El optimismo sobre el futuro estaba en su punto más alto y expresiones como "México se está transformando", "los astros se han alineado" y el país tiene una "oportunidad histórica" sustituyeron en el discurso oficial las referencias al narcotráfico y a la violencia, pero...
México. México cierra 2014 inmerso en una profunda crisis por la desaparición de 43 estudiantes, un caso que echó por tierra la imagen positiva que el presidente Enrique Peña Nieto había proyectado al mundo con la aprobación de una ola de reformas estructurales.
Peña Nieto promulgó en agosto pasado las leyes reglamentarias de la reforma energética, que abrió el sector al capital privado tras más de siete décadas de monopolio estatal, y puso fin al ciclo reformador que inició al asumir el poder en diciembre de 2012.
El conjunto de leyes fue aprobado a pesar del rotundo rechazo de la izquierda, que apostó sin éxito a la convocatoria de una consulta popular para revertir los cambios en el sector, toda vez que la Corte Suprema de Justicia la consideró inconstitucional.
Con el nuevo modelo energético, el gobierno prometió elevar el crecimiento en el mediano y largo plazo, atraer anualmente US$10.000 millones de inversión extranjera y crear 500.000 empleos.
Tras una intensa fase parlamentaria, en la que también fueron aprobadas las leyes reglamentarias de las reformas en telecomunicaciones, competencia económica y político-electoral, el Ejecutivo puso la mira en una rápida y eficaz implementación.
El 1 de septiembre Peña Nieto presentó un segundo informe de gobierno centrado en las reformas impulsadas en el campo económico para "apuntalar" el crecimiento, mientras en el terreno de la seguridad presumió de la reducción de la violencia y de los índices delictivos.
El optimismo sobre el futuro estaba en su punto más alto y expresiones como "México se está transformando", "los astros se han alineado" y el país tiene una "oportunidad histórica" sustituyeron en el discurso oficial las referencias al narcotráfico y a la violencia.
Pero la desaparición de 43 estudiantes de una escuela para maestros del sur de México la noche del 26 de septiembre pasado cambió la narrativa y recordó a millones de mexicanos que los años duros de la violencia del mandato de Felipe Calderón (2006-2012) no habían terminado.
Alumnos de entre 18 y 21 años de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala (Guerrero) por policías cuando se desplazaban en varios autobuses que habían tomado. Seis personas murieron, incluidos tres estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Además, 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que se encargaron de asesinarlos e incinerarlos para hacer desaparecer su rastro, según el testimonio de tres de los 80 detenidos por el caso y en el que no creen que los familiares.
De acuerdo con la investigación oficial, los ataques fueron ordenados por el alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos presuntos operadores de Guerreros Unidos y actualmente presos.
El móvil: impedir que los jóvenes, involucrados en un ataque a la alcaldía en 2013, arruinaran un acto en el que la esposa de Abarca lanzaba su candidatura para competir por la presidencia municipal en las elecciones de 2015.
Sin embargo, se habla de otro móvil del que la fiscalía no ha informado públicamente: y es que uno de los autobuses que habían tomado los jóvenes llevaba droga y por ello la persecución de los policías y la participación del cártel en su desaparición.
El caso generó gran indignación dentro y fuera del país tanto por la actuación tardía del gobierno federal, que asumió la investigación ocho días después, y la participación de funcionarios en los hechos.
Los padres de familia y los compañeros de los jóvenes, tradicionalmente muy combativos, encabezaron un movimiento para exigir al Gobierno la aparición con vida de los 43 estudiantes y aplicación de la justicia en un país con más de 22.000 desaparecidos.
La sociedad, cansada de la violencia, la corrupción y la impunidad, ha salido a las calles en solidaridad con los estudiantes, pero también para demandar la renuncia de Peña Nieto, afectado estos días por varios escándalos por supuesto tráfico de influencias.
En las últimas semanas investigaciones periodísticas revelaron que dos figuras de su entorno más cercano, su esposa Angélica Rivera y su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, compraron sendas casas a un contratista del Gobierno que este año ganó, en consorcio con otras firmas, una licitación para construir un tren de alta velocidad.
Peña Nieto canceló dicha licitación en noviembre pasado, después de una avalancha de críticas por un proceso que solo contó con un participante, e hizo pública su declaración patrimonial para darle más "confianza a los mexicanos".
Apremiado por las multitudinarias protestas en el país, algunas de las cuales han derivado en actos violentos, y con su estrella internacional en declive, el presidente anunció una plan de seguridad que incluye tres reformas constitucionales que buscan atajar la infiltración del crimen organizado en los municipios.
Sin embargo, las medidas fueron calificadas como "cosméticas" e "insuficientes". En opinión de los partidos de oposición, no resuelven el problema de fondo de la inseguridad, debilitan a los municipios y fortalece a los estados, donde también se infiltran las mafias.
Con un plan de seguridad que no convence, un movimiento social que no tiene pinta de ceder y elecciones legislativas en puerta, Peña Nieto afronta un 2015 difícil, en el que tendrá que demostrar con hechos que el México de sus discursos no es una utopía.
