Representante del organismo advirtió que el Estado mexicano tiene “las manos atadas hasta cierto punto” para evitar que el crimen organizado infiltre las campañas electorales.

México D.F. La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Magdy Martínez-Solimán, afirmó que el Estado tiene “las manos atadas hasta cierto punto” para evitar que el crimen organizado infiltre las campañas políticas, pues no un consenso entre los partidos sobre el problema.

La funcionaria indicó que urge en México “poner cartas en el asunto para contrarrestar el fenómeno” y enfatizó en la necesidad de que México dé “un paso o dos” para lograr un consenso político respecto a la lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez advirtió que hay “grupos legales o ilegales” que pretenden influir en los candidatos para obtener beneficios indebidos, indicó Milenio.

Por ello, expresó que se requiere crear reglas claras en los procesos electorales y así evitar la infiltración del crimen organizado, pues explicó que es latente el riesgo de que las “fuerzas legales e ilegales” influyan en las democracias.

Bohórquez y Martínez-Solimán presentaron un balance de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.

En éste se señala que en México sólo 25% del gasto social es vigilado para que no sea utilizado con fines políticos y electorales.

De hecho, cinco estados donde habrá elecciones este año se negaron a entregar información sobre el uso de los programas sociales, lo que expresa opacidad y falta de transparencia, consideraron.

“En México existe una fragmentación considerable en los programas sociales”, dijo Martínez-Solimán. Agregó que los gobiernos estatales, “a pesar de los ruegos, no han participado, compartido información suficiente o tienen pocos programas sociales incluidos en el sistema”.

A su juicio “cuando no hay información o no hay candados persisten los motivos de preocupación y, sobre todo, razones sobradas para estar atentos en esas entidades, ante el uso de los programas sociales en vísperas electorales”.

Las gobernaciones que no entregaron los datos fueron Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.