigación) de Guerrero y 19 de policías federales que estarían involucrados en el caso.

"Han declarado elementos de todas las corporaciones, incluyendo en ésto, naturalmente, elementos del orden federal", dijo el funcionario, quien asumió su cargo el 1 de junio, un mes después de que un grupo de expertos extranjeros nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara severas fallas en la investigación del Gobierno.

El grupo determinó que hubo obstrucciones a la investigación del caso, uno de los más graves de desaparición forzada cometidos en el país, así como torturas a detenidos y posible manipulación de evidencia por parte de un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR, o fiscalía federal).

Además dijo que la desaparición de los estudiantes, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero, formó parte de un vasto operativo en el que participaron policías municipales de varias localidades alrededor de Iguala, así como estatales y federales que nunca habían sido indagados.

"No es sólo llamarlos a declarar. Los hemos investigado en distintos aspectos, como su historial laboral, su foja de servicio, su modo de vivir y su situación financiera", dijo Higuera, pero admitió que hasta ahora ninguno ha sido detenido.

En busca del "caminante". El fiscal adelantó que están tratando de ubicar a una persona que en los teléfonos aparecía registrada como el "Caminante", a quien unos 20 policías llamaron decenas de veces durante las horas en las que los estudiantes eran atacados y detenidos en las calles de Iguala, entre las 21.00 horas del 26 de septiembre y la 01.00 del día siguiente.

El ex fiscal Jesús Murillo Karam, quien inició las investigaciones y fue relevado meses después por el presidente Enrique Peña Nieto a medida que el caso desbordó políticamente al Gobierno, dijo en enero del 2015 que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, una localidad vecina a Iguala.

Pero ahora, a la luz de los últimos informes de los expertos y de otros especialistas, la fiscalía analiza, entre otras líneas de investigación, si los jóvenes pudieron haber sido separados en grupos y llevados a distintos lugares.

Para ello están utilizando una tecnología llamada LIDAR, utilizada en arqueología, para ubicar posibles fosas en un radio que abarca no solo Iguala y Cocula sino también municipios cercanos como Huitzuco y Tepecoacuilco, todos en Guerrero.

Uno de los abogados de los familiares de los jóvenes, Santiago Aguirre, reconoció que ha habido avances en la investigación sobre todo en el análisis de la tecnología y en llamar a declarar a más policías.

Pero los familiares dicen que no se volverán a sentar con las autoridades hasta que no sea destituido Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, señalado por los expertos como sospechoso de manipular las diligencias que condujeron a la identificación mediante un pequeño resto óseo del único de los estudiantes desaparecidos..

Casi dos años después de la desaparición de los jóvenes y con un expediente de más de 200 tomos, el fiscal no promete prontos resultados: "No podemos (...), por la naturaleza misma de un trabajo de investigación, el establecer un tiempo para la conclusión del tema".