Los documentos, a los que Excélsior tuvo acceso, muestran que de esos 29 instrumentos jurídicos, siete ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que otros 22 están pendientes para su promulgación por parte del Ejecutivo federal.
Ciudad de México. En los 112 días que duró el primer periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura, senadores y diputados concretaron 29 instrumentos jurídicos que, sin incluir el paquete económico 2013, implican 101 beneficios en los rubros económico, político y social, según dos documentos de análisis sobre el trabajo legislativo.
Los documentos, a los que Excélsior tuvo acceso, muestran que de esos 29 instrumentos jurídicos, siete ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que otros 22 están pendientes para su promulgación por parte del Ejecutivo federal.
También está el caso de la recién aprobada reforma educativa, que emprendió su recorrido por los Congresos estatales.
El recuento de los logros en el inicio de la Legislatura excluye los cambios logrados sólo por una de las Cámaras, es decir, el documento se concentra en las nuevas leyes y reformas que contaron con el aval de ambas.
Entre ellas están cuatro que fueron enviadas por el Ejecutivo Federal también en estos 112 días, como son los casos de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fueron propuestas por el entonces mandatario Felipe Calderón, así como la educativa y los ajustes a la administración pública federal, que correspondieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
A su vez, entre las reformas aprobadas por una sola de las Cámaras está la constitucional en materia de transparencia, que se quedó a la mitad del camino al ser avalada sólo por el Senado.
Será a partir de febrero próximo cuando la Cámara de Diputados la revise, para que después salga a su recorrido para sumar la aprobación de los Congresos estatales.
Cuentas claras. Entre los 101 beneficios que las nuevas disposiciones jurídicas acarrean para el país, se menciona, por ejemplo, que para el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental destaca la obligación de presentar la información financiera correspondiente a las etapas de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, conforme a las normas y los formatos que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Que la Secretaría de Hacienda y Cédito Público y las secretarías de finanzas de los estados definan enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera, incluyendo las delegaciones del Distrito Federal y los municipios.
Asimismo, se menciona publicar por internet cuando menos trimestralmente la información, misma que además deberá difundirse dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda conservando en el portal los últimos seis ejercicios fiscales.
Además de establecer la obligación de incluir a las respectivas leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, apartados específicos con fuentes de los ingresos y obligaciones de garantía o pago causante de la deuda pública u otros pasivos.
También las prioridades de gasto, los programas y proyectos principales, así como la distribución del presupuesto. El listado de programas que serán sometidos a evaluaciones del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de recursos.
Que los gobiernos estatales, municipales y delegacionales deberán elaborar y difundir en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera.
Que los legislativos y los ayuntamientos, a través de internet, difundan la composición final de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos aprobados, así como los calendarios de ingresos y egresos dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación del presupuesto correspondiente.
Nuevas reglas. Otro ejemplo mencionado en esos documentos son los beneficios de la reforma laboral, que incorpora la noción de “trabajo decente” e incluye como nuevas modalidades de contratación los periodos de prueba, y los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada.
Asimismo, regula la subcontratación de personal u outsourcing, tipifica como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, y otorgar mayor protección y seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar en el extranjero.
También permitirá “incluir una nueva causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, consistente en que el patrón le exija la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra su dignidad”.
Además, fortalecer los derechos de la mujer trabajadora: prohibir la discriminación por cuestiones de género; la realización de actos de hostigamiento o acoso sexual; la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez para el ingreso y permanencia y ascenso en el empleo.
Permitir que las mujeres trabajadoras puedan distribuir las semanas de descanso pre y posnatal, efectuar el pago de los salarios a través de medios electrónicos y establecer un límite a la generación de salarios vencidos hasta por un periodo máximo de 12 meses.
