La mexicana Alejandra Ancheita recibió el prestigioso Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos. En entrevista exclusiva con DW, la activista analiza la situación de los derechos humanos en su país.

Este martes (7.10.2014), la abogada mexicana Alejandra Ancheita fue galardonada con el prestigioso Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos, una distinción que otorgan organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En 2005, la activista fundó la ONG PRODESC que asesora y acompaña legalmente a inmigrantes y comunidades indígenas frente a compañías trasnacionales que explotan recursos naturales en sus tierras.

DW: ¿Qué significa para usted el Premio Martin Ennals para Defensores de Derechos Humanos?

Alejandra Ancheita: La sola nominación ha sido un reconocimiento muy importante a los 15 años de trayectoria que tengo como defensora de derechos humanos. También es una llamada de atención al gobierno de México sobre la situación que estamos enfrentando los defensores de derechos humanos en ese país. Es un reconocimiento a los activistas que día a día arriesgan su vida y su integridad física por seguir creyendo que se puede construir una vida con justicia y dignidad.

En su opinión, ¿qué importancia le da el actual gobierno mexicano a los problemas de los derechos humanos?

El actual gobierno mexicano está demostrando que tiene una grave deficiencia para atender de manera integral la situación de violaciones a los derechos humanos. Los últimos acontecimientos que han pasado en el estado de Guerrero y en el estado de México con la ejecución extrajudicial de un grupo de personas en Tlatlaya a manos del Ejército mexicano y la desaparición de alrededor de 43 jóvenes estudiantes normalistas en Iguala, sin que haya una respuesta concreta ya a casi dos semanas de su desaparición, son muestras muy objetivas de que el actual gobierno mexicano no está dando una respuesta efectiva y contundente.

A través del mecanismo federal de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se han recibido por lo menos 130 solicitudes para medidas precautorias de activistas de derechos humanos y periodistas. El propio mecanismo del Gobierno mexicano no está pudiendo atender de manera integral la situación. Entre mayo de 2013 y mayo de 2014, se documentó, además, un aumento considerable de violencia contra defensores de derechos humanos de un 30,7 por ciento. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha registrado 809 ataques a actvistas entre 2010 y 2013.

A través de la organización no gubernamental PRODESC, usted se dedica a litigar contra grandes empresas que violan los derechos laborales, de inmigrantes e indígenas. ¿Nos puede dar un ejemplo concreto de su trabajo?

Tenemos dos casos ejemplares y paradigmáticos de comunidades que deciden defender y recuperar sus derechos a la tierra. Uno es el caso del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, donde el ejido tiene un proceso de defensa y de recuperación de su tierra contra una empresa trasnacional canadiense que decidió rentar sus tierras, pero que no ha respetado el acuerdo que había firmado con los ejidatarios. Además, está contaminando los mantos acuíferos de su tierra, lo cual implica una situación doblemente grave, porque el lugar en el que ellos viven es un lugar semidesiértico.

Otro caso muy específico es el del ejido de Juchitán de Zaragoza y la comunidad de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Allí estamos acompañando a una comunidad indígena zapoteca que está exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y su territorio frente a la construcción de un parque de energía eólica, desarrollado por la empresa trasnacional española Renovalia. Esta evidentemente inició los trabajos de construcción sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada que tienen los pueblos.

En el norte de México los indígenas yaqui luchan por el agua. El programa estatal Sonora Independencia incluye la construcción de un acueducto que, según los yaqui, va a reducir notablemente la cantidad de agua que les corresponde históricamente. ¿Viola este proyecto los derechos del grupo indígena? ¿Apoya usted su lucha?

PRODESC no está acompañando ese caso directamente, pero reconocemos la demanda legítima del pueblo yaqui a decidir sobre su tierra y sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio. Todos los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir cómo quieren desarrollarse y cómo quieren hacer uso de sus bienes naturales, que incluyen el agua. Además, el derecho al agua es un derecho humano reconocido.

¿Qué opina de la tragedia de los niños centroamericanos que viajan a Estados Unidos? ¿Quién tiene la responsabilidad en este caso?

En el caso de los niños que viajan para reunirse con sus familiares, la responsabilidad la tienen los Gobiernos de sus países de procedencia, los Gobiernos de los países por los que transitan y el Gobierno del país al que quieren llegar, que generalmente es EE. UU. Es una responsabilidad compartida. Los gobiernos de todos los países involucrados tienen la obligación de salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica de estos menores de edad, y no pueden excusarse de su obligación para con ellos.

¿Cómo califica la reforma laboral que se aprobó durante el mandato de Enrique Peña Nieto?

La reforma laboral formalizó una serie de situaciones que ya se venían desarrollando en el día a día, situaciones de precariedad en el trabajo principalmente para la fuerza productiva más joven del país, como los contratos temporales. Me parece que hay una tendencia del Gobierno mexicano de ir restringiendo los derechos ya adquiridos y ganados en diferentes momentos y por diferentes movimientos sociales.

Usted ha sido blanco de amenazas e intimidaciones. ¿Qué la motiva ha seguir luchando por los derechos de los más débiles?

Una motivación inicial es la posibilidad de construir condiciones de vida digna en nuestro país. Otra motivación muy importante es la compañía que uno puede ir aportando a las diferentes comunidades y colectivos, y el poder ver que se avanza no solo en las estrategias legales en los casos, sino también en la consolidación de procesos democráticos dentro de esas comunidades y colectivos.

Martin Ennals (27.07.1927 – 05.10.1991) fue un activista pro derechos humanos británico. Fue nombrado Secretario General de Amnistía Internacional en 1968, cargo que ocupó hasta 1980. El Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos, creado en 1993, se concede anualmente a personas que hayan demostrado una excepcional labor en la lucha contra las violaciones de derechos humanos con medios innovadores. Al ganador lo elige un jurado compuesto por diez organizaciones de derechos humanos.