La iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos.
México. Los senadores de México iniciaron ayer el debate de la legislación secundaria de la reforma energética promulgada en diciembre pasado, con críticas y condiciones "irreductibles" desde ambos lados del espectro político.
Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado iniciaron el análisis y discusión del proyecto para expedir la Ley de Hidrocarburos y reformar diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
La iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos.
En ese sentido, plantea las bases para que el Estado lleve a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, a través de contratos con éstas o con particulares.
Al fijar la postura del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador José Ascención Orihuela dijo que el proyecto reafirma el principio constitucional de que corresponde a la nación la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.
La iniciativa, declaró, es fundamental para incrementar la seguridad energética, generar mayores tasas de desarrollo económico y empleo, así como para aumentar los ingresos del Estado a mediano y largo plazo.
Pero el proyecto, apoyado también por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del PRI, fue objetado por las agrupaciones de izquierda.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, aseguró que las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van a la competencia en condiciones de total desventaja, "atados de pies y manos en una pugna desleal".
A su vez, Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, se pronunció en contra del proyecto al considerar que es un retroceso en el sector energético, ya que desde la reforma constitucional se elimina la exclusividad del Estado para la extracción de hidrocarburos y abre paso a la participación de las trasnacionales.
Desde el lado opuesto del espectro, Jorge Luis Lavalle, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), indicó que su agrupación pugnará por "enriquecer" la reforma constitucional en diversos temas, entre los que mencionó la competencia en el sector del gas licuado, "que tiene un mercado muy importante".
Asimismo, aludió a las condiciones "irreductibles" definidas el martes por su partido, que incluyen que los presidentes de los órganos reguladores del sector sean nombrados por el Senado y no por el Ejecutivo.
Otras de esas condiciones son que se plasme en el dictamen final la plena transparencia en los métodos de licitación y que se asegure un "pago justo" a propietarios de tierras donde se llevarán a cabo actividades de exploración o explotación.
Antes del inicio del debate, el PRD reiteró que la legislación secundaria "privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada" y dijo que insistirá en su demanda de que el futuro energético del país sea sometido a consulta popular en el 2015.
Se prevé que el paquete de leyes secundarias de la reforma, que incluye normas relativas a la electricidad y diversas fuentes de energía, sea debatido durante las próximas dos semanas en comisiones selectas y, finalmente, por el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cuenta con los votos del PRI y del PVEM, y espera el respaldo del PAN a la legislación secundaria, que confía aprobar definitivamente hacia finales de junio.
