El Gobierno mexicano ha estado envuelto durante una década en una guerra contra los cárteles de la droga y ha utilizado vigilancia para luchar contra sus operaciones de tráfico, extorsión y secuestro.
El aumento de las solicitudes de vigilancia electrónica por parte del Gobierno en México despierta preocupaciones sobre la falta de supervisión a las autoridades, en un país plagado de corrupción y de colusión entre funcionarios y grupos criminales.
El año pasado, los operadores de telefonía móvil registraron más de 55,000 solicitudes de las autoridades para obtener información sobre llamadas de ciudadanos, sus mensajes y datos de localización, casi un 25 por ciento más que en el 2013, según cifras de la industria obtenidas por Reuters.
El Gobierno mexicano ha estado envuelto durante una década en una guerra contra los cárteles de la droga y ha utilizado vigilancia para luchar contra sus operaciones de tráfico, extorsión y secuestro.
Sin embargo, la corrupción es un problema cotidiano en el país. A las empresas de telefonía y a los activistas de privacidad les preocupa que el sistema esté plagado de huecos, y una flamante pero ambigua ley de telecomunicaciones enfrenta el riesgo de dar a la gente equivocada el derecho a pedir información personal.
"No hay control de quiénes pueden pedirlo realmente", dijo Fernando Belaunzarán, un candidato a dirigir al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). "Hay corrupción. Y además están infiltrados los policías por el crimen organizado (...) ¿En manos de quien está esta información?", agregó.
La filtración de documentos de Edward Snowden, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el 2013, reanimó el debate sobre la vigilancia a nivel mundial y, en particular, en torno a cuánto poder debe tener el Gobierno para espiar a sus ciudadanos y la forma en que deben rendir cuentas.
El presidente Enrique Peña Nieto ha descrito a la corrupción como un problema cultural en México y la fuga de una prisión de alta seguridad del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en julio puso de relieve el problema de funcionarios coludidos con grandes jefes del crimen organizado.
Funcionarios del sistema penitenciario y miembros de la agencia mexicana de inteligencia han sido acusados de la fuga.
El año pasado, agencias federales y estatales también gastaron más que cualquier otro país en el software de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, según documentos filtrados recientemente.
El principal producto de Hacking Team permite a gobiernos descifrar mensajes encriptados para espiar a sus objetivos. Las cifras de la industria serán publicadas en un reporte anual del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y de Anatel, un organismo que representa a empresas de telecomunicaciones como América Móvil, Telefónica y AT&T.
El informe del 2013 documentó un aumento del 12 por ciento. Una solicitud puede contener varios números telefónicos.
FALTA DE SUPERVISIÓN
Las leyes estadounidenses y brasileñas requieren autorización judicial para acceder a más tipos de datos privados que las de México.
Sólo tres por ciento de las peticiones de vigilancia electrónica en México el año pasado fueron aprobadas por un juez, según datos de la corte federal, mientras que la autorización para el resto fue dejada en manos de las empresas de telecomunicaciones. "Nadie vigila al vigilante", dijo Juan Pablo Adame, un ex legislador del conservador Partido Acción Nacional(PAN), que respalda más controles sobre la vigilancia.
Las compañías de telecomunicaciones pueden ser castigadas por el regulador si no entregan información, dándoles poco incentivo para librar costosas batallas en la materia.
Las personas que son sujeto de vigilancia no reciben notificación posterior al hecho y no tienen forma de enterarse, por lo que es casi imposible llevar un caso a los tribunales.
La vigilancia electrónica podría reforzarse con un nuevo código de procedimiento penal a nivel nacional, que especifica que los fiscales requieren aprobación judicial para pedir acceso a metadatos, pero que aún no se ha aplicado plenamente.
En Estados Unidos, el Gobierno reporta cuántas personas fueron detenidas y condenadas como resultado de las intervenciones telefónicas utilizadas en las investigaciones criminales. En México, no existe tal informe.
El Gobierno de Peña Nieto declinó responder cualquier pregunta específica sobre las políticas de vigilancia electrónica.
"La Presidencia no tiene comentarios a este tema, entre otras razones porque, suponiendo que los datos que manejas en tus preguntas estén corroborados y las inferencias sean correctas, se trata de un asunto de seguridad nacional", dijo el portavoz presidencial Paulo Carreño en respuesta a las consultas.
La Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía del país, no comentó sobre las causas del aumento en las solicitudes de vigilancia, aunque el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo que el uso de vigilancia por parte de la entidad es responsable y enmarcado en la ley.
La agencia de seguridad nacional Cisen dijo que los resultados de la vigilancia están reservados. La Policía Federal declinó comentar.
PREOCUPA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES
La reforma de las telecomunicaciones, aprobada el año pasado, podría facilitar la vigilancia por parte del Gobierno, aseguran sus críticos.
Telefónica, Nextel (de AT&T) y América Móvil se quejaron ante el regulador de que la ley es demasiado vaga en lo que se refiere a permitir a funcionarios solicitar los datos de llamadas, mensajes y ubicación.
"Debe limitarse el número de autoridades que estén facultadas para pedir la información, por el tema de seguridad y certeza jurídica", dijo Telefónica en una consulta pública en el sitio del regulador en internet.
AT&T afirmó que cumple con el Gobierno cuando las solicitudes se realizan conforme a la ley. A partir de la nueva ley, América Móvil -que tiene alrededor del 70 por ciento del mercado de telefonía móvil de México- ha recibido solicitudes de información de parte de autoridades que nunca lo habían hecho previamente, dijo la portavoz Paula García.
Estas incluyen al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Ni el INE ni la UIF respondieron a los pedidos de comentarios.
El regulador mexicano de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicará próximamente el reglamento de seguridad, después de casi un año de debate. Paulina Martínez, directora general de consultoría jurídica del IFT, dijo que la nueva legislación no amplía los poderes de vigilancia. Javier Lozano, un senador del PAN que ayudó a redactar la ley, también coincidió, aunque hizo hincapié en que un rango de funcionarios necesita más habilidades para espiar.
"Veo cómo la delincuencia organizada muchas veces le gana la batalla al Estado mexicano porque están mejor organizados que nosotros", dijo.
