Los países centroamericanos acordaron con México impulsar acciones, tanto para apoyar a los migrantes, como para combatir al crimen organizado. La idea es compartir información y planificar operaciones contra la delincuencia.
México acordó con El Salvador y Guatemala impulsar medidas con el fin de dar seguridad a los migrantes y combatir el crimen organizado.
Tras una reunión entre delegaciones de México y El Salvador, ambas naciones declararon su disposición para impulsar bilateralmente “basadas en el principio de la responsabilidad compartida, para confrontar de manera enérgica a la delincuencia organizada transnacional que afecta sus respectivas naciones”.
Asimismo, ambas naciones “rechazaron las políticas antiinmigrantes y convinieron en que redoblarán sus esfuerzos para prevenir y, en su caso, combatir los delitos cometidos contra los migrantes en sus respectivos territorios”.
El Salvador y México crearán mecanismos para fortalecer el intercambio de información, la coordinación específica para la planeación de operaciones contra la delincuencia organizada transnacional en cada país, especialmente la que afecta a los migrantes.
Las delegaciones de los dos países “explorarán formas para fortalecer los mecanismos legales existentes para la investigación de los delitos que afectan a los migrantes en sus respectivos territorios”.
Acuerdos con Guatemala. En tanto, este miércoles, los gobiernos de Guatemala y México, tras una reunión en el país centroamericano, “coincidieron en que la delincuencia organizada transnacional representa la mayor amenaza para los migrantes en tránsito por la región y que la mejor manera de enfrentarla es mediante la cooperación internacional, basada en el principio de responsabilidad compartida”, informó la secretaría de RR.EE. mexicana.
Con este fin, determinaron revisar los mecanismos bilaterales de diálogo y cooperación, para asegurar el entendimiento y coordinación de las autoridades.
Las delegaciones de ambos países coincidieron en “dar seguimiento puntual a la investigación de los delitos y abusos cometidos contra migrantes en sus respectivos territorios, para castigar a los responsables, fortaleciendo el intercambio de información al respecto”.